El proyecto de reconciliación acordado por los demócratas del Senado tiene entre sus elementos aplicar sanciones monetarias para compañías que no cumplan con los derechos sindicales de los empleados, según personas con conocimiento del tema que hablaron bajo anonimato con Bloomberg.
Dicha propuesta está presente en el paquete de $3.5 billones que busca promover la política progresista de la administración Biden.
Las fuentes indicaron al portal que las multas económicas forman parte del proyecto de ley de reforma integral de la legislación laboral. Bajo esta, la Junta Nacional de Relaciones Laborales tendría la potestad para evaluar la aplicación de sanciones de hasta $50 mil y $100 mil para empresas reincidentes.
Apoyo sindical
La ley PRO, como es conocida la legislación que brindaría dichas medidas, tendrá que contar con el visto bueno del Senado; sin embargo, el umbral de los 60 votos a favor, y con una cámara dividida, hace difícil pensar que podrá ser posible.
En caso de poder concretar la legislación, los sindicatos darían un paso importante para establecerse en áreas no sindicalizadas y también daría luz verde al gobierno para sancionar a empleadores que violen los derechos de los trabajadores.
Bobby Scott, representante demócrata, figura como uno de los autores de la ley PRO: «La creación de sanciones económicas por actividades antisindicales ilegales finalmente disuadirá a los empleadores de violar la ley y protegerá mejor los derechos de los trabajadores», manifestó.
A juicio del funcionario, «las únicas personas que deberían preocuparse por estas sanciones son los ejecutivos que cometen prácticas laborales injustas y actualmente se salen con la suya».
Según las fuentes que hablaron sobre el tema con Bloomberg, los demócratas del Senado se han visto involucrados en el esfuerzo para discutir con los comités más destacados sobre las sanciones.
