Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), redactó una fuerte carta dirigida a Giovanni Álvarez Santoyo, el director de la Unidad de Investigación y Acusación. La razón es la captura realizada esta semana a Carlos Bermeo, fiscal de la JEP, detenido por presuntamente haber recibido 500 mil dólares con el fin de incidir en el caso del exnegociador de La Habana, Jesús Santrich. “El indignante episodio que el país vio el pasado viernes, en el que la Fiscalía capturaba a un funcionario de la Unidad de Investigación que usted dirige, además de evidenciar, una vez más, el aberrante fenómeno de corrupción que azota al país, mancilló y afectó de manera grave nuestra institución”, señala la misiva.
Linares le solicita que de manera prioritaria y urgente, “adopte de manera inmediata las medidas que se imponen para garantizarle al país y a la comunidad internacional, que han depositado su confianza en nosotros”. Así, le pide que proceda a ejecutar los siguientes tres puntos:
A desvincular a Bermeo, “en el marco de la evaluación jurídica y ética que corresponda”.
La revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de “sus directos colaboradores”, pues, según Linares, “no basta con la verificación de los requisitos de ley sino, lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales de quienes tienen a su cargo una tarea tan delicada como la que debe cumplir la Unidad”.
Que luego de realizar la revisión, “la comparta con nosotros en el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción del que Usted hace parte. Esa información será pública en nuestra página Web para conocimiento de la ciudadanía”.
En el escrito, la presidenta señala que lo anterior “permitirá empezar a reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación, que quedó seriamente afectada por los lamentables sucesos a los que me he referido”.
Adicionalmente, afirma que lo ocurrido causó en los servidores de la JEP profunda indignación y dolor, “pues puso en entredicho el valor más importante para el cumplimiento de nuestras funciones: una ética intachable e incuestionable que genere confianza en nuestras actuaciones”. Confianza que, según la magistrada, “fundadamente quedó resquebrajada”. Por último pidió disculpas a las víctimas, al país y a la comunidad internacional.
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