Vivimos en una época en la que dependemos de la tecnología para casi todo y en la que nuestros teléfonos celulares contienen tanta información de nuestra vida privada y laboral que si este cae en manos de extraños les estaríamos entregando una llave que abre mil puertas y nos vuelve vulnerables.
La relación que tenemos con nuestros teléfonos móviles es casi de dependencia total, hasta el punto que uno puede llegar a preguntarse: ¿es este sólo un aparato para comunicaciones o una especie de hogar virtual?
Este martes los magistrados de la Corte Suprema debatieron sobre el rol de los teléfonos celulares, nuestra privacidad y derechos, la aplicación de la ley e investigación criminal, al revisar dos casos (U.S. vs. Wurie, y Riley vs. California) sobre el registro policial de teléfonos celulares sin órdenes judiciales.
Un narcotraficante y un pandillero pidieron que los jueces determinen si el registro de sus teléfonos tras su detención violó o no su derecho a la privacidad en esta era digital. Los magistrados de la Corte Suprema tienen ahora que buscar un equilibrio para no irrumpir con la privacidad de las personas pero tampoco limitar investigaciones y preocupaciones legítimas de las autoridades.
En los Estados Unidos parte de nuestra intimidad y privacidad están protegidos por la Cuarta Enmienda (IV – Fourth Amendment). Esta enmienda trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias, y fue establecida como parte de la Carta de los Derechos (The Bill of Rights) que fue establecida en 1791. De esa época acá todo ha cambiado, sobre todo la tecnología, por lo que es necesario que los magistrados de la Corte Suprema determinen si los policías pueden o no registrar los celulares de alguien al momento de ser detenidos sin necesidad de un permiso legal, lo que es un tema bastante delicado y que requerirá de mucho debate.
Actualmente La Casa Blanca y California defienden estos registros y argumentan que los teléfonos celulares no son diferentes a cualquier otro objeto que uno pueda llevar al momento de ser detenido. Por ley, la policía puede revisar las pertenencias de una persona sin una orden judicial al momento de ser detenido; sin embargo, este martes parte del debate dentro de la Corte Suprema se centró en que el teléfono ha dejado de ser un simple artículo para hacer llamadas. La magistrada Elena Kagan claramente dijo que ahora: «La gente lleva toda su vida en sus móviles».
Los magistrados cuestionaron y se mostraron firmes al objetar argumentos de representantes del gobierno de que la policía debe poder revisar los celulares de gente arrestada sin una orden judicial. Durante la sesión se debatió el tema de que los celulares contienen una gran cantidad de información privada y sensible, tanto como fotografías y comunicaciones que se extienden definitivamente más allá de lo que el arrestado pueda estar haciendo al momento de ser detenido, y que la información es muchísima. Al mismo tiempo los magistrados no descartaron lo valioso que puede ser la información en un celular para encontrar evidencia y luchar contra el crimen. La Corte Suprema está consciente de la delicada relación entre la privacidad y la seguridad.
Al acceder a un teléfono se puede acceder a una infinidad de información relativamente nueva y a muchísima información vieja. No solo eso, sino que por la versatilidad e impacto de los teléfonos celulares en nuestras vidas también se puede ver afectada la privacidad de aquellos que han estado en contacto con nosotros. En mi opinión es importante que los celulares estén protegidos bajo la ley y que se requiera de una orden judicial bajo la mayoría de circunstancias para acceder a estos y así evitar casos de abuso de poder y de discriminación si uno es arrestado/a. Pero al mismo tiempo estoy consciente de que si alguien no ha hecho nada ilegal no debe de temer nada; sin embargo lo preocupante es el hecho de tener que sacrificar el derecho a nuestra privacidad y acceder a dar más control a las autoridades quienes tal vez usen la excusa de buscar material presuntamente incriminador para castigar a gente criminal. El tema es bastante complejo y delicado, y una decisión sobre el caso se establecerá para finales de junio que esperamos respete la privacidad de las personas pero al mismo tiempo no interrumpa las investigaciones criminales.
