Desde el pasado 28 de abril, Colombia se encuentra sumida en protestas debido al descontento por una reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque buscaba implementar en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país.
La reforma, que había sido anunciada el 15 de abril, tenía como objetivo -según lo establecido en el texto que presentó el gobierno- agregar impuestos a productos de la «canasta familiar, aumentar la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros», reportó CNN.
Pero fue el 28 de abril cuando ciudadanos de Bogotá, Cali, Medellín, entre otras ciudades colombianas, salieron a las calles para exigir que se derogara el proyecto de ley.
Sin embargo, aunque el presidente Duque ya retiró su proyecto de ley, las manifestaciones continúan; y según la Defensoría del Pueblo, luego de una semana de protestas, el país tiene un saldo de 19 muertos y más de 800 heridos.
CLAVE 1: Desigualdad
Las protestas en Colombia comenzaron el 21 de noviembre de 2019, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19 las mismas se vieron eclipsadas. Sin embargo, la reforma tributaria despertó nuevamente el sentir de quienes se oponen al modelo económico que hoy impera en el país andino.
Economistas coinciden en que el país necesita de una reforma que aumente el recaudo y que no solo permita «saldar el déficit y pagar la deuda», también mantener una reputación histórica como un Estado estable y responsable.
No obstante, lo propuesto por Duque fue visto por diversos especialistas como una propuesta ambiciosa, inoportuna por la crisis social que generó la pandemia, e insuficiente porque la misma no lograría proteger a las poblaciones más vulnerables.
Los miembros del movimiento Paro Nacional, grupo de manifestantes que hoy toman las calles, consideran que la economía colombiana «está anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros», informó la BBC; razón por la cual la reforma que Duque propuso junto a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, es vista como un reforzamiento del modelo económico que quieren acabar.
El Banco Mundial posiciona a Colombia como el segundo país más desigual en la región y el séptimo en el mundo. Pese a que es justamente el modelo económico el que le ha permitido al país posicionarse como uno de las naciones con mayor estabilidad macroeconómica durante un siglo, el modelo desigual y excluyente es el corazón de las protestas.
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CLAVE 2: Reforma policial
En un país azotado por la guerrilla, la confianza en las fuerzas policiales también está quebrada. En los últimos años se han reportado casos de brutalidad policial, lo que ha generado el descontento de la nación en el actuar de las autoridades.
Entre enero y el 28 de marzo del año en curso, la ONG Temblores reportó 146 abusos y 13 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, así como 86 presuntos homicidios durante el 2020.
En septiembre, las fuerzas de seguridad asesinaron a 13 ciudadanos durante la represión de una protesta en Bogotá.
Durante los últimos días de protestas, la ONG Temblores también ha documentado 940 casos de violencia policial e investiga la muerte de ocho manifestantes que presuntamente fueron atacados por la policía
Estos hechos han sembrado en la sociedad la necesidad de una reforma de la policía, en la que también se incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), cuerpo de seguridad encargado de reprimir las protestas.
En Colombia la policía tiene una particularidad: forma parte del Ministerio de Defensa y desde capacitación y lenguaje hasta sus objetivos están compuestos para hacer frente a un conflicto armado contra las guerrillas marxistas.
CLAVE 3: Reacciones
La madrugada del 5 de mayo ha sido hasta ahora la noche de mayor violencia entre fuerzas de seguridad y manifestantes, pues al menos 25 estaciones de policías en Bogotá, comúnmente llamadas CAI, fueron atacadas, 19 vandalizadas y tres quedaron completamente destruidas. Asimismo, los manifestantes intentaron quemar vivos a 15 policías que se encontraban dentro de un CAI, e incluso hubo agentes baleados y heridos con armas blancas.
Ante estas imágenes la comunidad internacional ha comenzado a manifestarse.
Por su parte, Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado de EE.UU., alegó durante una rueda de prensa por vía telefónica que «en todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica». Sin embargo, enfatizó su rechazo ante el «vandalismo», mientras hizo un llamado a las autoridades de Colombia para que logren mediar la situación ante el diálogo.
No obstante, Gregory Meeks, demócrata y expresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, instó a Iván Duque «a rebajar la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable».
