Recientemente, la fiscal general Maura Healey en conjunto con 22 fiscales generales emitieron una carta al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. por sus siglas en inglés (HHS), respaldando la propuesta de ley que solicita restaurar y fortalecer las protecciones contra la discriminación de los pacientes vulnerables, en virtud de la Ley de Asistencia Asequible (ACA).
La norma propuesta anularía un reglamento de la Administración Trump que hizo retroceder protecciones esenciales contra la discriminación en la ACA para las personas que son transgénero, tienen un dominio limitado del inglés o buscan atención reproductiva.
La declaración propone restablecer estas protecciones y agregar nuevos respaldos a los pacientes de telesalud, aplicándolas ampliamente, incluso a las aseguradoras de salud.
La carta es codirigida por la fiscal Healey, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal general de California, Rob Bonta, en donde señala que la nueva norma es fundamental para salvaguardar la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades de color, las mujeres embarazadas, LGBTQ+, las personas con conocimientos limitados de inglés y los discapacitados. Además, ayudaría a crear un sistema sanitario más equitativo y accesible para los estados de todo el país.
“Aplaudimos al HHS por dar este importante paso para garantizar que los pacientes vulnerables no se enfrenten a barreras innecesarias y discriminatorias para obtener la atención que les permita salvar la vida”
A G. Maura Healey.
En el año 2010 cuando el Congreso promulgó la ACA, contenía una disposición histórica de derechos civiles, que prohíbe específicamente la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en su en la sección 1557. La Administración Obama aplicó esta disposición a través de reglamentos que proporcionaban protecciones particulares y expresas a transgéneros, embarazadas y personas con conocimientos limitados de inglés.
Sin embargo, en 2020, la Administración de Trump anuló esta normativa y la sustituyó por una nueva que revocaba esas protecciones. Durante el gobierno de Trump se implementó esta nueva ley a pesar de las claras advertencias de la AG Healey y de una coalición de fiscales generales de que hacerlo socavaría gravemente las protecciones antidiscriminatorias críticas cuando más se necesitan para abordar la pandemia del COVID-19.
En respuesta a la ley de 2020, la fiscal general Healey codirigió una demanda para impugnar este retroceso y tratar de evitar su impacto perjudicial en las comunidades marginadas y vulnerables de todo el país.
La coalición aplaude la ley para restaurar y ampliar las protecciones contra la discriminación bajo la ACA.
Los estados apoyan firmemente estas disposiciones porque mejorarán los resultados sanitarios de nuestros residentes más vulnerables, reducirán los costos de la atención sanitaria, que de otro modo recaerían sobre los sistemas de salud pública de los estados, y abordarán de forma significativa las disparidades y desigualdades en la prestación de la atención médica.
En la presentación del documento de la propuesta se encuentran, AG Healey, AG James, y AG Bonta, y se unen los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, y Washington.
Para mayor información de la declaración aquí.
