Este sábado la Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez firmó un decreto en el que “exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en caso de que actúen en legítima defensa”, una decisión en la que la nueva administración buscará controlar la ola de violencia que sigue cobrando vidas en el país.
En un su último reporte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó cuatro fallecidos más, elevando el número de víctimas fatales a 23.
Según indica el documento, “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Una medida que la CIDH calificó de grave, asegurando que “desconoce los estándares internacionales de Derechos Humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
“Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos”, agregó.
Añadiendo además que “La CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales”.
Con información del Excélsior
