Izquierda, La abogada y profesora de la Universidad de Suffolk, Amy B. Van Zyl-Chavarro. Derecha, Suna García Guzmán, estudiante de Leyes de Suffolk University.

“El gobierno de Guatemala es responsable por violar la libertad de expresión y los derechos culturales de cuatro pueblos indígenas operadores de radios comunitarias”, así reza el acta de sentencia a favor de los pueblos indígenas que emitió la Corte Internacional de Derechos Humanos, el 17 de diciembre de 2021. La Universidad Suffolk de Boston, a través de la Clínica Jurídica de Estudiantes en el 2002, tomó el caso en defensa de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. 20 años después la Universidad ganó el caso.

“Fue un esfuerzo de equipo de año tras año con un grupo de 30 estudiantes aproximadamente. La petición inicial del caso la enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el 2002 y allí estuvo hasta el 2019, alegando que Guatemala estaba violando los derechos de los pueblos indígenas, el Estado no respondió y no estaba de acuerdo en dialogar, entonces la Comisión refirió el caso a la Corte Internacional, allí presentamos nuevamente el caso, esta vez en la Corte con testigos y una audiencia”, manifestó Amy B. Van Zyl-Chavarro, profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Suffolk, quien es abogada y la supervisora del caso de Guatemala.

¿Pero cómo fue que la Universidad Suffolk llegó a las comunidades indígenas de Guatemala? “La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad comenzó trabajando con muchos grupos indígenas en Estados Unidos y poco a poco fuimos conociendo a otros grupos que no tienen los medios para pagarle a un abogado privado. Llegamos a Guatemala a través de la ONG, Cultural Survival, que ayuda a los pueblos indígenas de Latinoamérica y trabaja en Guatemala. La directora de la Clínica Jurídica de Suffolk conocía a las personas de la ONG, le ofrecieron el caso y lo aceptó”, indicó.

En razón de la discriminación estructural e histórica que han sufrido los pueblos indígenas, el Tribunal Internacional señaló que Guatemala debía tomar todas las medidas necesarias para revertir los factores de desventaja de los pueblos indígenas y asegurarles el acceso a frecuencias radiales, con el propósito de garantizar la igualdad material de dichos pueblos frente a otros grupos sociales que tienen las condiciones económicas para competir en las subastas de adquisición de frecuencias radiales, cuyo único criterio para adjudicarlas es quien pague el mayor precio. “Para comunidades muy pobres, no es una opción competir en una subasta para la licencia de una frecuencia radial”, manifestó Van Zyl-Chavarro.

La audiencia en la Corte se realizó en junio del 2021 y la abogada Zyl-Chavarro fue la encargada de preparar a los testigos del caso de las diferentes comunidades indígenas y presidir todas las entrevistas frente al juez del Tribunal Internacional de Derechos Humanos. “Es la primera vez que un caso referente a medios de comunicación comunitarios indígenas pasa a un tribunal internacional, el caso es muy importante por la historia de discriminación que han sufrido, es significativo que los indígenas tengan voz dentro de la sociedad para que realmente haya democracia y ellos puedan participar en los diálogos nacionales” expresó al puntualizar que aún Guatemala no ha hecho nada por implementar la sentencia, pero un efecto inmediato que ordenó la Corte es que el Estado deje de perseguir criminalmente a los trabajadores comunitarios indígenas, que elimine todas las condenas que existen y que deje de allanar a las radios. A largo plazo, el Estado tiene el deber de reformar las leyes para incluir, reconocer y reservar un número de frecuencias radiales para las comunidades indígenas.

En Guatemala, hay un aproximado de 424 emisoras de radio que tienen licencia de transmisión en frecuencia FM y 90 en AM, de las cuales, solo una es emisora comunitaria indígena. Existen radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia para funcionar. “El estado los criminaliza y los acusa de hurto de las frecuencias, allanan sus emisoras y aprehenden sus equipos”, comentó la profesora de Suffolk.

Al menos el 43,6% de la población de Guatemala es indígena

y aproximadamente 80% de la población

indígena es considerada pobre.

Asimismo, señaló que los pueblos indígenas tienen derecho a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación. “Son una herramienta esencial para la conservación, la transmisión y el desarrollo continuo de sus culturas y lenguas para promover la identidad, los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas”.

Suna García Guzmán, es una estudiante del último año de formación académica de Leyes y miembro de la Clínica Jurídica de Suffolk, quien también participó en la demanda. “Mi trabajo fue ayudar a escribir los informes en español para la Corte Internacional junto a Amy B. Van Zyl-Chavarro. Ha sido un privilegio tener la oportunidad de participar en el caso y poder generar un tipo de impacto en la vida de las comunidades. Fue mi primera vez trabajando en un caso y agradezco por el aprendizaje y la experiencia que gané”. Finalmente dice que fueron muchos estudiantes los que trabajaron en el caso. “Es increíble cuántos años dura para que un caso como este llegue a un final, que en esta ocasión tuvo un final feliz”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.