La gobernadora Maura Healey rechazó hoy la exigencia del Departamento de Justicia federal de entregar placas confidenciales a agentes de ICE en Massachusetts.
Brett Shumate, Assistant Attorney General de la División Civil del DOJ, envió una carta a Massachusetts y otros estados amenazando con acciones judiciales si no cambian sus políticas.
"Me ha llamado la atención que el Massachusetts Registry of Motor Vehicles (RMV) se niega a emitir registros y matrículas confidenciales/encubiertos al ICE y los está emitiendo a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) solo después de que certifiquen que los vehículos solo se utilizarán en investigaciones penales. Por el contrario, el RMV continúa emitiendo dichas placas sin restricciones a otras agencias federales, estatales y locales", escribió Shumate en su carta a Massachusetts.
Por su parte, el Estado sostuvo que ICE no califica bajo esa política, ya que el RMV solo otorga placas confidenciales a agencias de cumplimiento de la ley penal. Según la política del RMV, el registro confidencial no se concede a agencias cuya función principal sea hacer cumplir leyes civiles, ya sean federales, estatales o locales.
"Massachusetts no va a permitir que los recursos del estado sean utilizados para ayudar a que ICE opere en secreto mientras violan los derechos de las personas y nos hacen menos seguros a todos. Cualquier agencia federal, estatal o local que participe en labores legítimas de cumplimiento de la ley penal puede recibir una placa confidencial. Todos sabemos que eso no es lo que está haciendo ICE", dijo Jacqueline Manning, portavoz de la gobernadora Maura Healey, en comunicado enviado a El Planeta.
Qué es una matrícula confidencial y qué hace diferente
Una matrícula confidencial oculta la identidad del propietario o arrendatario registrado ante el RMV. Cuando alguien busca ese número de placa en el sistema del RMV, en el sistema del Departamento de Información de Justicia Criminal (DCJIS) o en el sistema federal NLETS, no aparece ningún nombre ni agencia.
Esto tiene una consecuencia importante para la seguridad pública local: si un agente de tránsito o un oficial de policía estatal detiene un vehículo con matrícula confidencial, no puede ver quién es el dueño registrado. En el caso de ICE, eso significa que las fuerzas del orden estatales y locales quedan sin información cuando intentan hacer cumplir leyes de tránsito u otras leyes.
Las placas no confidenciales, en cambio, sí permiten que agentes estatales y locales vean al propietario registrado. En el caso de ICE, aparecería la agencia como dueña del vehículo, no la identidad de un agente individual. El Estado resalta que su uso no expone a los agentes ni facilita el “doxing”, ya que no revela su identidad personal.
¿Qué es lo que le preocupa al gobierno federal?
Desde la perspectiva del gobierno federal, el argumento es que ICE y HSI realizan investigaciones sensibles sobre delitos federales, muchas veces con operaciones encubiertas, por lo que la visibilidad de sus vehículos podría representar un riesgo.
Sostienen que si los autos fueran fácilmente identificables —ya sea por placas gubernamentales o registros accesibles públicamente— los agentes podrían ser rastreados, sus familias expuestas o incluso las investigaciones comprometidas.
Justifican también bien que "los sospechosos podrían ser alertados de la presencia del oficial y huir, destruir pruebas o tomar contramedidas para evitar el arresto, haciendo que los arrestos sean más peligrosos para todos los involucrados", según la carta del DOJ.
Amenazas por el gobierno federal
Shumate también envió cartas similares dirigidas al fiscal general de Maine y a los gobernadores de Oregon y Washington. En todas, el DOJ argumenta que negar placas confidenciales a agentes del Department of Homeland Security viola la Supremacy Clause de la Constitución federal, que establece que las leyes federales tienen prioridad sobre las estatales.
"Esta política discriminatoria no solo es profundamente peligrosa en materia de seguridad pública, sino también descaradamente ilegal en materia de derecho constitucional. Debe retirarse inmediatamente; de lo contrario, los Estados Unidos tienen la intención de buscar una reparación judicial", agregó.
El acting Attorney General Todd Blanche respaldó la postura de Shumate en un mensaje en X: "Las políticas de santuario que obstaculizan a ICE en el cumplimiento de su misión de proteger la seguridad pública son inexcusables".
El plazo que fijó el DOJ vence el 22 de mayo. Si el estado no cambia su postura, el Departamento de Justicia ha indicado que buscará alivio judicial.
Por ahora, la respuesta del gobierno de Healey es que la política del RMV no cambiará.
"Esta es una agencia que ni siquiera puede ni quiere decirnos a quién están arrestando y por qué. No vamos a facilitar sus tácticas", compartió la portavoz de la gobernadora Maura Healey refiriéndose a ICE.
