Ya pasó casi una semana desde que Massachusetts firmó la ley de protección a inmigrantes que la gobernadora Maura Healey llama la más fuerte del país. El miércoles pasado, Healey firmó el PROTECT Act en La Colaborativa, en Chelsea, y la ley entró en vigor de inmediato por un preámbulo de emergencia.
Pero detrás de ese momento hay una historia que empezó casi un año antes, en una videollamada de un viernes del verano de 2025.
Un Zoom que se convirtió en tarea legislativa
Andy Vargas, representante estatal por Haverhill y presidente del Caucus Legislativo Afroamericano y Latino, recordó durante la ceremonia el momento exacto en que empezó todo: una videollamada en la que Gladys Vega, presidenta y directora ejecutiva de La Colaborativa, le agradeció con los ojos llorosos por hacer algo real por su gente.
En esa misma llamada estaban, cada uno en su propio recuadro, el senador Pavel Payano, la senadora Lydia Edwards, la representante Judith García y otros miembros del caucus.
Vargas les había pedido formar un grupo de trabajo, no para emitir un comunicado, sino para escribir un proyecto de ley: sentarse con familias afectadas, hablar con la policía y con defensores de inmigrantes, y encontrar un lenguaje que los 26 miembros del caucus pudieran respaldar.
Todos aceptaron. Ese grupo de trabajo es el mismo que, según reportó El Planeta cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en julio, pasó nueve meses de conversaciones antes de que la propuesta tuviera un número oficial. El Senado había aprobado su propia versión en mayo, con 37 votos a favor.
"Algo real": la respuesta del caucus a las críticas
Durante la firma, Vargas se adelantó a las críticas que ya circulaban sobre la ley: que hace a Massachusetts menos seguro. Dijo que es el truco más viejo de la política, satanizar al inmigrante, y que en Massachusetts eso no va a pasar.
Vargas explicó que cuando la policía local dedica tiempo y recursos a perseguir infracciones civiles de inmigración, no se atrapan más criminales: se pierden más testigos. Citó investigaciones que muestran que, en condados con más cooperación entre agencias locales e inmigración civil, las denuncias de víctimas hispanas cayeron hasta un 30%. El argumento tiene respaldo en cifras federales: más de siete de cada 10 personas detenidas por ICE no tienen ninguna condena penal, según datos actualizados a julio.
Lenita Reason, directora ejecutiva del Brazilian Worker Center y copresidenta de la coalición Protect Massachusetts, habló de su propia experiencia como mujer afroamericana e inmigrante con acento, el mismo perfil que, según dijo, busca ICE.
Reason explicó que no importa si ella es o no ciudadana estadounidense: a ella la van a mirar primero. Agradeció a los legisladores del Black and Latino Caucus por trabajar codo a codo con la coalición, que también integran la MIRA Coalition y otras organizaciones, desde mucho antes de que el proyecto se convirtiera en ley.
Pavel Payano y la promesa que se estaba rompiendo en Lawrence
El senador Pavel Payano, demócrata por Lawrence, subió al podio como legislador, como vecino y, dijo, sobre todo como inmigrante. Contó que su padre llegó a Estados Unidos a los 16 años huyendo de la persecución política en República Dominicana, y que sus padres pasaron 30 años enseñando en las escuelas de Lawrence.
Payano dijo que esa promesa, la que sus padres cruzaron un océano para alcanzar, se estaba rompiendo. Habló de una abuela que deja de comprar sus medicinas por miedo, de una madre que no logra soltar la mano de su hijo en la puerta de la escuela, y de un padre que trabaja todo su turno con un ojo puesto en la puerta.
Luego cambió de idioma y se dirigió directamente a los niños que, dijo, se quedan despiertos por las noches con miedo de que sus padres no vuelvan a casa.
"No están solos. Este es su lugar. Y hoy, todo un estado se levanta para protegerlo", dijo Pavel Payano, senador estatal por Lawrence, durante la ceremonia de firma del PROTECT Act en Chelsea, el 5 de agosto.
Lo que Healey dice que resuelve la ley
Healey ha repetido, en el comunicado oficial y en cada aparición pública desde la firma, que se trata de una ley de seguridad pública, no solo de una protección para inmigrantes. Su argumento: el miedo a ICE ha mantenido a niños fuera de la escuela, a madres lejos de citas médicas, y a víctimas y testigos fuera de los tribunales, lo que en algunos casos ha llevado a que se descarten procesos penales por falta de testimonio.
La gobernadora también ha calificado a los agentes de ICE que operan en el estado de no capacitados ni aptos para su trabajo, y ha insistido en que ningún documento migratorio debería decidir si una familia puede acceder a la escuela, un hospital o una corte sin miedo.
Más allá del discurso, la ley tiene efectos concretos que los propios funcionarios explicaron el día de la firma.
El fiscal de distrito Timothy Shugrue dijo que los tribunales deben ser santuarios de seguridad para todos, y que la presencia de ICE en los pasillos judiciales interfiere con la justicia al ahuyentar a víctimas y testigos.
El secretario de Educación, Steve Zrike, dijo que el sentido de seguridad de un niño determina su capacidad para aprender.
El secretario de salud, Kiame Mahaniah, médico, explicó que mantener a ICE fuera de hospitales y centros de salud comunitarios también significa mantener el miedo fuera de esos espacios.
Y la fiscal general Andrea Campbell destacó que la ley crea, por primera vez, un reclamo civil estatal contra funcionarios del gobierno, incluidos agentes de ICE, que violen los derechos constitucionales de una persona en Massachusetts.
¿Es en verdad la ley más fuerte del país?
Que el PROTECT Act sea "la ley más fuerte del país para proteger a las personas ante ICE" es, sobre todo, la caracterización de la propia gobernadora Healey. Abogados especializados en derechos civiles coinciden en que la ley es un paso positivo, pero advierten que lo que realmente impide, y cómo, es más limitado de lo que sugiere el lenguaje político.
En la práctica, la ley prohíbe que ICE haga arrestos civiles sin orden judicial dentro de escuelas, centros de salud, guarderías y tribunales. Eso convierte en ley estatal una protección similar a la que existía a nivel federal para "ubicaciones sensibles" hasta que la propia administración Trump la eliminó en enero de 2025.
Pero la protección termina en la puerta del edificio. Fuera de ese umbral, ICE puede seguir operando en la mayoría de los espacios públicos, y en una ciudad como Boston no siempre es claro si un operativo cerca de una escuela o una corte apunta específicamente a ese lugar.
La ley tampoco obliga a la policía local a intervenir si ICE actúa dentro de esos espacios: no tiene autoridad para hacer cumplir la prohibición en el momento. Esa función queda para después, en las cortes. La fiscal general puede demandar al gobierno federal, y una persona arrestada en violación de la ley puede pedirle a un juez que ordene su liberación.
El impacto de la falta de estas protecciones ya es medible: los arrestos de ICE en tribunales estatales más que se duplicaron entre 2024 y 2025, y se registraron al menos 726 arrestos en cortes de Massachusetts entre enero de 2025 y febrero de este año, según datos de los tribunales estatales.
Massachusetts tampoco es el único estado con este tipo de ley. Investigadores de la Universidad de Wisconsin revisaron leyes similares en otros estados y anticipan que el gobierno federal podría alegar que su autoridad sobre inmigración anula la mayoría de estos intentos estatales, un argumento que la administración Trump ya usa en otra demanda contra Massachusetts por su ley de matrícula estatal para estudiantes inmigrantes.
Y hay límites que la ley no puede tocar: unos 45,000 haitianos con Estatus de Protección Temporal en Massachusetts podrían ser deportados de todas formas, porque esa decisión depende únicamente del gobierno federal.
Qué cambia esta semana para las familias de Chelsea, East Boston y Lawrence
La ley, cuyo título formal es An Act promoting rule of law, oversight, trust and equal constitutional treatment, prohíbe los arrestos civiles sin orden judicial de ICE en cortes, escuelas, guarderías, hospitales, centros de salud comunitarios y asilos de ancianos. También permite que los padres organicen por adelantado la custodia de sus hijos en caso de ser detenidos o deportados, y prohíbe nuevos acuerdos 287(g) entre agencias estatales e ICE.
Para Gladys Vega, de La Colaborativa, el trabajo no termina con la firma. En el comunicado oficial de la gobernadora, Vega dijo que, para comunidades como la suya, que han vivido el impacto devastador de la aplicación de inmigración, esta ley es un paso poderoso hacia familias más seguras y protegidas.
Quienes quieran reportar presunta mala conducta de agentes de ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueden hacerlo a través del portal habilitado por la Oficina de la Gobernadora y la Fiscal General.
La respuesta en contra: lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se opuso a la ley. En un comunicado a CBS Boston, un vocero de la agencia dijo que cuando los políticos les prohíben a las policías locales trabajar con el DHS, sus agentes necesitan mantener una presencia más visible para encontrar y detener a personas que, según la agencia, las cárceles liberan de vuelta a las comunidades.
El vocero citó que siete de las 10 ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con ICE, y acusó a los legisladores de Massachusetts de anteponer la política a la seguridad pública al limitar esa cooperación. Ese dato sobre las ciudades más seguras circula en varios medios conservadores, aunque reportes como el de Fox News señalan que esas ciudades también comparten otros rasgos, como ingresos altos y patrones de zonificación, lo que complica atribuir su seguridad únicamente a la cooperación con ICE.
El candidato republicano a la gubernatura, Brian Shortsleeve, también criticó la firma y advirtió que la ley debilita la capacidad de las fuerzas del orden para actuar contra la delincuencia, según reportó el Daily Hampshire Gazette.
