La concejal de Boston Gabriela Coletta Zapata (Distrito 1) presentó hoy una ordenanza para fortalecer las protecciones a inquilinos durante inspecciones de violaciones al código de alquiler, incluyendo un aumento significativo en las multas a propietarios que incumplan la ley.
La propuesta llega en un momento en que Boston enfrenta una escasez histórica de vivienda, con rentas entre las más altas del país y un mercado que ha dejado a muchos residentes con miedo a reportar condiciones insalubres por temor a represalias o desalojo.
"Ningún residente debería tener miedo de reportar condiciones de vida insalubres o de hacer valer sus derechos legales por temor a represalias o pérdida de vivienda. Es nuestra obligación como ciudad garantizar políticas sólidas de protección a inquilinos para mitigar los impactos de la crisis de vivienda", dijo la concejal.
Multas más altas
La ordenanza propone cambios concretos a las tarifas que llevan más de una década sin actualizarse. La cuota de registro inicial subiría de $25 a $75, y la anual de $15 a $50. Las tarifas de inspección por violación pasarían de $15 a $150.
El cambio más significativo en términos de presión a propietarios: La multa por incumplimiento dejaría de calcularse por mes y pasaría a ser de $300 por día. Es decir, un propietario que ignore una violación durante 10 días enfrentaría $3.000 en multas, en lugar de los $300 que pagaría actualmente en un mes entero.
East Boston y Chelsea: Comunidades con más en juego
En vecindarios como East Boston y Chelsea, donde la concentración de familias latinas es alta, los desalojos informales y las represalias de propietarios han sido una preocupación documentada. La ordenanza busca mejorar la coordinación entre el Inspectional Services Department (ISD) y la Office of Housing Stability para que los inquilinos afectados sean conectados proactivamente con recursos de apoyo.
El ISD, que administra y aplica los códigos de edificación, vivienda, salud y seguridad de Boston, ha enfrentado limitaciones de personal y una carga de casos creciente en toda la ciudad que ha dificultado la aplicación consistente de las protecciones a inquilinos.
Copatrocinadores del Concejo Municipal
La iniciativa cuenta con el respaldo de dos concejales adicionales. El concejal Ben Weber, copatrocinador, destacó que la medida moderniza cuotas anticuadas y responsabiliza a los propietarios que no se registran.
"Los inquilinos en Boston enfrentan con demasiada frecuencia rentas altísimas, condiciones deficientes y desalojo si defienden sus derechos. Esta ordenanza fortalece las reglas que exigen que los apartamentos pasen una inspección, moderniza las tarifas para que el programa de inspección pueda continuar y protege a los inquilinos de las represalias de propietarios deshonestos", dijo Ben Weber, concejal de Boston.
El concejal en funciones Henry Santana también se sumó como copatrocinador. Santana, quien dijo ser inquilino él mismo, señaló que la propuesta busca mejorar la coordinación entre el ISD y la Office of Housing Stability para construir "un sistema que priorice la estabilidad, la rendición de cuentas y la dignidad".
Qué sigue: audiencia pública en los próximos meses
La ordenanza será sometida a una audiencia en los próximos meses. Los detalles de fecha y lugar se publicarán en los canales de redes sociales de la concejala Coletta Zapata.
Si tienes preguntas o quieres participar, puedes contactar la oficina de la concejala por teléfono al (617) 635-3200 o por correo electrónico a gabriela.ramirez@boston.gov.
Este debate legislativo se da en un contexto más amplio de crisis de asequibilidad en Greater Boston.
Como reportó hoy The Boston Globe, los fondos destinados a vivienda asequible en la ciudad están en declive justo cuando los desarrolladores necesitan más apoyo para sacar adelante proyectos. Para las familias latinas —que dedican una proporción desproporcionada de sus ingresos a la renta— la estabilidad en el apartamento actual puede ser la única protección real ante el mercado.
