La hondureña Noelia Ramos, quien fue arrestada en la redada conducida en la fábrica Michael Bianco el 6 de marzo de 2007 en New Bedford, recibió una notificación del Immigration and Customs Enforcement (ICE) según la cual debía presentarse en las oficinas de Bedford con un boleto de avión comprado para abandonar el país el miércoles 18 de abril. Sin embargo, después de la presión ejercida por un grupo de activistas comunitarios y el apoyo del Senador John Kerry, la orden fue suspendida y se le otorgó permiso a para permanecer en Estados Unidos por un año más.

Ramos llegó hace cinco años y medio a Estados Unidos y es madre de un bebé de dos meses y una niña de cuatro años, quienes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Actualmente está atravesando por una depresión post parto, que ha empeorado con la angustia que le producía la posibilidad de ser deportada. «Tengo miedo de ser separada de mis hijos. A veces pareciera que algunos no tuvieran madre», explicó la centroamericana de 27 años en entrevista antes de ser notificada de la suspensión de su deportación.

El Movimiento del Estudiante Inmigrante (SIM, por sus siglas en inglés), apoyado por United We Dream, United Interfaith Action y Centro Presente, entre otras organizaciones activistas, emprendieron el 15 de abril una vigilia de dos días frente a la iglesia de Arlington Street e iniciaron un proceso de recogida de firmas para hacer presión. «No vamos a movernos de aquí hasta que recibamos buenas noticias», dijo con firmeza Nataly Castaño, una de las activistas, el martes 17 frente a la iglesia, durante una breve conferencia de prensa.

El Senador John Kerry y los representantes Frank Pallone (D-Nueva Jersey) y Luis Gutierrez (D-Illinois) escribieron una carta de denuncia en la que destacaron la situación de Ramos como un ejemplo de deportación a una persona no criminal y pidieron que el caso fuese cerrado.

La administración de Obama ha declarado en varias oportunidades que sólo serían deportados los criminales. En junio de 2011 el propio director de ICE, John Morton, envió un memorándum a todos los oficiales de este organismo explicando por escrito la posición de Obama y, destacando que cada caso debía ser evaluado por separado, con discreción. En agosto Obama anunció que se revisarían 300,000 casos pendientes de deportación y hasta ahora ICE sólo ha revisado la mitad.

«No estamos aquí sólo por el caso de Noelia, sino por cientos de familias que sufren la separación de sus miembros debido a las detenciones y deportaciones de personas sin record criminal», explicó Nataly Castaño. En 2011 más de 46,000 padres de niños nacidos en Estados Unidos fueron deportados, a pesar de la política de Obama.

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