Por Sarah Betancourt
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Siete empleados de Allston Car Wash que fueron detenidos por autoridades federales de inmigración el año pasado han presentado una queja federal, el primer paso hacia una posible demanda, en la que buscan compensación económica del U.S. Department of Homeland Security (DHS) y del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) por su arresto y el trato recibido.
La organización sin fines de lucro de Boston Lawyers for Civil Rights presentó la queja el miércoles bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act), cuya copia fue compartida con GBH News. La queja, un requisito previo para cualquier demanda federal, sostiene que los siete inmigrantes “sufrieron daños graves como resultado de una redada agresiva, militarizada e indiscriminada” el 4 de noviembre de 2025. Los trabajadores buscan un millón de dólares cada uno, además de honorarios legales.
“Las acciones ilegales de los agentes federales, actuando dentro del ámbito de sus funciones oficiales, resultaron en intensos daños físicos, emocionales y psicológicos para cada demandante”, afirma la queja. Según el documento, durante la redada había alrededor de 20 vehículos y 20 agentes en el lugar, la mayoría con máscaras, chalecos antibalas y armas de fuego visibles.
La queja alega violaciones de la Cuarta Enmienda, que prohíbe registros e incautaciones sin orden judicial, así como de la Quinta Enmienda (el derecho al debido proceso) y de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. También sostiene que ICE no hizo “ningún esfuerzo significativo” para determinar la identidad de las personas antes de detenerlas, y que los trabajadores sufrieron detención ilegal, agresión e imposición intencional de angustia emocional.
“Debido a que estos trabajadores realizan labores manuales, fueron tratados como indeseables y desechables”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights. “En todo el país, mientras cuadrillas de jardinería, trabajadores de la construcción y empleados de lavaderos de autos son subidos a furgonetas de ICE y detenidos, el gobierno federal está apuntando ilegalmente a latinos trabajadores, incluidos aquellos con autorización de empleo. Enfocarse en los trabajadores en lugar de en la actividad criminal tiene consecuencias económicas reales”.
Los demandantes en la queja son Dairo Jesús Preciado, José Pablo Henríquez Sagastume, Vanessa del Carmen Vásquez Escobar, Felicita del Carmen Escobar de Vásquez, Clarisa Marisela Aguilón Mauricio, Heidy Fabiola Aguilón Mauricio y Yuli Magali Méndez Luarca. Son siete de los nueve empleados latinos detenidos mencionados en la queja y todos fueron liberados posteriormente.
La queja sostiene que ninguno de los demandantes representaba riesgo de fuga ni tenía antecedentes penales o problemas previos con la policía, y que muchos viven con sus familias o tienen vínculos establecidos en la comunidad. En un caso, un hombre había estado en Estados Unidos durante 30 años y había trabajado en Allston Car Wash durante 26 años.
La Ley Federal de Reclamaciones por Agravios permite a las personas demandar al gobierno por daños causados por empleados federales que actúan de manera negligente o indebida en el desempeño de sus funciones.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de GBH News sobre la queja. El gobierno tiene seis meses para responder. Si no lo hace, los trabajadores nombrados en la queja pueden proceder con un litigio.
La queja describe una serie de nuevos detalles sobre los arrestos y detenciones del año pasado, que fueron reportados inicialmente por GBH News.
Preciado y Sagastume estaban limpiando una camioneta SUV cuando llegó ICE esa mañana. Tras poner a Sagastume bajo arresto, un agente supuestamente le preguntó: “¿eres legal o ilegal?”. Él tiene una solicitud de asilo pendiente y otro estatus legal, además de un documento válido de autorización de empleo, pero durante su detención se le negó su solicitud de ir a buscarlo a su mochila para presentarlo a ICE, según la queja.
“El trauma de ese día continúa afectando todos los aspectos de mi vida”, dijo Sagastume, de 20 años. “Solo estábamos haciendo nuestro trabajo cuando agentes armados nos rodearon y nos trataron como criminales. A nadie le importó quiénes éramos. Nadie preguntó nada antes de agarrarme”.
Preciado, de 67 años, toma cinco medicamentos relacionados con un tratamiento previo contra el cáncer, según la queja. Se le negó la medicación durante más de dos días y tuvo que recibir atención médica en tres ocasiones mientras estuvo detenido en el centro de detención de ICE en el condado de Plymouth.
Los otros cinco trabajadores, algunos de ellos relacionados entre sí, estaban fuera del lavadero de autos, limpiando y secando el sedán de un cliente. Todos fueron detenidos rápidamente, algunos aún con botellas de rociado en los bolsillos. Vasquez Escobar, Vasquez, ambas hermanas Aguilón Mauricio y Mendez Luarca alegan que no se les pidió su nombre ni se les informó que los agentes buscaban a personas específicas.
Tres agentes de ICE ingresaron a la tienda de conveniencia del lavadero de autos, y uno de ellos se identificó como Jhon Coleman, según la queja. Presentó una citación I-9 a los administradores del negocio. Ese es un documento emitido por ICE que obliga a los empleadores a entregar registros de empleo, pero les otorga tres días hábiles para hacerlo.
Coleman supuestamente afirmó que nadie sería detenido a menos que intentara huir o actuara de forma “sospechosa”, según la queja. Sin embargo, agentes de ICE en el exterior ya habían detenido a varios empleados.
Los vehículos se detuvieron en un estacionamiento de Target y trasladaron a los detenidos en furgonetas, encadenados de manos, pies y cintura.
Felicita del Carmen Escobar de Vásquez, de 46 años, tiene diabetes, anemia y ansiedad, y se le negó el acceso a toda su medicación durante los ocho días que estuvo en el centro de procesamiento de ICE en Burlington, según la queja.
Varias de las mujeres, incluida Escobar de Vásquez, fueron trasladadas al Centro Correccional Regional de Chittenden en South Burlington, Vermont, donde enfrentaron problemas físicos y psicológicos, según el documento.
Escobar de Vásquez dijo que informó repetidamente a un agente sobre sus problemas de salud y que se sentía “increíblemente enferma”, según la queja. De acuerdo con el documento, en Vermont volvió a informar a un agente sobre sus condiciones médicas. El agente le entregó su medicación 12 días después de su arresto, cuando su nivel de azúcar en sangre había alcanzado niveles potencialmente mortales, según la demanda. Fue liberada cuatro días después.
Otros trabajadores del lavadero dejaron de trabajar allí tras quedar en libertad bajo fianza y tienen miedo de salir de sus casas. Algunos continúan trabajando allí.
