La gobernadora Maura Healey calificó de cruel y perjudicial el fallo de la Corte Suprema que este jueves permitió a la administración Trump terminar el Temporary Protected Status (TPS) para Haití y Siria. En un comunicado, dijo que "no tiene absolutamente ningún sentido y solo sirve para perjudicar a nuestras familias inmigrantes, a nuestras comunidades y a nuestra economía".
El fallo, por 6 votos a 3, deja a unos 350,000 haitianos y 6,000 sirios en riesgo de perder su permiso legal de residencia y trabajo.
Golpea de lleno a Massachusetts, donde Greater Boston alberga la tercera comunidad haitiana más grande del país, con más de 80,000 personas.
"Merecen algo mejor": la postura de la gobernadora
Healey sostuvo que Massachusetts está con sus comunidades haitianas y sirias, hoy y siempre. Dijo que el gobierno federal está arrancando protecciones a familias y niños que huyeron de terremotos, violencia y crisis humanitarias para rehacer su vida en el estado y en el resto del país.
Elizabeth Sweet, directora ejecutiva de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy (MIRA) Coalition también describió la decisión como inhumana, inmoral y aberrante en un comunicado.
“Obligar a las personas a regresar a una situación extremadamente peligrosa y violenta, de la que ya huyeron, destrozará familias y comunidades. Los beneficiarios del TPS haitiano son fundamentales para la composición de nuestro estado y del país, y esta decisión será catastrófica para la fuerza laboral y la economía de nuestro estado", agregó Elizabeth Sweet.
La congresista Ayanna Pressley ya había liderado la respuesta en el Congreso: en abril forzó y ganó una votación en la Cámara de Representantes para extender el TPS de los haitianos por tres años, aunque el proyecto todavía debe pasar el Senado.
La gobernadora añadió que su Administración está evaluando todas las implicaciones del fallo y que trabajará de cerca con la fiscal general Andrea Campbell, organizaciones comunitarias, empleadores y agencias estatales para apoyar a las familias afectadas.
Qué decidió la Corte
La mayoría conservadora, en una opinión escrita por el juez Samuel Alito, sostuvo que los tribunales no tienen autoridad para revisar las decisiones del Department of Homeland Security (DHS) sobre cuándo terminar o extender el TPS. La Corte también rechazó el argumento de que la cancelación del programa para los haitianos fuera discriminatoria.
Las tres juezas del ala liberal disintieron. La jueza Elena Kagan escribió que los demandantes merecían algo mejor que esta decisión.
El tribunal no determinó que Haití sea un país seguro, sino que la cuestión queda fuera del alcance de la revisión judicial. El Department of State mantiene vigente una advertencia para que los ciudadanos estadounidenses no viajen a Haití por la violencia de grupos armados y el colapso de los servicios básicos.
