El alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña, anunció ayer a través de un comunicado a la prensa que no renunciará a su cargo pese a enfrentar cargos penales en una corte federal y en otra estatal.
DePeña afirmó que cumplirá el resto de su período y que se defenderá de las acusaciones en los tribunales.
La decisión mantiene a DePeña al frente del gobierno de una ciudad de 89,000 residentes, una de las de mayor población latina de Massachusetts, mientras avanzan dos procesos judiciales en su contra.
"Fui elegido por el pueblo de esta ciudad para servir como su alcalde, y tengo la intención de continuar cumpliendo con las responsabilidades que me fueron confiadas y servir hasta el final de mi período", dijo Brian A. DePeña, alcalde de Lawrence el 30 de septiembre.
En el mismo comunicado, DePeña sostuvo que los cargos federales corresponden a asuntos de su vida privada. "Los cargos federales están relacionados con asuntos personales que involucran mis actividades comerciales y conductas que ocurrieron antes de que asumiera mis funciones como alcalde de la Ciudad de Lawrence", escribió.
Sin embargo, no abordó de forma directa los cargos estatales, que se refieren a hechos ocurridos dentro de City Hall durante su administración. El alcalde sí expresó su confianza en el sistema judicial: "Respeto el proceso judicial y el principio fundamental de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia".
Agentes del FBI arrestaron a DePeña en su casa el viernes 14 de agosto. Los fiscales federales lo acusan de usar más de $1.5 millones en préstamos EIDL, solicitados para su negocio Tenares Tire Services Inc., para financiar su campaña y pagar gastos personales.
De ese dinero, según la fiscalía, el alcalde destinó $883,293 a pagar hipotecas de alto interés sobre propiedades que posee en Lawrence. Un gran jurado federal lo acusó luego de 11 cargos: cuatro de fraude electrónico y siete de lavado de dinero.
DePeña se declaró no culpable. Quedó en libertad con la condición de no salir del estado, entregar su pasaporte y no solicitar préstamos sin autorización del gobierno.
Cada cargo de fraude electrónico contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
La próxima fecha clave es la lectura de cargos estatal del 13 de octubre. El caso federal sigue abierto en la corte de distrito de Boston. Ninguno de los dos casos tiene condena, y DePeña mantiene su presunción de inocencia.
"Mi administración continuará proporcionando servicios esenciales, atendiendo las necesidades de nuestros residentes y negocios, y avanzando con el importante trabajo que se está realizando en toda nuestra comunidad", agregó DePeña, alcalde de Lawrence, en el 30 de septiembre.
