En Estados Unidos hay múltiples sectores económicos que dependen en gran medida de la mano de obra de los inmigrantes, y una de ellas es la industria de la alimentación y los restaurantes. Los economistas prevén que los decretos del presidente Donald Trump relacionados con limitaciones migratorias podrían tener graves efectos sobre estas industrias.
Desde los inicios de su campaña, Trump planteó una visión basada en el lema «Primero Estados Unidos», y en el distanciamiento de las políticas pro globalización que tenían sus predecesores. Pero su combativa postura comercial podría ser un arma de doble filo.
Desde que asumió su cargo, el presidente Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas para aumentar la deportación de indocumentados y prohibir temporalmente la entrada a inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, en nombre de la seguridad nacional. Además ha amenazado con cortar fondos federales a las llamadas ciudades santuario, las cuales no cooperan con funcionarios de inmigración en detener a las personas basándose en su estatus migratorio.
“Ya sea porque sus trabajadores se pueden quedar atrapados en el extranjero o porque están amenazados de deportación, la industria de los restaurantes está entre la espada y la pared con la línea dura de la administración Trump con respecto a la inmigración”, escriben los periodistas Tim Carman y Maura Judkis del Washington Post en un reciente artículo relacionado con este tema.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, los restaurantes emplean a casi 1,8 millones de trabajadores extranjeros, lo cual equivale al 7,1 por ciento de los 25 millones de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Y el Centro de Investigación Pew estima que el 10 por ciento de la fuerza laboral de los restaurantes (lo que se traduce en 1,1 millones de empleados) está constituida por trabajadores sin autorización para trabajar, según datos de 2014.
El Washington Post conversó con el chef José Andrés, un inmigrante latino naturalizado, quien es propietario de más de 20 restaurantes en todo el país, y es uno de los pocos restaurateurs que se atreve a conversar acerca de los trabajadores indocumentados. Este chef propone que se ofrezcan visas y un camino a la ciudadanía para estos inmigrantes quienes, a su parecer, han sido demonizados de manera generalizada por los conservadores.
El chef ha dicho al Post que los indocumentados, aunque no están autorizados para trabajar, pagan millones de dólares en impuestos -al menos hasta que el gobierno se entere de que sus identificaciones de contribuyentes son fraudulentas-. Y según él, una industria que ya tiene dificultades para encontrar mano de obra calificada no puede permitirse el lujo de perder casi el 9 por ciento de su fuerza laboral.
“Un plan de visas de trabajo podría evitar que la industria de restaurantes se contraiga rápidamente si la administración Trump pone en marcha sus planes para comenzar a deportar a los inmigrantes ilegales”, se lee en el artículo del Post.
Algunos sectores de la industria de restaurantes se están aliando para encontrar soluciones para los trabajadores no autorizados que podrían enfrentar la deportación. “Decenas de propietarios de todo el país se han inscrito para convertirse en ‘restaurantes santuario’, donde los propietarios no permiten ‘el hostigamiento de ningún individuo basado en su estatus migratorio, raza, religión, género u orientación sexual en su restaurante’.
Este proyecto es inclusive más antiguo que las órdenes ejecutivas de Trump de inmigración y prohibiciones a viajeros internacionales. Sin embargo, todo hay que decirlo, la iniciativa Sanctuary Restaurants no ofrece ninguna protección legal para empleados sin autorización de trabajo. Es sólo una medida de apoyo ético y moral, para hacer presión en la industria. “Los restaurantes que se han unido a la iniciativa deben cumplir con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, como todas las empresas privadas deben hacerlo”, concluye el Post.
Este artículo fue traducido por El Tiempo Latino / El Planeta Media
