Por Miriam Wasser
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Un juez federal ordenó a las autoridades de inmigración liberar a una residente de Florida de 32 años, luego de que permaneciera los últimos diez días bajo custodia en la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca del Burlington Mall.
María Rosales fue arrestada el 10 de julio en el Logan Airport tras viajar a Boston para asistir a un concierto de Noah Kahan. Desde entonces permanecía detenida en esa controvertida instalación mientras sus abogados solicitaban su liberación.
En una declaración jurada obtenida por WBUR, Rosales describió condiciones "difíciles" e "incómodas", similares a las denunciadas durante el último año por otros detenidos en el centro de Burlington y que han generado el escrutinio de miembros del Congreso y del público.
"Tenemos que rogar por agua... Llevamos semanas con la misma ropa... La habitación está extremadamente caliente con tantos cuerpos en una celda tan pequeña... La comida es incomible", escribió en la declaración jurada. "Algunas de las mujeres aquí se niegan a comer porque la comida es horrible y no la soportan".
Rosales también afirmó que no siempre tenía acceso a una ducha y que su solicitud de Tylenol mientras estaba menstruando fue "ignorada".
Rosales también escribió que ella y otras personas detenidas "tenemos que rogar para que nos permitan usar el teléfono y hablar con nuestros abogados y familiares", y que un día "los oficiales se molestaron y dijeron que los teléfonos estuvieron fuera de servicio durante todo el día".
Rosales nació en Colombia y llegó a Estados Unidos junto a sus padres cuando tenía 4 años, explicó su abogado, Todd Pomerleau, en una entrevista. Creció en Florida y dirige una organización sin fines de lucro dedicada a las artes escénicas para jóvenes. En su declaración jurada también indicó que estudia enfermería en Miami Dade College.
Rosales ha mantenido un estatus legal en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), establecido durante la administración del expresidente Barack Obama para otorgar protección temporal y autorización de trabajo a inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
Según Pomerleau, Rosales solicitó la renovación de su estatus de DACA hace tres años y su caso aún está pendiente. Por eso le sorprendió que agentes de ICE la detuvieran en el Aeropuerto Logan. Allí le informaron que existía una orden de deportación emitida en 2017 —el mismo año en que presentó por primera vez su solicitud de DACA— y que presuntamente no se había presentado a una audiencia migratoria. De acuerdo con su declaración jurada, en Logan no le mostraron ninguna orden de arresto.
Pomerleau sospecha que toda esta situación se originó por un incidente ocurrido en 2017, cuando Rosales y su familia fueron detenidos brevemente en un puesto de control fronterizo mientras viajaban por carretera a través del país.
"Creo que soy un miembro valioso de la sociedad", escribió Rosales en su declaración jurada. "No sabía que tenía una orden de deportación en 2017. Si hubiera sabido que tenía una cita en la corte, habría asistido".
Como ha informado previamente WBUR, la oficina de campo de ICE en Burlington no fue diseñada para funcionar como un centro de detención de largo plazo. Se trata de un centro de procesamiento inicial donde las personas arrestadas por ICE son registradas antes de ser trasladadas a centros de detención de mayor duración.
Sin embargo, desde la primavera de 2025, cuando la Administración Trump puso en marcha una amplia ofensiva migratoria en Massachusetts, muchas de las personas detenidas por ICE han permanecido atrapadas durante días e incluso semanas en las pequeñas celdas de concreto del edificio.
Algunos detenidos, como el estudiante de secundaria de Milford Marcelo Gomes da Silva, han dicho que permanecieron encerrados junto a decenas de personas en una sola habitación. Otros aseguraron que no tuvieron acceso a duchas ni a productos de higiene personal. Muchos también relataron que dormían sobre pisos de concreto cubiertos únicamente con una manta térmica de mylar.
"Estas afirmaciones de que existen condiciones deficientes o hacinamiento son falsas", dijo un portavoz de ICE en un correo electrónico. "La instalación de ICE en Burlington cuenta con abundantes suministros, incluyendo alimentos, una variedad de refrigerios, agua, artículos de higiene personal y materiales para dormir".
Un fallo de un tribunal federal emitido en junio determinó que ICE debe obtener autorización para mantener a una persona detenida por más de 12 horas en una oficina administrativa como la de Burlington. El portavoz de ICE no respondió si la agencia había obtenido ese permiso en este caso.
Pomerleau dijo que durante el último año ha escuchado denuncias similares sobre las condiciones en el centro de Burlington por parte de varios de sus clientes, incluidas algunas de las mujeres arrestadas en un lavado de autos en Allston el pasado noviembre.
"Estuvieron detenidas allí entre seis y diez días", afirmó. "A una de ellas, que era diabética, le daban donas para comer", lo que provocó que sus niveles de azúcar en la sangre se dispararan antes de ser liberada.
Al día siguiente del arresto de Rosales y su traslado a la oficina de ICE en Burlington, su abogado presentó ante un tribunal federal un recurso de habeas corpus para impugnar su detención e impedir que el gobierno la trasladara fuera de Massachusetts. Un juez concedió la petición ese mismo día.
El gobierno federal presentó su respuesta el 16 de julio, argumentando que Rosales seguía siendo elegible para ser deportada, explicó Pomerleau.
"Ellos sostienen que una solicitud pendiente de renovación de DACA no impide la deportación", dijo. "Nosotros discrepamos totalmente".
El lunes, el juez pareció darle la razón. Ordenó a ICE liberar a Rosales antes de las 7:00 p.m. y dispuso que no podrá ser arrestada nuevamente "salvo que se cumpla con los procedimientos legales y reglamentarios aplicables".
Pomerleau contó que sus colegas intentaron visitar a Rosales en las instalaciones de ICE en Burlington el viernes pasado, pero inicialmente se les negó el acceso. Finalmente pudieron reunirse con ella, aunque los funcionarios de inmigración los llevaron a una sala privada de conferencias, por lo que no pudieron ver el lugar donde estaba detenida.
"Ella dijo que es el peor trato que ha recibido en su vida. Está rogando por agua y por productos de higiene personal", afirmó Pomerleau. "Simplemente parece que hay todo tipo de violaciones a las normas de salud".
Desde el año pasado, cuando comenzaron a conocerse los primeros testimonios sobre las condiciones en la instalación de Burlington, funcionarios locales han intentado obtener acceso para que inspectores municipales puedan revisar el edificio en busca de posibles violaciones a las normas de zonificación o de salud pública. El otoño pasado, una jueza rechazó la solicitud del municipio para emitir una orden judicial que permitiera la inspección, en parte porque consideró que los testimonios de los detenidos presentados como evidencia eran demasiado antiguos.
El caso de Rosales podría abrir una nueva oportunidad para las autoridades locales.
"Estamos al tanto de lo ocurrido con la señora Rosales y nos resulta tan preocupante como todos los testimonios y relatos que hemos escuchado sobre lo que sucede en el edificio ubicado en el 1000 de District Avenue", dijo Mike Espejo, miembro de la junta de concejales de Burlington. "Nuestro objetivo de permitir que nuestro inspector de edificios ingrese a las instalaciones no ha cambiado y seguiremos intentando lograrlo por todas las vías legales disponibles".
