Para las familias inmigrantes de Massachusetts, la nueva guía estatal sobre cómo actuar cuando agentes de ICE llegan a escuelas, iglesias, clínicas o cortes es una herramienta largamente esperada. Líderes latinos la recibieron como un respaldo, aunque lamentan tener que prepararse para algo que, dicen, nunca antes habían enfrentado.
“Para las familias inmigrantes en Massachusetts...nos va a ayudar a tratar de parar estos procedimientos ilegales que han estado acosando a nuestra comunidad”, dijo Gladys Vega, presidenta de La Colaborativa en Chelsea.
La gobernadora Maura Healey presentó el jueves pasado guías dirigidas a escuelas, programas de cuidado infantil, universidades, centros de salud y lugares de culto.
Vega destacó que, por primera vez, existe una guía clara para instituciones como iglesias, escuelas y centros de cuidado infantil sobre cómo responder ante estas situaciones.
ICE en estacionamientos de escuelas y clínicas de Chelsea
Para Vega el anuncio toca de cerca a ciudades como Chelsea, Everett y Revere, donde, relató, agentes de inmigración se han reunido en estacionamientos de escuelas públicas y de una clínica local de Mass General Brigham.
Describió la escena de madres que a las siete y media de la mañana llevan a sus hijos a la escuela y ven a los agentes ponerse las chaquetas antes de actuar. Ese clima, dijo, hace que algunos padres no manden a sus hijos a clases, que los fieles no vayan a la iglesia y que otras personas falten a sus citas médicas por miedo.
"Esto es para nosotros un momento histórico, ya que verdaderamente la gobernadora ha cogido las voces de la comunidad y las ha puesto en una ley", dijo Gladys Vega.
Vega rechazó la idea de que los detenidos sean criminales. Contó que, cuando los agentes paran a inmigrantes en Chelsea, no encuentran drogas en sus vehículos, "sino sus herramientas de trabajo, porque iban de camino al trabajo", y recordó que esos trabajadores "han mantenido la economía de este país por siglos".
Qué pueden hacer las escuelas, iglesias y hospitales
Las guías explican que estas instituciones pueden exigir una orden judicial válida (judicial warrant) antes de permitir el ingreso de agentes federales a áreas no públicas, y negar el acceso si no la presentan. También recomiendan designar a un empleado como punto de contacto con ICE, proteger la información confidencial, documentar cada interacción y tener abogados disponibles.
La orientación pide además al público documentar los arrestos con fotos o video, sin interferir, y reportarlos. Las medidas se apoyan en una orden ejecutiva que Healey firmó en enero y que limita la cooperación con ICE en propiedades del estado.
Sin una orden judicial, ICE no puede llevarse a nadie
Cristina Aguilera Sandoval, directora ejecutiva de la agencia estatal Office for Refugees and Immigrants (ORI), explicó que lo central es conocer los derechos: las personas pueden delimitar sus espacios como privados y controlar qué información entregan a los oficiales. Sin una orden judicial, dijo, los agentes no tienen por qué llevarse a nadie.
“Las personas tienen que saber cómo manejar estas situaciones, a quién reportarlas y cómo delimitar los espacios privados para que estas personas no puedan entrar. También deben entender qué información se le entrega a los oficiales de inmigración. Como dijo claramente la gobernadora, sin una orden judicial, Inmigración no tiene autoridad para llevarse a nadie", explicó Cristina Aguilera Sandoval, directora ejecutiva de la Office for Refugees and Immigrants.
Sandoval sostuvo que los agentes federales “son personas que deberían respetar la ley, pero en cambio la están rompiendo cuando intentan intimidar a nuestras comunidades, y eso no lo vamos a permitir". Añadió que el estado trabaja unido con escuelas, comunidades de fe y gobiernos locales para que las personas puedan llevar una vida normal.
Healey: una campaña de miedo que afecta a las comunidades
Healey enmarcó las medidas como respuesta a lo que describió como una campaña de miedo de ICE destinada a intimidar. Dijo que la relación de cooperación entre el estado y el gobierno federal se rompió, y reconoció que la matrícula escolar bajó en municipios con presencia de agentes.
La gobernadora insistió en que las personas deberían poder ir a la iglesia, llevar a sus hijos a la escuela, recibir atención médica y denunciar delitos sin miedo, y dijo que su mensaje a ICE es que se mantenga fuera de los espacios sensibles del estado.
La nueva orientación se suma a otras acciones del estado, como un portal en línea, creado junto a la fiscal general Andrea Joy Campbell, para reportar presuntos abusos de ICE.
Cómo informarte y a quién acudir
Vega adelantó que su tarea ahora es capacitar a iglesias, guarderías y escuelas de Chelsea para que sepan a quién reportar y cómo registrar la presencia de los agentes. Para las familias, el primer paso es informarse: las guías estatales detallan qué hacer si ICE llega a cada tipo de lugar, y organizaciones como La Colaborativa ofrecen orientación local.
Las protecciones y los procedimientos pueden variar según la institución y el municipio. Conviene confirmar los pasos con la escuela, la clínica o la parroquia correspondiente, o con una organización de servicios legales para inmigrantes.
