Ampliación de la ley de registros públicos
Esta pregunta plantea si Massachusetts debe extender la ley de registros públicos para que cubra a la Legislatura y a la oficina de la gobernadora.
Si se aprueba
La Cámara, el Senado y la oficina de la gobernadora quedarían sujetos a la ley de registros públicos. Aún así podrían reservarse las comunicaciones relacionadas con la atención a los electores o con la elaboración de posturas políticas.
Si se rechaza
Dejar las reglas de acceso a la información como están y permitir que la gobernadora decida caso por caso qué registros se hacen públicos.
Datos clave
- Entraría en vigor
- 1 de enero de 2027
- Qué no cambia
- El poder judicial seguiría exento de la ley de registros públicos
Contexto
Massachusetts recibe críticas con regularidad por tener uno de los gobiernos estatales menos transparentes del país. La Society of Professional Journalists le concedió su premio Black Hole de 2026, una distinción negativa con la que señala a las entidades públicas que muestran una falta preocupante de transparencia y desprecio por el derecho ciudadano a saber.
La pregunta aplicaría la ley vigente de registros públicos a la Legislatura, hoy exenta, y a la oficina de la gobernadora, que a veces está cubierta pero que a menudo se declara exenta caso por caso.
La Cámara y el Senado respondieron a la iniciativa con medidas legislativas que podrían dejarla sin efecto. Cada cámara aprobó un proyecto que aplicaría la ley de registros públicos vigente a la oficina de la gobernadora y crearía un marco propio para la Legislatura, con la obligación de hacer públicos algunos materiales, pero menos que los que exigiría la pregunta de la boleta. Los textos incluyen además un lenguaje que, si sobrevive a la negociación privada entre ambas cámaras, podría hacer que la versión preferida por los legisladores se imponga sobre la pregunta aunque los votantes la aprueben. No está claro si esa cláusula llegará al acuerdo final ni cuándo saldrá el proyecto definitivo.
Cronología
- Diciembre de 2022
Maura Healey, entonces gobernadora electa, afirma que no se declarará exenta de la ley de registros públicos.
- Desde 2023
La oficina de la gobernadora Healey se declara exenta en varias solicitudes de registros públicos.
- Noviembre de 2024
Los votantes aprueban, con el 72% frente al 28%, la pregunta que permite a la auditora estatal fiscalizar a la Legislatura.
- Enero de 2025
Los demócratas de la Cámara y el Senado rechazan los intentos de auditoría de Diana DiZoglio.
- Agosto de 2025
Organizaciones a favor de la transparencia presentan la pregunta para ampliar la ley de registros públicos.
- Enero de 2026
La oficina de la Secretaría del Estado anuncia que la campaña reunió más de 89,000 firmas y queda habilitada para avanzar.
- Abril de 2026
El Supreme Judicial Court emite una opinión que no obliga legalmente y concluye que la medida cumple los requisitos constitucionales.
- 3 de noviembre de 2026
Los votantes deciden si se amplía la ley de registros públicos.
Los argumentos
Qué dicen quienes apoyan
Los organismos de vigilancia y la prensa podrán pedir cuentas al poder con más información a la mano, incluido lo que legisladores y la oficina de la gobernadora escriben en correos y otras comunicaciones con figuras como los grupos de presión. Además, la mayoría de las entidades públicas —oficinas municipales, distritos escolares y buena parte de las oficinas del Ejecutivo estatal— ya están sujetas a la ley de registros públicos.
Qué dicen quienes se oponen
Incorporar a la Legislatura a la ley de registros públicos, que administra la Secretaría del Estado, pondría al Poder Legislativo bajo la supervisión del Ejecutivo y afectaría la separación de poderes. Las discusiones internas podrían verse afectadas al quedar expuestas al público, especialmente si actores de mala fe tergiversan o sacan de contexto la información obtenida.
