Una abogada de inmigración en Ludlow asegura que sus clientes ahora denuncian delitos violentos y aceptan testificar en la corte sin el miedo que sentían hace apenas unos meses. El cambio llegó con el PROTECT Act, la ley que amplía las protecciones para inmigrantes en Massachusetts.
Carmina Fernández, abogada de inmigración con oficina en Ludlow, contó a Western Mass News que antes muchos de sus clientes se quedaban callados por temor a que contactar a la policía terminara en un encuentro con ICE. Eso, dice, está cambiando.
Menos miedo a presentarse en la corte
Fernández explicó que sus clientes ya no evitan la corte para asuntos que nada tienen que ver con su estatus migratorio, incluso cuando son testigos de un delito.
"Mis clientes están más dispuestos a denunciar delitos violentos", dijo Carmina Fernández, abogada de inmigración en Ludlow, a Western Mass News el 5 de agosto
Antes, muchos preferían no acudir a la policía ni presentarse ante un juez por miedo a que agentes de inmigración los esperaran en los pasillos de la corte, lo que dejaba delitos violentos sin denunciar. Según datos de los tribunales estatales citados por GBH News, en 2025 se registraron 614 arrestos de ICE cerca de cortes en Massachusetts, más del doble que en 2024.
Qué cambia con el PROTECT Act
La gobernadora Maura Healey firmó el PROTECT Act el miércoles en una ceremonia en Chelsea, en La Colaborativa, la organización que apoya a la comunidad inmigrante. La ley amplía las protecciones contra arrestos civiles de ICE sin orden judicial en cortes, escuelas, centros de cuidado infantil y centros de salud, y entró en vigor de inmediato gracias a un preámbulo de emergencia.
"Hoy en Massachusetts decimos: ya basta", dijo Maura Healey, gobernadora de Massachusetts, durante la firma de la ley en Chelsea
Organizaciones como la coalición Protecting Massachusetts Communities, liderada por MIRA Coalition y el Brazilian Worker Center, celebraron la aprobación tras meses de organización comunitaria.
Un opositor advierte sobre una posible demanda
No todos ven la ley con buenos ojos. John Thompson, de Massachusetts Coalition for Immigration Reform, opina que la ley limita demasiado la cooperación entre autoridades locales y federales y advirtió que podría enfrentar una demanda legal, ya que se basa en la Décima Enmienda, la cual otorga a los estados poder para decidir cuánto cooperan con la aplicación de leyes federales.
Para Fernández, el objetivo de la ley es distinto: la seguridad pública. Cuando las personas temen acudir a la policía, los delitos simplemente dejan de denunciarse, algo que termina afectando a toda la comunidad, no solo a los inmigrantes.
El cambio es particularmente relevante para ciudades del oeste de Massachusetts con alta población latina, donde muchas familias han evitado históricamente el contacto con la policía o los tribunales. La ley aplica en todo el estado, aunque su implementación práctica puede variar según el departamento de policía local. Fernández recomienda a cualquier persona con dudas sobre sus derechos consultar con un abogado de inmigración antes de acudir a la corte o denunciar un delito.
