El Estado de Massachusetts anunció hoy nuevas políticas modelo y guías para que escuelas públicas, distritos, escuelas chárter y programas de cuidado infantil sepan cómo responder si un agente de inmigración se presenta en sus instalaciones.
Las herramientas que llegan al inicio del año escolar 2026-2027 explica a maestros, directores y proveedores de cuidado infantil qué hacer paso a paso como: designar un punto de contacto, revisar si un agente tiene una orden judicial válida, documentar cualquier interacción con las fuerzas del orden civiles, notificar a las familias y proteger la información confidencial de los estudiantes.
Líderes locales ya habían recibido la primera versión de esta guía estatal, publicada en mayo. Gladys Vega, presidenta de La Colaborativa en Chelsea, dijo entonces que la existencia de reglas claras para escuelas e iglesias "nos va a ayudar a tratar de parar estos procedimientos ilegales que han estado acosando a nuestra comunidad".
Qué exige el PROTECT Act a partir del 1 de septiembre
Bajo la ley, los arrestos civiles están generalmente prohibidos dentro de escuelas y programas de cuidado infantil sin una orden judicial. Además, cada distrito y programa cubierto debe tener su propia política por escrito lista antes del 1 de septiembre de 2026, o el primer día de clases, lo que ocurra primero.
Las protecciones de la ley aplican aunque una escuela o programa todavía no haya terminado de redactar su política interna, según precisó la administración.
Qué debe hacer el personal escolar
La guía distingue entre dos tipos de documentos que un agente de ICE puede presentar. Solo una orden judicial, firmada por un juez, obliga a la escuela a permitir el acceso a áreas no públicas o a un estudiante. Una orden administrativa, emitida por el propio ICE sin la firma de un juez, no otorga esa autoridad y el personal puede negar la entrada.
Si un agente pide hablar con un estudiante o llevárselo del salón, la escuela debe primero remitirlo a la oficina central del distrito y avisar de inmediato al padre o tutor. El superintendente debe consultar al abogado del distrito antes de responder. Sin el consentimiento informado y por escrito de la familia, o sin una orden judicial válida, el personal no puede entregar al estudiante.
La protección también cubre la información del estudiante, no solo su presencia física. Bajo la Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) y las regulaciones estatales de registros escolares, el personal no puede confirmar ni negar datos personales de un estudiante a un agente de ICE sin consentimiento familiar por escrito. La guía sugiere una frase estándar para estos casos: la escuela "no puede confirmar ni negar" la información solicitada.
Existen excepciones limitadas, como órdenes judiciales válidas, solicitudes de funcionarios de educación para auditorías, o emergencias de salud y seguridad reportadas a la policía o al Department of Children and Families. Fuera de esos casos, la regla general es no compartir nada.
La guía también pide a los distritos revisar qué cuentan como "información de directorio" (nombre, grado, fechas de asistencia, participación en actividades) y dar a las familias la oportunidad de excluir a sus hijos de ese directorio cada año, con la información traducida si el padre o tutor tiene dominio limitado del inglés.
El Department of Elementary and Secondary Education (DESE) publicó políticas modelo específicas para distritos escolares, escuelas chárter y colaborativas educativas. Los documentos cubren cómo designar puntos de contacto, cuándo involucrar a un abogado, cómo revisar órdenes judiciales, cómo documentar cada interacción y cómo avisar a un padre o tutor si un agente pide acceso a un estudiante o a su información.
"Este trabajo se basa en la guía que la administración emitió el año pasado, aclara cómo deben responder las escuelas y refuerza la necesidad de comunicación con las familias", dijo Pedro Martínez, Commissioner del Elementary and Secondary Education, en un comunicado.
Por separado, el Department of Early Education and Care (EEC) publicó su propia guía para centros de cuidado infantil con licencia, hogares de cuidado familiar y programas de cuidado antes y después de clases. La agencia también se asoció con la Massachusetts Office for Refugees and Immigrants para ofrecer entrenamientos de "Know Your Rights" a proveedores de cuidado infantil.
"Los niños y las familias merecen sentirse seguros y apoyados al acceder a educación temprana de calidad", dijo Amy Kershaw, comisionada del Early Education and Care, según el comunicado oficial.
El estado mantiene además un portal en línea, desarrollado junto a la fiscal general, para reportar presunta conducta indebida de agentes de ICE.
