De acuerdo a los nuevos documentos del caso, los abogados de Rothwell Energy Services expusieron en la corte que CITGO no cumplió con la entrega de información que se había solicitado en el proceso desde enero de 2020.
El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua, que supuestamente serían instaladas en Venezuela. La empresa demandante es del sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, fallecido bajo custodia del estado venezolano en 2018. Los contratos de CITGO fueron entregados con sobreprecio y de manera fraudulenta.
Las nuevas piezas incluye una lista de correos electrónicos de los funcionarios vinculados al caso, que son: Pereira, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, Boudreaux, Laymar Peña, Brian Paulson, Riccetti y Alejandro Escará del 14 de marzo de 2017, Riccetti, Hillman, Paulson, Peña, Boudreaux y Zambrano del 13 de marzo de 2017. Asimismo, los correos de José Pereira, Hillman y Zambrano correspondiente al 14 de marzo de 2017.
El juez Robert Schaffer, ordenó a a CITGO entregar los documentos relacionados con registro de privilegios modificado y, alternativamente ,producir los documentos del mismo para la inspección de la cámara en los próximos 30 días, empezando con los documentos fechados en 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018.
CITGO respondió por medio de su abogado Rey Flores que debido a que ellos estaban en desacuerdo con el argumento que el registro entregado por CITGO no proveía suficiente información sobre las evidencias requeridas.
Los documentos que se requieren pueden probar el esquema de corrupción que ha operado en CITGO por años, y que permitió que contratistas y funcionarios corruptos de la corporación consiguieran contratos de manera fraudulenta. Muchos de los ejecutivos y empleados de CITGO que participaron en la entrega de contrato siguen en sus puestos de trabajo, ratificados por la nueva junta directiva designada por la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó.
«Si hubiese voluntad de acción, el caso Rothwell permitiría que CITGO atacar la corrupción interna de la corporación», sostiene una fuente consultada por Venezuela Política. «Una acción efectiva a favor de los intereses de CITGO en este caso, hubiese sido contrademandar a Rothwell por conspiración para lo cual tenían que responsabilizar a los funcionarios corruptos que permanecen en CITGO, y que debieron haber sido investigados y retirados de sus cargos desde febrero de 2019 por haber aprobado contratos fraudulentos a sabienda que eran ilegales y que atentaban contra los intereses de los venezolanos, cuando la directiva designada por Juan Guaidó tomó las riendas de la filial de PDVSA en Estados Unidos», agrega la fuente que declaró en condición de anonimato debido a la persecución que hay en la empresa contra los empleados que denuncian la corrupción.
