Los derechos humanos son universales, no respetan frontera. Son derechos inherentes, sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo o cualquier condición. De acuerdo al principio de la universalidad, en 1948, todo individuo merece la vida, la seguridad personal y algo tan elemental como la libertad.
Ha sido constante el actuar de gobernantes de América Latina en contra de los derechos ciudadanos. Hasta el libre tránsito, la alimentación, el trabajo, son principios que, parten de un verdadero sistema democrático y que se convierten en derechos plenos de la sociedad. No debe ningún sistema político imponerse ante tratados internacionales que garantizan la libertad social, económica y política.
El ataque a las mujeres prende las alarmas en la Organización de Naciones Unidas, (ONU), pues tal organismo considera que América Latina es la región más violenta del mundo para las femeninas al registrarse violencia conyugal y no conyugal. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), más de dos mil 700 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de la región, por lo que la secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, exhortó a los países a dar prioridad a las políticas públicas que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra la mujer.
El uso de la fuerza desproporcionada por parte de los organismos policiales es otra preocupación en América Latina. Países como Venezuela y Nicaragua han recurrido de manera sistemática a esta acción para silenciar a la disidencia y las protestas que se generan en contra de los sistemas políticos. Ciudadanos de ambas naciones se han visto atrapados en torturas, represión y hasta asesinatos por solo pensar distinto a quien ostenta el poder.
En 2018 la Organización No Gubernamental Nicaragua ni uno más, registró que en ese país hubo más de 320 asesinatos por razones políticas. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, responsabilizan al Gobierno de Daniel Ortega por los decesos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
Mientras eso ocurre en Nicaragua, la ONG Foro Penal Venezolano, ha sido constante en su denuncia a la violación de derechos humanos de quienes están privados de libertad. Más de 600 personas están tras las rejas por oponerse al régimen de Nicolás Maduro y según el partido político Voluntad Popular, 200 de ellas son militares.
Crímenes visibles
Solo esta semana en Venezuela hubo dos notables violaciones a los derechos ciudadanos. Un capitán de Corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, había sido detenido sin orden judicial el pasado 21 de junio, el mismo día que la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet salía del país. Justamente siete días después se informa sobre el asesinato de este militar que estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, (DGCIM), uno de los organismos del régimen madurista para atacar la disidencia.
El abogado de Acosta Arévalo denunció tortura por parte de sus custodios y aunque el sistema de justicia venezolano, cuestionado por la comunidad internacional, imputó delitos a dos funcionarios, tanto familiares como defensa y políticos que exigen el fin de Maduro, exigen que la responsabilidad además de individual, corresponde a cadena de mando.
En el occidente del país, también hubo violación a los derechos. Un joven menor de edad protestaba el pasado lunes para exigir un correcto servicio de gas y la respuesta de la Policía Nacional Bolivariana fue disparar perdigones en su rostro, lo que generó que el adolescente perdiera ambos ojos. Son dos violaciones a los derechos en menos de una semana que desnudan al régimen de Maduro.
La región en atacada
De acuerdo a Amnistía Internacional, la represión en América Latina es feroz y sistemática. En los últimos dos años México ha sido el promotor de homicidios a periodistas y además registra que más de 34 mil personas hayan desaparecido de manera forzada.
Colombia y Argentina también registran casos de violaciones a los derechos civiles. En los primeros cuatro meses de 2019, la ONU registró 51 asesinatos a defensores de Derechos Humanos, por lo que el portavoz de la oficina para los DDHH, Rupert Colville, mostró su preocupación y urgió al Gobierno del presidente Iván Duque, a frenar este flagelo, mientras que el Gobierno argentino reconoció vulnerar los derechos en hospitales psiquiátricos y se comprometió a cerrarlos para el año 2020.
Huir por integridad
De acuerdo a Amnistía Internacional, la persecución, ataques y demás violaciones de Derechos Humanos, ha generado que en América se haya incrementado la inmigración y las personas huyan de sus países de origen. Uno de los más afectados: Estados Unidos como país receptor, pero que en medio de sus políticas migratoria, también vulnera los derechos de los ciudadanos.
La administración del presidente Donald Trump ha sido dura con ciudadanos que huyen de Centroamérica en busca de mejores condiciones. Más de tres caravanas de inmigrantes se han generado desde octubre de 2018 y la respuesta de Norteamérica ha sido bloqueo y hasta gases lacrimógenos. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), ha mostrado preocupación por las acciones sistemáticas en contra de inmigrantes indocumentados.
Los derechos no se negocian, se obtienen una vez se es parte de la dinámica mundial. Ningún ciudadano, esté investido o no en autoridad, puede vulnerar principios internacionales que le dan el aval al ciudadano universal de exigir y movilizarse.
