La gobernadora Maura Healey firmó ayer una orden ejecutiva que impide a las agencias estatales dar permisos a un centro de datos que no tenga aprobación de la ciudad donde quiere construirse. La medida también obliga a esos proyectos a firmar un acuerdo de beneficios comunitarios antes de iniciar cualquier trámite estatal.
Detrás de la decisión hay una preocupación concreta para tu bolsillo: los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad, y ese consumo empuja las facturas de luz de todos hacia arriba.
"A menos que una comunidad diga sí a un centro de datos, nosotros decimos no. Le estamos dando voz a las comunidades y estableciendo las reglas de lo que tiene que pasar en Massachusetts", dijo Maura Healey, gobernadora de Massachusetts, en comunicado de su oficina el martes 8 de septiembre.
El temor: proyectos aprobados sin que los vecinos se enteren
María Belén Power, subsecretaria de Justicia Ambiental y de Equidad, explicó a El Planeta y otros medios, minutos después de la conferencia de prensa en el State House, qué problema busca resolver la orden.
"La preocupación es que consigan todos los permisos, empiecen a construir y que no hayan tenido ninguna conversación con la municipalidad, con las organizaciones de base, con los residentes que viven al lado", dijo María Belén Power en entrevista con medios como El Planeta el martes 8 de septiembre
Power dijo que sin esa conversación los residentes no llegan a saber cuáles son los impactos del proyecto en el agua, en el aire y en el costo de la energía.
"Los centros de datos utilizan bastante energía y sacan bastante energía de la red energética. Eso resulta en que los precios de la electricidad suban y que todos los contribuyentes tengamos que pagar", compartió Power.
Power añadió que el costo no viene solo del consumo, sino de las modernizaciones e inversiones que hay que hacerle al sistema energético para soportar esos proyectos.
La orden responde a eso creando un Ratepayer Protection Fund. Los centros de datos que no traigan su propia energía limpia tendrán que pagar una cuota que se devolverá a los clientes.
La secretaria de Energía y Asuntos Ambientales, Rebecca Tepper, dijo que en otros estados los consumidores acabaron pagando la cuenta de los centros de datos y que eso no será aceptable en Massachusetts.
El tema de las facturas no es nuevo aquí. En mayo, Healey y la fiscal general Andrea Joy Campbell se opusieron a una solicitud de las empresas de transmisión eléctrica que habría elevado las tarifas.
Acuerdos comunitarios obligatorios y prohibición de pactos secretos
La orden también prohíbe los acuerdos de confidencialidad entre las agencias estatales y los desarrolladores de centros de datos, un cambio que Power destacó como fundamental.
"Vamos a tener acuerdos que van a ser un requisito, acuerdos comunitarios. Los centros de datos no van a poder tener acuerdos privados, va a tener que haber transparencia". María Belén Power, en la misma entrevista
Power también dijo que funcionarios estatales conversaron con organizaciones comunitarias y de justicia ambiental para conocer las preocupaciones de las comunidades, especialmente de aquellas de bajos ingresos y de las comunidades latinas y de otras culturas.
Solo aplica a proyectos de más de 25 megavatios
La orden aplica a proyectos cuya demanda máxima de electricidad supere los 25 megavatios, que deben demostrar que cumplen el Data Center Framework del estado antes de recibir permisos.
El marco exige que el desarrollador financie el costo total de la infraestructura energética y del suministro de energía limpia que necesita el proyecto, proteja el agua y la salud pública, y garantice que negocios y residentes locales se beneficien con empleos.
Hay un matiz legal importante: el texto de la orden no crea un veto municipal por sí solo, sino que condiciona los permisos estatales. Las agencias tienen hasta el 31 de diciembre para armar el mecanismo de pago por energía limpia.
Holyoke ya los prohibió; Lowell y Westfield tienen moratorias
La orden llega después de que varias ciudades actuaran por su cuenta. Westfield y Lowell aprobaron moratorias de un año y Holyoke los prohibió por completo. En Lowell, vecinos demandaron al estado por un permiso de calidad del aire que autorizaba ocho generadores diésel de respaldo; un juez bloqueó cuatro de ellos el mes pasado.
Lowell y Holyoke están entre los municipios con mayor concentración latina del estado, lo que coloca a estas comunidades en el centro del debate.
El proyecto más grande en juego está en Westfield, donde Servistar Realties propuso un campus de diez edificios que requeriría 274 megavatios, lo que lo convertiría en el mayor centro de datos de Nueva Inglaterra. Los concejales de la ciudad respaldaron la idea al principio y luego aprobaron la moratoria.
Qué sigue
Los requisitos de los acuerdos de beneficios comunitarios se negocian a nivel municipal, así que las condiciones concretas varían según la ciudad. Si en tu municipio hay un proyecto propuesto, revisa la agenda de tu concejo municipal o junta de selectmen, porque ahí es donde ahora se decide si el proyecto avanza.
En junio, Healey ya había pausado las solicitudes de exención de impuestos para centros de datos. Esa exención sigue vigente en la ley. Otras ciudades preparan medidas más duras: en New Bedford, el alcalde propuso una prohibición total que el concejo municipal debe considerar esta semana.
En junio, Healey ya había pausado las solicitudes de exención de impuestos para centros de datos. Esa exención sigue vigente en la ley. Otras ciudades se están moviendo por su cuenta: el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, propuso una congelación inmediata en toda la ciudad mientras se investiga y se preparan regulaciones. Mitchell escribió a los concejales que los centros de datos exigen mucho de la infraestructura eléctrica y de agua, generan ruido y consumen mucho terreno. La zonificación vigente en New Bedford, adoptada en 2024, permite esos proyectos "by-right" en muchas zonas, antes del crecimiento reciente de la inteligencia artificial.
