Según el director para las Américas de Human Rights Watch, el presidente Nayib Bukele “desde luego que está a tiempo” de rectificar sus posturas y ordenar que las medidas para paliar la crisis del COVID-19 respeten el marco legal y los derechos humanos.
Poco después de circular un informe crítico con los abusos que ha propiciado el Gobierno, José Miguel Vivanco afirmó a El Diario de Hoy que es precisamente el objetivo del documento es señalar con claridad “las prácticas y políticas reprochables” que urge mejorar.
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.@nayibbukele ha impuesto reglas draconianas para enfrentar la Covid-19 en El Salvador. RESULTADO: cientos de detenciones arbitrarias, mayor riesgo de contagio y rompimiento del estado de derecho. Lea este informe sobre los abusos cometidos por Bukele👇https://t.co/OWhJteQMxc
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) April 15, 2020
“Por de pronto Bukele podría aclarar via Twitter que el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias son ilegales y no hacen parte de la política de contención del coronavirus. Esto ayudaría enormemente y es justamente una de las recomendaciones de nuestro informe”, afirma el experto chileno en derechos humanos.
José Miguel Vivanco considera que todo gobierno debe buscar atender esta crisis mediante medidas de aislamiento y distancia social. Esto para evitar un alza de los contagios de un virus que por su largo periodo de incubación puede expandirse sin ser detectado.
Sin embargo, estas políticas deben ampararse en todo caso en lo que la ley permite y el respeto sin excusas al estado de derecho y no por fuera, considera el experto.
“Para empezar, el gobierno debería acatar de buena fe las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a, por ejemplo, la prohibición de detener a alguien simplemente por violar la cuarentena”, manifiesta.
Además, el representante de HRW lamenta que “hasta ahora el gobierno ha ignorado, y peor aún, desafiado al máximo tribunal del país, lo cual en mi opinión representa una ruptura del estado de derecho”.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, tuiteó anoche que la nueva Ley de Emergencia Nacional que discuten busca dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala al considerar sanciones como “amonestación verbal, sanción económica de $50 y trabajo comunitario” a quienes violen la cuarentena.
Si el mandatario no rectifica, advierte Vivanco, además de ponerse en peligro la democracia, “el mayor e inmediato riesgo obviamente lo sufren cientos de víctimas de arbitrariedades, vejámenes, y, desde ya, en el contexto de la pandemia, aquellos que contraen al virus gracias a las políticas de Bukele”.
Fuente: El Salvador
