Por Emily Scaff
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Después de que la Corte Suprema dictaminara el jueves que la administración Trump tiene la autoridad para poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), algunos líderes del sector salud aseguran que la decisión podría tener graves consecuencias para la industria médica de Massachusetts.
La decisión 6-3 de la corte podría provocar que 45,000 haitianos que viven en Massachusetts pierdan sus protecciones humanitarias, al permitir que el programa llegue a su fin. El TPS ofrece autorización de trabajo y alivio contra la deportación a personas cuyos países de origen son considerados inseguros debido a guerras u otras crisis.
Muchos inmigrantes haitianos en Massachusetts trabajan en puestos de apoyo en el sector salud, así como asistentes certificados de enfermería, asistentes de salud en el hogar y técnicos.
“Todos estos trabajadores ahora enfrentarán desafíos significativos, y esto amenaza con desestabilizar el sector salud, que es uno de los pilares de la economía de Massachusetts”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights.
Alrededor del 40% de los trabajadores de centros de enfermería en el estado nacieron fuera de Estados Unidos, incluyendo aproximadamente 2,000 haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS), según la Massachusetts Senior Care Association.
Road to Responsibility, una organización sin fines de lucro de Massachusetts que brinda apoyo a adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, ya ha perdido a 102 empleados debido a la reciente ofensiva migratoria. El fin del TPS podría provocar que la organización pierda a otros 28 empleados haitianos, lo que representaría una pérdida total del 12% de su fuerza laboral debido a las restricciones migratorias.
“Esto nos ha afectado profundamente tanto desde la perspectiva del cuidado como presupuestariamente”, dijo Chris White, presidente y director ejecutivo de Road to Responsibility. “La mayoría de esos turnos vacantes están siendo cubiertos con horas extra”.
Los puestos de servicios de primera línea —incluyendo trabajadores de atención médica en el hogar, personal de limpieza y asistentes certificados de enfermería—, que suelen estar ocupados mayormente por inmigrantes, ya enfrentan falta de personal. Los hogares de ancianos registran tasas de vacantes de alrededor del 13% en roles de atención directa, incluso sin contar las pérdidas relacionadas con inmigración, según un informe publicado este mes por Boston Indicators y el MassINC Policy Center.
Massachusetts necesita al menos 60,000 inmigrantes que ingresen al estado cada año para sostener su fuerza laboral actual, de acuerdo con ese mismo informe. En 2026, se estima que el número de inmigrantes que llegará al estado será menos de la mitad de esa cifra.
“Este fallo agravará una escasez de trabajadores que ya es severa y pondrá aún más en riesgo nuestra capacidad de garantizar acceso constante a cuidados de alta calidad para los residentes en todo el estado”, escribió Tara Gregorio, presidenta de la Massachusetts Senior Care Association, en un correo electrónico. “En un momento en que los centros de enfermería ya tienen dificultades para reclutar y retener cuidadores calificados, perder esta parte vital de nuestra fuerza laboral no solo es perjudicial, sino insostenible”.
Perder el TPS no significa automáticamente perder todas las protecciones legales, y algunas personas podrían ser elegibles para otros estatus migratorios, según un comunicado de la fiscal general Andrea Joy Campbell.
Espinoza-Madrigal también pidió a los empleadores actuar con cautela ante los cambios.
“El hecho de que la Corte Suprema haya cancelado el TPS no significa necesariamente que los empleadores tengan que despedir a sus trabajadores con TPS”, dijo Espinoza-Madrigal. “Es importante realizar una evaluación individualizada de la elegibilidad laboral antes de dejar ir a cualquier trabajador”.
