Tras una pregunta que se repite constantemente en Chelsea —¿por qué alguien tiene que elegir entre asistir a una audiencia judicial y arriesgarse a no volver a casa?— comenzaron meses de trabajo comunitario y legislativo. Hubo un grupo de trabajo sobre política migratoria convocado por el Caucus Legislativo Afroamericano y Latino, reuniones con familias separadas por detenciones en los pasillos de los tribunales y nueve meses de conversaciones antes de que el proyecto tuviera un número oficial.
La Legislatura de Massachusetts aprobó hoy, en ambas cámaras, el PROTECT Act, la ley que establece normas estatales para regular las interacciones entre las autoridades federales, estatales y locales en materia de inmigración, y que crea, según sus propios autores, algunas de las protecciones más fuertes del país para los residentes inmigrantes. El proyecto ya está en camino al escritorio de la gobernadora Maura Healey, quien se espera lo firme.
“Es sumamente un momento histórico aquí en Massachusetts”, compartió la representante estatal Judith García, de Chelsea, minutos después del voto con El Planeta.
“Por varios años, muchos constituyentes inmigrantes han estado abogando por tener reglas claras sobre cómo la policía y nuestras instituciones estatales deben interactuar con el Gobierno federal", agregó el representante Andy Vargas, presidente del Massachusetts Black and Latino Caucus.
Cahill, quien preside la comisión de Seguridad Pública, aclaró entre risas que su cargo no lo convierte en agente de Homeland Security. "Sé que parezco uno, pero no lo soy", bromeó, antes de explicar que su comisión trabaja en temas de justicia criminal y en las interacciones cotidianas entre la policía y la comunidad. Dijo que muchos agentes de la ley estatales y locales comparten la molestia por las tácticas que están viendo de parte de ICE. "No entienden nuestras comunidades y no entienden que estamos llenos de gente maravillosa que quiere vivir el sueño americano", le afirmó a El Planeta.
Qué establece la ley
El acuerdo llega después de que un comité de conferencia bicameral, copresidido por Cahill y la senadora Cindy Friedman, reconciliara el miércoles las diferencias entre la versión que la Cámara y la que el Senado aprobó.
El acuerdo final amplía las protecciones contra arrestos civiles sin orden judicial de las cortes a escuelas públicas, centros de cuidado infantil y centros de salud, aunque dejó fuera los templos religiosos, una de las categorías que había propuesto el Senado.
El PROTECT Act, fue impulsado originalmente por el Black and Latino Legislative Caucus.
El representante Andy Vargas, quien preside el Black and Latino Caucus —integrado por 26 legisladores de distintos distritos—, dijo que el caucus puso "la mente, el espíritu y el corazón" detrás del proyecto de ley y que su labor continuará más allá de este tema. "Nuestro caucus está aquí para seguir abogando, no solamente en este tema, sino en temas de desarrollo económico, escolares y judiciales", señaló.
El respaldo republicano
La ley también contó con el respaldo del representante republicano Marcus Vaughn, del 9no distrito de Norfolk, quien fue el único miembro de su partido en integrar el comité de conferencia de la Cámara.
Vaughn calificó su participación como “un honor completo” y destacó la colaboración con el presidente de la Cámara, Cahill, y con Vargas. Explicó que la versión inicial del proyecto aprobada por la Cámara, desarrollada con apoyo del Black and Latino Caucus —del que también forma parte—, sirvió como base para las negociaciones que llevaron al acuerdo final.
El legislador dijo que su apoyo no estuvo motivado por intereses partidistas, sino por la compasión. “No lo veo como republicano o demócrata. Al final del día, la compasión está por encima de todo, y hay buena gente en nuestras 351 ciudades y pueblos. Nuestro país fue fundado por inmigrantes”, afirmó. También mencionó su conexión personal con la comunidad haitiana: “Mi padrastro es un inmigrante haitiano. Mi hermano y su familia están en Haití ahora mismo, sirviendo a la comunidad en Cap-Haïtien (...) yo amo al pueblo haitiano, amo a nuestra comunidad inmigrante”.
Vaughn señaló que la ley no impide perseguir a personas que cometen delitos graves, un objetivo que, según dijo, también comparte la comunidad inmigrante. En cambio, afirmó que busca garantizar que quienes contribuyen al estado sean tratados con justicia y que las víctimas puedan denunciar sin miedo. También destacó que Massachusetts mantiene canales de colaboración con agencias federales y expresó su esperanza de que la legislación sirva como referencia para otros estados.
Qué sigue
Con la votación de hoy en la Cámara y la aprobación esperada en el Senado, la legislación queda en camino hacia el escritorio de la gobernadora Healey, quien había dicho esta semana en el programa Boston Public Radio de GBH que la ley era su prioridad para firmar antes del cierre de julio.
