La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en in) sancionó hoy a ocho venezolanos que han estado involucrados en «organizar o apoyar de alguna manera la creación de la Asamblea Constituyente» y «participar en acciones antidemocráticas».
Entre los sancionados se encuentran seis miembros de la recién instalada Asamblea Constituyente: Francisco Ameliach; Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez; Erika Farías; Darío Vivas; Carmen Meléndez, ex ministra de la Defensa; y Hermann Escarra, miembro de la comisión presidencial de la Asamblea Constituyente.
El gobierno de EEUU también sancionó a un miembro de la agencia electoral CNE, la rectora Tania D’Amelio, y al coronel de la Guardia Nacional Bladimir Lugo, jefe de seguridad del Palacio Legislativo.
«El presidente (Nicolás) Maduro juró en esta Asamblea Constituyente ilegítima para afianzar aún más su dictadura y continúa estrechando su control sobre el país», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, a través de un comunicado. «El desprecio de este régimen por la voluntad del pueblo venezolano es inaceptable y los Estados Unidos estarán con ellos en oposición a la tiranía hasta que en Venezuela sea restaurada a una democracia pacífica y próspera».
Según el comunicado del Departamento del Tesoro «La AC, que busca reescribir la constitución venezolana y disolver las instituciones estatales venezolanas, fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano».
Este es el cuarto grupo de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de EEUU. Desde febrero de 2017, la OFAC ha sancionado a un total de 32 venezolanos, la mayoría funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami y ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las sanciones obedecen a la vinculación de los funcionarios en el narcotráfico o la vulneración de los derechos humanos.
Las sanciones se dan en medio de una ola de protestas de mas de cuatro meses contra el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, en la que más de 100 personas han muerto y más 1.400 han sido detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado.