WASHINGTON–Más de 5.000 hijos de inmigrantes languidecen en hogares sustitutos estatales del país porque sus padres vivían ilegalmente en los Estados Unidos, o fueron detenidos o deportados por las autoridades federales de inmigración.

Estos niños pueden permanecer varios años en hogares sustitutos, y algunos son ofrecidos en adopción cuando se anulan los derechos de patria potestad de sus padres. Como ni los funcionarios estatales ni los federales solucionan el problema, cada año otros miles de niños más están destinados al sistema de bienestar infantil.

«Los niños pueden permanecer en el sistema de cuidado tutelar por un período de tiempo indefinido», afirma Wendy D. Cervantes, vicepresidenta de políticas de inmigración y derechos de la niñez de First Focus, organización bipartidista de apoyo y promoción de Washington, D.C. «Esto provoca consecuencias graves a largo plazo en el desarrollo del niño. Y también ejerce un impacto negativo en el país en general, y un impacto directo en los contribuyentes. El hecho de que estos niños tienen padres equivale a que, en primer lugar, no debían estar dentro del sistema».

Un informe reciente del Centro de Investigaciones Aplicadas (Applied Research Center, ARC), institución de investigaciones de justicia racial, revela que cuando los métodos de aplicación de las leyes inmigratorias se interponen en el sistema de cuidado tutelar, las consecuencias para las familias inmigrantes pueden ser devastadoras y duraderas.

Los padres encarcelados o deportados no pueden volver reunirse con sus hijos, y los padres retenidos en centros de detención de inmigración son penalizados por no poder asistir a las audiencias en la corte de familia. También son penalizados por no cumplir los requisitos impuestos por la corte para recuperar la custodia de sus hijos. Por supuesto, desde la cárcel no hay manera de cumplirlos.

Además, a menudo los padres detenidos ignoran que pueden pedir que les devuelvan sus hijos en el momento de la deportación, o entregarlos a familiares en los Estados Unidos, o que se les permita regresar a su país de origen. Como los padres no pueden hablar, leer ni escribir en inglés, mucho menos pueden comprender las complicadas reglas judiciales, están con frecuencia desinformados sobre sus derechos legales o adónde han enviado a sus hijos. Y muchos no cuentan con abogados que los ayuden a transitar por el sistema de bienestar infantil.

«Las políticas y leyes de inmigración se basan en la hipótesis de que las familias tienen que, y deben, estar unidas, independientemente de que los padres sean deportados o no» explica el informe de ARC. «Del mismo modo, la política de bienestar infantil tiene como objetivo reunificar a las familias siempre que sea posible. Sin embargo, en la práctica, cuando las madres y padres son detenidos y deportados y sus hijos relegados al cuidado tutelar, la separación de la familia puede mantenerse por períodos prolongados. Con demasiada frecuencia, estos niños pierden la oportunidad de volver a ver a sus padres cuando una dependencia de la corte juvenil decreta la anulación de la patria potestad».

Encarnación Bail, una inmigrante indocumentada procedente de Guatemala que sostiene una lucha prolongada para recuperar la custodia de su hijo, ha confrontado muchos de esos obstáculos.

Bail perdió la custodia de Carlos, su pequeño hijo, en el 2008, año y medio después de ser arrestada y encarcelada por autoridades federales de inmigración durante una redada en la planta de procesamiento de aves donde trabajaba en Cassville, Missouri. Luego permaneció dos años en detención federal en espera de la deportación, primero en una cárcel condal de Missouri y posteriormente en una prisión federal de West Virginia. Durante su encarcelamiento, los familiares que cuidaban a Carlos se lo entregaron a un pareja de la localidad que no tenía hijos. Luego de que una corte del condado anuló los derechos de patria potestad de Bail, aduciendo que ésta había abandonado al bebé, la pareja adoptó

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