SUCESOS. Un manifestante ataca a una entidad bancaria durante una nueva jornada de movilizaciones el 5 de mayo, en el centro de Bogotá. Foto: Efe/Juan Páez.
Beatriz de Majo, internacionalista. Foto captura de pantalla.

Por Beatriz De Majo

La reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta era la excusa perfecta para convertir a Colombia en un polvorín. Lo han logrado y los destrozos no alcanzan solo a la propiedad privada y a los negocios. Para esta hora son 25 los colombianos caídos y más de 700 heridos en las calles de las ciudades inflamadas por la violencia.

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Tiene sentido que haya molestia y desazón en el país por los enormes problemas sociales y económicos que lejos de resolverse se han profundizado durante el actual gobierno. Las razones aducidas no son válidas, ni siquiera su sumatoria: ni el drama sanitario ocasionado por la pandemia del COVID, ni el flujo desmedido de refugiados venezolanos, ni el recrudecimiento de la inestabilidad protagonizado por la guerrilla y por el narcotráfico, ni los desórdenes provocados en la frontera del Arauca, ni la inflación rampante.

Es cierto que el gobierno de Iván Duque ha tenido que actuar como prestidigitador, con muchas pelotas en el aire desde que le pusieron en las manos el Palacio de Nariño, pero ello no lo excusa de haber permitido que la situación del país se deteriorara y que la calidad de vida retrocediera tan aceleradamente.

Los destrozos y las muertes que se han visto en las calles como consecuencia de la convocatoria a paro no tienen correspondencia alguna con el hecho que las origina. Un proyecto de reforma tributaria por extemporáneo, por inconveniente y por injusto que sea, no es motivo suficiente para desordenar el país y producir un mayor descalabro en el momento en que Colombia necesita mayor calma.

Lo que ocurre es que esta equivocación de la administración de Duque de proponer un nuevo articulado para la Ley del Impuesto sobre la Renta ha sido muy bien utilizada como disparador para alimentar el descontento general. De lo que se trata es del aprovechamiento vil de la inconformidad colectiva en favor del caos, porque el caos siempre genera beneficios a quienes saben extraer proventos de él. Convertir en indignación y hartazgo la explicable decepción de muchos por la falta de avance en la solución de los problemas nacionales redunda en lo que hemos estado presenciando a través de la manipulación de las masas: desórdenes en los que son maestros los líderes de las izquierdas radicales que han ido cogiendo cuerpo y ocupando espacios en la tierra vecina. Es lo que llaman los filósofos franceses pro-totalitarismo la “Teoría de la Deconstrucción”.

El primer paso es cortar el flujo de la normalidad de un país con hechos violentos que inciden en la vida cotidiana. Se detienen los servicios de transporte, se siembra en la población el temor de salir a la calle, se impide el funcionamiento de los colegios. En dos platos se obstaculiza el funcionamiento normal de la sociedad como hicieron en Chile a fines de 2020.

De seguidas se inocula una mayor dosis de odio y de inconformidad de la población hacia las instituciones y sus representantes al utilizar la arenga pública para explicar cómo el levantamiento poblacional no es solo producido por la reforma tributaria sino que lo alimenta la pobreza, la desigualdad, el caos sanitario, la carestía de la vida.

Al fin, la meta es el desprestigio de las fuerzas del orden encargadas de contener el vandalismo y hacer retornar las ciudades a la normalidad. Hoy por hoy los uniformados colombianos no pasan de ser perversos represores.

El caos colombiano no se va a detener. El desorden seguirá pasando a más, y continuará siendo motorizado por una descolocada izquierda que tiene en la mira las elecciones de 2022. En menos de dos semanas una nueva convocatoria incluirá igualmente al componente indígena, otros de los grandes olvidados del devenir colombiano.

El fin último de todo esto es sintonizarse con las angustias de la gente, pero hacerlo de manera perversa.

Lo que le toca hacer al gobierno, a la institucionalidad y a los partidos del centro y derecha, así como a la prensa, los empresarios y a otras fuerzas vivas del país es restablecer pronto la vida ciudadana basada en el Estado de Derecho. Y en segundo lugar, conseguir fehacientes pruebas que evidencien que los operativos desestabilizadores vienen de los extremistas, del exterior además, y probar quiénes financian, asesoran o participan del proyecto de sembrar el caos.

Sentarse a negociar la ley que ya fue retirada no rima a nada.

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