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En 2012, una joven profesional de Springfield recibió un diagnóstico que podía cambiarle la vida: una enfermedad autoinmune. Según contó, los médicos tradicionales que la trataban la alentaron a probar tratamientos alternativos. Uno de ellos fue el cannabis medicinal.
“Si no hubiera sido por esa combinación, mi vida sería muy diferente hoy. Incluso me pregunto si todavía estaría aquí”, dijo Xiomara DeLobato, quien actualmente es comisionada de la Comisión de Control del Cannabis de Massachusetts (CCC, por sus siglas en inglés).
La gobernadora Maura Healey nombró a DeLobato en mayo, junto con Christopher Harding, quien ahora preside la comisión, y Anthony Wilson. El nombramiento ocurrió después de que Healey firmara el 19 de abril una amplia reforma de la legislación estatal sobre cannabis, la actualización más importante de la ley desde su legalización en Massachusetts.
DeLobato ocupa el puesto que la ley reserva para una persona con experiencia en justicia social. Hija de inmigrantes ecuatorianos, creció en Springfield. Antes de incorporarse a la CCC, se desempeñó como vicepresidenta y jefa de gabinete del Western Massachusetts Economic Development Council, donde supervisó iniciativas de desarrollo económico en tres condados con grandes poblaciones latinas.
Enfrentando el estigma
DeLobato dijo que una de sus prioridades es ampliar los esfuerzos de divulgación en español de la CCC, en parte para enfrentar el estigma que todavía influye en la manera en que muchas familias latinas se relacionan con el cannabis.
“Hay una historia detrás de por qué existe un estigma tan profundo”, dijo, señalando las políticas de las décadas de 1980 y 1990 que se enfocaron deliberadamente en las comunidades afroamericanas y latinas y provocaron tasas desproporcionadas de encarcelamiento entre hombres afroamericanos y latinos.
DeLobato vivió su propia versión de esta brecha: sus problemas de salud se convirtieron en el punto de entrada, lento y personal, para educar a sus padres ecuatorianos sobre los beneficios médicos del cannabis. A medida que el estigma ha evolucionado, también lo ha hecho la industria; pero para las familias inmigrantes, “que sea legal aquí” no siempre significa “que sea seguro”. Cerrar esa brecha de información en español es, según DeLobato, una parte fundamental de lo que busca lograr desde su puesto en la comisión.
Massachusetts cerró 2025 con $1.65 mil millones en ventas de cannabis para uso adulto, unos $3 millones más que el año anterior. Para febrero de 2026, las ventas totales desde el lanzamiento del mercado en 2018 ya habían superado los $9 mil millones.
DeLobato también trabaja para preservar y ampliar el programa estatal de equidad social. Massachusetts fue uno de los primeros estados del país en incluir esta iniciativa en su legislación sobre cannabis, creando un camino para que emprendedores puedan ingresar a la industria mediante capacitación, recursos empresariales y conexiones dentro de la cadena de suministro.
Ruben Seyde es uno de los emprendedores que llegó a la industria a través de ese programa. Hijo de inmigrantes mexicanos, creció en Fitchburg, una de las comunidades que el estado reconoce como afectadas de manera desproporcionada por la guerra contra las drogas. Hoy es director ejecutivo y cofundador de Delivered Inc., una empresa de entrega de cannabis con sede en Clinton que comenzó operaciones en julio de 2023.
Seyde describe el programa de equidad social como la puerta que le permitió abrir su negocio. Delivered Inc. depende de las licencias de entrega, una categoría reservada casi exclusivamente para participantes del programa de equidad social. Esa categoría generó $16.5 millones en todo el estado durante 2025, una pequeña fracción de los miles de millones de dólares que circulan a través de las tiendas físicas de cannabis.
“La falta de acceso al capital es el mayor desafío. Realmente limita nuestra capacidad de crecer”, dijo Seyde al referirse a las dificultades que enfrenta el sector de entregas.
La comunidad como estrategia empresarial
Damaris Aponte llegó al negocio por un camino diferente: la calle. De ascendencia puertorriqueña, llegó a Holyoke a los tres años y ha vivido allí toda su vida. Décadas después, fundó Blossom Flower, una empresa de entrega de cannabis con sede en esa misma ciudad.
Aponte forma parte de una industria legal del cannabis que emplea a aproximadamente 20,000 trabajadores registrados en Massachusetts, de los cuales cerca del 11% se identifican como latinos o hispanos, según la comisionada. Su propia empresa emplea a 25 personas, casi todas latinas, y contrata deliberadamente a personas con antecedentes penales que ya cumplieron sus condenas y son trabajadores que otras compañías suelen rechazar.
“Esas personas ya no son las mismas que eran hace 20 años”, dijo Aponte al explicar su filosofía de contratación.
Seyde aplica un criterio similar con sus proveedores.
“Cuando busco servicios, trato específicamente de comprarle a negocios latinos, ya sea comida para los empleados o servicios de contratación para el almacén”, explicó. Añadió que todo el almacén de Delivered Inc. fue construido por trabajadores latinos.
Para DeLobato, esa lógica también se extiende al nivel estatal. Cada dólar generado por las ventas de cannabis produce ingresos fiscales que, según explicó, regresan a las comunidades y escuelas. Ella sostiene que la industria debe entenderse no solo como un negocio de consumo, sino como un mecanismo para dirigir recursos públicos hacia los vecindarios que, según señala, fueron los más afectados por la prohibición.
En los próximos meses, DeLobato se enfocará en ampliar el acceso y abordar algunas de las barreras que todavía enfrentan los emprendedores, mientras se prepara la implementación de las licencias de consumo social, una nueva categoría que permitirá a negocios autorizados crear espacios donde los clientes puedan probar productos en el lugar. También planea llevar más sesiones informativas en español directamente a las comunidades latinas de todo el estado, algo que, según afirma, todavía es limitado.
Para emprendedores como Aponte y Seyde, estos esfuerzos llegan mientras continúan navegando un mercado que, según dicen, todavía favorece a quienes cuentan con mayores recursos financieros y redes de contacto establecidas.
Desde su nuevo puesto, DeLobato reconoce esa brecha como parte de su responsabilidad. La ley que está implementando amplía las categorías de licencias e incluye nuevas protecciones financieras para negocios con deudas pendientes.
“Una de las áreas con las que estoy muy comprometida desde mi puesto es asegurar que estamos haciendo lo correcto por nuestra comunidad”, dijo al referirse a su enfoque en el desarrollo de la fuerza laboral y la inversión en los lugares donde operan los titulares de licencias.
