Por Sarah Betancourt
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Ailany, de nueve meses, lleva puesta una camiseta de Minnie Mouse, una pequeña coleta con un lazo rosa y un overol del mismo color. Hace gorgoritos cuando ve a su padre, y él voltea la cabeza.
Sergio Ayala Mejía no siempre ha podido cuidar a su hija. Ayala Mejía pasó seis meses lejos de Ailany, detenido cuando ella aún no cumplía las tres semanas de vida.
El solicitante de asilo, de 36 años, fue detenido por ICE mientras dejaba a su hermana en su trabajo en Market Basket el pasado septiembre. Fue deportado sin una audiencia ante un tribunal.
Ha sido un largo trayecto desde el pueblo de montaña en Guatemala, donde vivió tras la deportación, hasta una silla a pocos pasos de la congresista Ayanna Pressley.
La tarde del lunes, Pressley realizó una sesión de escucha con inmigrantes previamente deportados y detenidos en Chelsea, donde elogió “el valor de las personas con experiencia vivida que decidieron que el silencio no era una opción”.
Junto a Ayala Mejía, entre los ponentes había inmigrantes que habían sido detenidos, la madrastra de un adolescente que estuvo bajo arresto y otros inmigrantes con miedo de vivir su vida mientras la administración Trump continúa con su agenda de deportaciones masivas.
“Anhelo el día en que las personas no tengan que revivir su trauma para impulsar a su gobierno a actuar”, dijo Pressley. Cuando la gente ha alzado la voz, señaló, “entendemos mejor cuán sistémicas son estas injusticias”.
El evento en La Colaborativa, organización de servicios sociales con sede en Chelsea, se realizó días después de que el presidente Trump firmara un proyecto de ley migratoria de 70.000 millones de dólares que financia al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta el final de su mandato. Pressley dijo que el dinero financiará “operaciones descontroladas y violentas sin rendición de cuentas ni reformas”.
Entre los demás asistentes había abogados de inmigración locales; la representante estatal Judith García, una de las promotoras de la Ley PROTECT; el administrador municipal de Chelsea, Fidel Maltez; y concejales locales.
Gladys Vega, directora ejecutiva de La Colaborativa, habló de los inmigrantes con los que su organización ha trabajado durante el último año, y de las historias que ha escuchado de inmigrantes detenidos camino al trabajo.
“Trabajan con sus herramientas para hacer la labor que muchos estadounidenses no harán”, dijo.
En el caso de Ayala Mejía, fue inusual que una deportación procediera cuando estaba por emitirse un fallo sobre su apelación. Había llegado a Estados Unidos como menor no acompañado, huyendo de Guatemala porque pandilleros de la MS-13 lo abordaron varias veces cuando salía de la escuela.
Se quedó con un tío que era abusivo, quien nunca le avisó que tenía una cita final ante el tribunal de inmigración a la cual debía presentarse, después de que él asistiera a dos. Casi 20 años después, el gobierno federal dijo que esa cita perdida fue la razón por la que lo detuvieron.
Se ordenó su expulsión in absentia, es decir, quedó sujeto a deportación, cuando no se presentó.
Ayala Mejía fue enviado a un centro de detención en Nueva York, y luego a otro en Luisiana, mientras su abogada Sara Nael presentaba una apelación en Boston, argumentando que las circunstancias justificaban reabrir su caso migratorio.
Pero en cuestión de días, mientras un juez aún analizaba su apelación, Ayala Mejía fue deportado a Guatemala, dejando atrás a su pareja, un bebé, un niño pequeño y una hija con autismo. Fue el mismo día en que un juez de inmigración concedió su moción para reabrir el caso y anuló su orden de deportación de 2007.
GBH News habló con Ayala Mejía el otoño pasado mientras estaba en Guatemala, batallando sin su familia. Fue traído de regreso a Estados Unidos bajo un permiso humanitario el 5 de diciembre y detenido nuevamente en Nueva York. El 19 de marzo, en una audiencia de fianza, un juez ordenó su liberación con una fianza de 10,000 dólares.
Aunque Ayala Mejía dice estar contento de estar en casa con su familia, tiene miedo.
“Tengo miedo de manejar”, dijo. “Sobre todo porque a veces llevo a mi hijo conmigo. No quiero que me vea ser detenido otra vez”.
Piensa en el impacto sobre sus hijos. Liam, el de 3 años, les preguntaba a los hombres que se encontraba si “podían ser su papá”, contó Ayala Mejía.
Ayala Mejía dijo que Estados Unidos es el “mejor país para vivir”, a pesar de su detención. “Lo único que está mal es el sistema en este momento, pero creo que podemos lograr que vuelva a ser un buen país”, afirmó.
Al otro lado de la sala, Julián Isaza, originario de Colombia, habló de su arresto por parte de agentes de ICE al salir de la Corte de Distrito de Dudley el año pasado. Estaba en la corte por haber conducido sin licencia en 2018, y no esperaba que agentes de ICE lo estuvieran aguardando. Isaza fue una de al menos 614 personas detenidas en un tribunal de primera instancia de Massachusetts el año pasado.
Estuvo detenido casi cuatro meses y fue liberado en febrero.
“Esto impactó tremendamente a mi hogar, especialmente a mi pequeño hijo Liam, quien tiene necesidades especiales”, dijo.
Isaza fue liberado con la ayuda de Greater Boston Legal Services, y recientemente le aprobaron su green card.
“Estoy aquí dando mi testimonio porque sé que no soy el único con este caso. Soy la voz de miles de casos como este allá afuera”, dijo en español.
Vega señaló que el público necesita escuchar las historias de los inmigrantes, y que a pesar de la desesperación y la inquietud, el trabajo que realizan el equipo de Pressley y otros defensores marca la diferencia.
“Hay esperanza”, dijo simplemente.
