Una corte federal de apelaciones desestimó el jueves 13 de agosto una demanda clave contra el uso que el presidente Donald Trump hace de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin resolver si esa invocación fue legal. La decisión deja sin respuesta la pregunta central del caso, que lleva más de un año en litigio.
El Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, desestimó el caso porque el gobierno ya había deportado a los tres demandantes venezolanos por otras vías migratorias antes de que la corte emitiera su fallo.
Por qué la corte declaró el caso "sin efecto"
La jueza en jefe Jennifer Walker Elrod, designada por George W. Bush, escribió para la corte en pleno que el gobierno ya había removido a los tres peticionarios bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y no bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Por eso, dijo, ya no existe ningún recurso que la corte pueda otorgar.
"El gobierno removió a los tres peticionarios nombrados bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Así que ordenar el cese de su remoción bajo la AEA no impediría su expulsión... la apelación se ha vuelto sin efecto", dijo Jennifer Walker Elrod, jueza en jefe del Quinto Circuito, en la sentencia del 13 de agosto
El caso comenzó tras la proclamación de Trump del 14 de marzo de 2025, que invocó la ley de 1798 contra venezolanos mayores de 14 años señalados como miembros del Tren de Aragua. Al día siguiente, el gobierno trasladó a 137 personas a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador.
Qué había decidido la Corte Suprema antes
En mayo de 2025, la Corte Suprema bloqueó temporalmente las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, al determinar que el gobierno no había dado tiempo ni información suficiente para que los venezolanos impugnaran su caso. El alto tribunal devolvió el caso al Quinto Circuito para que resolviera cuánto tiempo de aviso se necesitaba antes de una remoción.
Un panel de tres jueces del Quinto Circuito había fallado en septiembre de 2025 que la ley no fue diseñada para usarse contra pandillas como el Tren de Aragua. Esa decisión fue anulada después de que la corte en pleno aceptó revisar el caso.
El abogado de la ACLU insiste en que la disputa sigue viva
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que argumentó el caso, dijo que la orden de la Corte Suprema que bloquea el uso futuro de la ley sigue vigente.
"La orden de la Corte Suprema que prohíbe el uso futuro de la Ley de Enemigos Extranjeros sigue en pie, algo esencial porque todavía hay personas en riesgo de ser removidas injustamente bajo la ley sin el debido proceso", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en declaraciones a ABC News
Gelernt agregó que la decisión del Quinto Circuito no cambia el hecho de que los tribunales, incluido un panel de esa misma corte, ya rechazaron el uso de esta autoridad de tiempos de guerra durante un periodo de paz.
Un juez concurrente pide resolver el fondo del caso
El juez James Ho, designado por Trump, presentó una opinión separada en la que pidió a la corte responder directamente las preguntas de la Corte Suprema en lugar de desestimar el caso por razones procesales.
Ho argumentó que determinar si existe una "invasión" es una facultad que corresponde al presidente, no a los tribunales, y que el poder judicial debe actuar con deferencia hacia esa decisión ejecutiva.
La corte también rechazó una moción para sustituir a los tres peticionarios originales por otros cinco representantes de una clase, ya que nunca se certificó una clase de demandantes en este caso. Esa pregunta, dijo la corte, le corresponde resolverla al tribunal de primera instancia en Texas, no a la corte de apelaciones.
La disputa migratoria en torno al Tren de Aragua ya había llegado antes a la Corte Suprema. En mayo de 2025, el alto tribunal calificó como errada la decisión previa del Quinto Circuito de desestimar el caso por considerarlo prematuro.
