Legisladores discuten proyectos de ley. Foto: Jeaneth D. Santana.
Legisladores discuten proyectos de ley. Foto: Jeaneth D. Santana.

por Redacción

01 de agosto de 2022

Los legisladores de Massachusetts se reunieron el pasado domingo 31 de julio hasta la madrugada de este lunes para debatir sobre varios proyectos en los que no llegaron a ningún acuerdo. Entre estos, se encontraba un enorme paquete de desarrollo económico que incluía planes para $1 mil millones en desgravación fiscal. Se estima que en última instancia podría devolver $3 mil millones adicionales a los contribuyentes en los próximos meses.

El gobernador Charlie Baker argumentó que Massachusetts tiene un colchón fiscal más que suficiente para absorber ambos conjuntos de desgravaciones fiscales.

La decisión de los legisladores pretende crear un plan para aliviar la carga de los residentes afectados por el aumento de la inflación con una combinación de reembolsos únicos de $250 y cambios permanentes en los impuestos, aproximadamente $4 mil millones en gastos.

La administración de Baker estimó la semana pasada que a los contribuyentes se les podría devolver más de $2,900 millones según la ley, que no se ha activado desde 1987.

Por otra parte, el gobernador Baker, ha expresado su apoyo a una ley para las apuestas deportivas, de aprobarse, Massachusetts se uniría a 30 estados y Washington, DC, para permitir este tipo de juegos, según The American Gaming Association.

Los legisladores también llegaron a un acuerdo sobre el lenguaje que reestructuraría las leyes de armas de fuego del estado, a raíz de una decisión de la Corte Suprema. El acuerdo ampliaría «quién» tiene prohibido obtener una licencia para portar armas, a cualquier persona que tenga una orden de prevención de acoso temporal o permanente en su contra, y también exigiría que la policía realice una «entrevista personal» que busque una licencia para portar.

Sobre el tema del cannabis businesses, los legisladores enviaron a Baker un paquete de compromisos de reformas, que tomó medidas enérgicas contra las elevadas tarifas locales cobradas a los operadores de marihuana y desvió una parte significativa del impuesto estatal sobre las ventas recreativas a un fondo para empresarios de cannabis privados de sus derechos.

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