Una propuesta de ley, que pretende proteger a los ancianos y otras personas vulnerables de las estafas financieras, será presentada a la a la Asamblea Legislativa a finales de este mes, por el Secretario de Estado, William F. Galvin.
La legislación propuesta por Galvin, obligaría legalmente a los empleados bancarios que realicen transacciones con un cliente de 60 años o más o con una persona discapacitada, a considerar si existen motivos razonables para sospechar si el cliente está siendo estafado o si las transacciones que realicen puedan considerarse razonablemente sospechosas.
Según un caso mencionado en el The Globe, que reseña el caso de una mujer que perdió 9,500 dólares en una sucursal del Bank of America en Marshfield, quien se puso en contacto con el Globe, diciendo que el banco debería haber tomado medidas para protegerla dadas las circunstancias.
Una abuela de 93 años entra sola en una sucursal bancaria de la que es cliente desde hace décadas y presenta un cheque al portador por valor de 9,500 dólares.
Es una cantidad elevada para que cualquier cliente la retire en efectivo, pero especialmente para alguien de su edad.
Lo que realmente ocurrió a principios de este año en un banco de Marshfield fue que la transacción se completó rápidamente, sin preguntas y con pocas palabras intercambiadas. Y resultó que la abuela estaba siendo estafada, aunque ella no lo sabía en ese momento.
Una revisión de sus transacciones anteriores habría demostrado que nunca había hecho una retirada de efectivo comparable a ésta. Y unas cuantas preguntas le habrían ayudado a darse cuenta de que algo iba mal.
Según la legislación, el banco estaría autorizado a retrasar cualquier transacción con una persona mayor o discapacitada que se considere sospechosa mientras sigue investigando, sin incurrir en responsabilidad civil por retrasar la transacción. Entre otras cosas, el banco podrá ponerse en contacto con los miembros de la familia en su investigación.
Y si los empleados del banco llegaran a la conclusión de que hay motivos de preocupación, tendrían la obligación legal de notificarlo “sin demora” por escrito a la oficina del secretario de Estado y a “cualquier organismo pertinente de servicios de protección de adultos”.
