Prepárese: este año la boleta será larga.
Explorar las 9 preguntasLa Cámara de Representantes, el Senado y la gobernadora de Massachusetts son responsables de la gran mayoría de las leyes que se aprueban en el estado, pero no son los únicos que tienen ese poder. Los ciudadanos también pueden proponer cambios a las leyes estatales o a la Constitución del estado y, si los promotores logran superar una serie de obstáculos y requisitos de procedimiento y obtienen el apoyo de la mayoría de los votantes, su propuesta se convierte en ley, al igual que cualquier otra que haya seguido el proceso legislativo más tradicional en Beacon Hill.
Durante este ciclo electoral, defensores de distintas causas y grupos influyentes recurrieron a este proceso con determinación. En noviembre, los votantes decidirán sobre nueve preguntas estatales en la boleta, igualando el récord establecido por última vez en 1994. Las medidas abarcan una amplia variedad de temas de importancia, desde reembolsos de impuestos hasta la marihuana recreativa y la administración de las elecciones.
Esto es lo que necesitas saber.
Las preguntas de la boleta no son una novedad. Desde 1918, los votantes de Massachusetts pueden proponer, impulsar y aprobar leyes a través de las urnas. Lo llamativo esta vez es el volumen, que habría marcado un récord si el máximo tribunal del estado no hubiera descartado dos medidas por cuestiones esencialmente técnicas. Y la explicación apunta a Beacon Hill.
Quienes presionan a los cargos electos para cambiar la ley están cada vez más frustrados por lo que perciben como una resistencia de la Legislatura a avanzar en sus prioridades, incluso cuando las propuestas no son especialmente polémicas. Algunos grupos que en otros años habrían concentrado sus esfuerzos en conseguir una votación en la Cámara y el Senado decidieron prescindir del poder legislativo. Entre ellos está el propio secretario del Estado, Bill Galvin, que impulsa una pregunta para permitir la inscripción de votantes el mismo día de la elección.
Varias medidas son la continuación de campañas anteriores. Una pregunta busca someter a la Legislatura y a la oficina de la gobernadora a la ley estatal de registros públicos; la campaña la encabeza la auditora Diana DiZoglio, quien hace dos años obtuvo una victoria contundente en las urnas con una ley que faculta expresamente a su oficina para fiscalizar a la Legislatura. Esa ley todavía no se aplica, porque los legisladores sostienen que vulnera la Constitución del estado, y DiZoglio ha presentado la nueva medida como una continuación directa de aquella.
Para algunos organizadores, montar una campaña de este tipo también sirve como palanca de negociación: los legisladores pueden mostrarse más dispuestos a tramitar un proyecto de ley, o a aceptar un acuerdo, si con ello evitan una batalla política de meses y de alto costo.
Los líderes legislativos, que han criticado repetidamente el aumento de estas consultas como una muestra de que grupos de interés con mucho dinero aprovechan el sistema, optaron este ciclo por no negociar ningún acuerdo que retirara propuestas de la boleta. El resultado es que cada campaña con recursos económicos o voluntarios suficientes para completar la redacción y la recolección de firmas llegará hasta el final, y serán los votantes quienes tomen la decisión final.
La boleta se define en julio de los años electorales, pero el camino para llegar a los votantes comienza mucho antes para las campañas detrás de cada iniciativa.
El plazo inicial para que las campañas presentaran sus preguntas ante la oficina del fiscal general; los partidarios de 47 preguntas cumplieron con este plazo.
La Fiscalía General certifica 44 preguntas como elegibles.
Once campañas superan la primera ronda de recolección de firmas al reunir, como mínimo, el número exigido.
Las campañas presentan sus primeros informes de recaudación, gastos y aportaciones.
La Fiscalía General bloquea una pregunta sobre los estipendios legislativos después de que el Tribunal Judicial Supremo (SJC) advirtiera que parecía inconstitucional.
El SJC bloquea la pregunta sobre el impuesto sobre la renta por errores en el resumen oficial.
El SJC bloquea la pregunta sobre el control de alquileres por mencionar indebidamente la religión.
Vence el plazo de la segunda ronda de firmas. Ocho preguntas lo superan y se suman a una que ya tenía asegurado su lugar en la boleta.
Las campañas vuelven a informar sus datos de recaudación, gastos y aportaciones por primera vez desde enero.
Primer día de votación anticipada en persona.
Último día para inscribirse para votar o actualizar los datos de inscripción.
Fecha límite para solicitar una boleta por correo para la elección general.
Día de las elecciones
Nueve preguntas estatales. Toca Leer más en cada ficha para ver qué significa votar SÍ o NO, y sigue el enlace a CommonWealth Beacon para la explicación completa.
Extender la ley de registros públicos a la Legislatura y a la oficina de la gobernadora.
Dejar las reglas de acceso a la información como están hoy.
Permitir que el personal del CPCS se sindicalice.
Mantener la prohibición actual.
Sustituir las primarias partidistas por una primaria única abierta a todos los partidos.
Conservar el sistema actual de primarias por partido.
Permitir la inscripción de votantes el día de la elección.
Mantener el plazo de inscripción previo a la jornada electoral.
Cambiar la fórmula que limita la recaudación estatal de impuestos.
Mantener la fórmula vigente.
Destinar parte de la recaudación del impuesto sobre las ventas a un fondo de conservación.
No reservar esos fondos para conservación.
Reducir los requisitos de tamaño mínimo de lote en numerosos municipios.
Dejar las reglas de zonificación vigentes.
Derogar la legalización de la venta y el consumo de marihuana recreativa.
Mantener la legalización aprobada en 2016.
Mantener en vigor la ley de armas de fuego de 2024.
Derogar esa ley.
Cada campaña que quiere someter una pregunta estatal a los votantes debe completar un proceso de varias etapas que se repite cada dos años.
Las preguntas deben presentarse ante las autoridades estatales antes del primer miércoles de agosto de un año impar, unos quince meses antes de la siguiente elección estatal. La Fiscalía General revisa entonces cada propuesta para determinar si cumple los requisitos de elegibilidad que fija la Constitución del estado.
La primera prueba es reunir decenas de miles de firmas de votantes inscritos, el equivalente al 3% de los votos emitidos en la última elección para gobernador, antes de mediados de noviembre. En este ciclo, la cifra exigida fue de 74,574 firmas.
Si lo logran, las preguntas pasan a la Legislatura, que las delibera durante varios meses y que en los últimos ciclos ha celebrado audiencias públicas sobre ellas. Los legisladores pueden aprobar cada pregunta tal como está redactada, no hacer nada, o intentar negociar un acuerdo con los promotores antes de que la boleta quede cerrada en julio.
Los opositores suelen agotar todos los recursos a su alcance para frenar una medida antes de que llegue a la boleta, de modo que algunas preguntas terminan enfrentando demandas ante el Tribunal Judicial Supremo, que decide si son elegibles. Si la Legislatura no actúa, los promotores deben completar una segunda ronda de firmas, más pequeña: el equivalente al 0.5% de los votos emitidos en la última contienda por la gobernación, es decir, 12,429 firmas, antes de mediados de junio.
La oficina de la Secretaría del Estado certifica después las firmas y decide en qué orden aparecerán las preguntas ante los votantes, con lo que queda fijado el lugar de cada medida.
Después de la primera ronda de firmas, que por lo general reduce considerablemente el número de iniciativas en competencia, las preguntas que siguen en carrera llegan a Beacon Hill para ser debatidas por la Legislatura.
Oficialmente, los legisladores solo pueden aprobar cada pregunta tal como fue redactada o no actuar y dejar que avance. De manera informal, en cambio, pueden aprovechar el proceso para negociar con las campañas. Ocurre pocas veces, pero esas conversaciones desembocan en ocasiones en un acuerdo: la Legislatura aprueba un proyecto de ley sobre el mismo asunto y los promotores aceptan retirar su campaña.
Es lo que estuvo a punto de ocurrir con la pregunta sobre el control de alquileres, que motivó negociaciones iniciales. El Tribunal Judicial Supremo la expulsó de la boleta antes de que prosperaran, al dictaminar que la pregunta mencionaba indebidamente la religión. Eso violaba los límites establecidos sobre los temas que pueden abordar las preguntas de la boleta electoral.
Las preguntas 1 a 8 siguieron el proceso descrito arriba. La 9, no. Esa medida es un referendo que busca derogar una amplia ley de control de armas aprobada en julio de 2024, que incluyó la prohibición de portar armas de fuego en ciertos espacios públicos y amplió la llamada ley de «bandera roja», que permite a los tribunales retirar armas a personas consideradas peligrosas.
En Massachusetts, además de proponer una ley nueva o una enmienda constitucional, los ciudadanos pueden lanzar una campaña para deshacer una ley dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. El proceso es parecido al de las demás preguntas: un grupo reducido presenta la petición inicial y después los organizadores deben reunir decenas de miles de firmas de votantes inscritos. En el caso de un referendo derogatorio, el umbral es más alto: las firmas deben equivaler, como mínimo, al 1.5% de los votos emitidos para gobernador en la elección anterior, y no más del 25% del total puede provenir de residentes de un mismo condado.
Grupos de propietarios de armas y defensores de la Segunda Enmienda presentaron peticiones y empezaron a recoger firmas poco después de que se firmara la ley, hace dos años, pero el proceso tardó demasiado para llegar a la boleta de noviembre de 2024.
Un total de 12 preguntas había superado la mayoría de los requisitos para calificar. Sin embargo, tres terminaron siendo invalidadas por la corte más alta del estado.
El Tribunal Judicial Supremo emitió una opinión no vinculante según la cual una medida para reformar los estipendios legislativos parecía inconstitucional, porque pretendía modificar las reglas internas de la Legislatura, algo que solo los propios legisladores pueden decidir. Eso llevó a la Fiscalía General a retirarle la certificación.
El tribunal declaró además no elegibles otras dos preguntas. Los jueces consideraron que una propuesta para restablecer el control de alquileres no podía calificar porque el texto eximía del tope a las instituciones religiosas, lo que choca con el requisito de que las medidas de la boleta no aborden la religión. El tribunal también determinó que una propuesta de recorte del impuesto sobre la renta no podía someterse a los votantes, porque la Fiscalía General cometió un error significativo al redactar el resumen oficial y generó demasiada confusión.
En teoría, sí, aunque en la práctica, el resultado de una medida en la boleta electoral puede variar.
Una ley aprobada en las urnas tiene el mismo rango que una aprobada por la Legislatura. Eso significa también que los legisladores pueden modificarla o incluso derogarla después de que los votantes se pronuncien. Puede haber consecuencias políticas, pero no existe ningún impedimento legal para hacerlo.
Las leyes aprobadas en la boleta tampoco están a salvo de ser modificadas o derogadas por una campaña posterior. En el caso de la marihuana recreativa, los votantes aprobaron su despenalización en 2016 y, una década después, se les pregunta en esta boleta si quieren deshacer aquella decisión.
Las leyes aprobadas mediante preguntas en la boleta electoral también pueden quedar en un limbo en cuanto a su implementación. Una pregunta de la boleta de 2024 que otorgó al auditor estatal la facultad de auditar a la Legislatura todavía no ha generado cambios sustanciales, porque los legisladores llevan casi dos años argumentando que viola la separación constitucional de poderes, sin pedir directamente a un tribunal que emita una decisión definitiva.
Esta guía adapta y traduce al español el trabajo de la redacción de CommonWealth Beacon. Allí encontrarás el detalle de cada pregunta, quién financia cada campaña y la cobertura diaria hasta el 3 de noviembre.
Ir a CommonWealth Beacon →
Contenido adaptado y traducido con autorización de CommonWealth Beacon. Guía cívica no partidista.
