Por María Corina Roldán Robles | @macoroldan
Güiria, una pequeña población con 30 mil 934 habitantes ubicada en el estado Sucre (Venezuela), ha sido el centro de atención para los venezolanos en las últimas semanas. A pesar de ser conocido como un pueblo pesquero, en el que la conectividad es casi nula y sus residentes deben hacer grandes sacrificios para comunicarse con el exterior, su posición geográfica, a unos escazos 100 km de Trinidad y Tobago, ha atraído el interés de quienes intentan huir de la crisis.
De esos migrantes, muchos no tuvieron suerte. Se ahogaron en el mar.
A pesar que desde 2017 el periodismo venezolano ha denunciado los naufragios recurrentes, las alarmas se encendieron en la opinión pública desde inicios de diciembre cuando 16 venezolanos estaban desaparecidos en altamar después de haber sido deportados de la isla; las autoridades de Trinidad y Tobago ordenaron el regreso en bote a pesar de que el clima no era favorable. Sin embargo, tragedias similares en la zona fronteriza marítima ocurren de forma recurrente desde apróximadamente 2016, cuando inició el éxodo hacia las llamadas islas ABC (Aruba, Bonaire, Curazao), además de Trinidad y Tobago.
Los habitantes de las costas de los estado Falcón y Sucre, profundamente afectados por la crisis humanitaria compleja, empezaron a ver con buenos ojos el cruce marítimo pero este paso ha estado altamente afectado por “problemas como piratería, comercio ilícito, tráfico de personas; una serie de problemas transfronterizos que incluso en el año 2016, desde la Cancillería venezolana, se buscaban abordar para resolverse con Trinidad y Tobago,” explicó la socióloga experta en asuntos migratorios, Claudia Vargas a El Tiempo Latino.
La delincuencia organizada empezó a incrementar a medida que pasaba el tiempo y las deportaciones irregulares también. Además, después de una escandalosa orden de deportación a 85 venezolanos en 2018 hubo un “cambio radical” en el acercamiento del Estado trinitario hacia los venezolanos en estado de vulnerabilidad a la isla y el ministro culpó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur), explicó en exclusiva a este medio la directora de la ONG Trinidad & Tobago-Venezuela Solidarity Network (TVVN), Heidi Diquez. Esto hizo que se enfriaran las relaciones entre el organismo y la isla, haciendo que el gobierno trinitario se adhiriera a la ley migratoria de Trinidad para enfrentar la ola de venezolanos que estaban recibiendo.
No obstante, la ley migratoria de Trinidad y Tobago, que fue realizada en 1978 y actualizada en 2016, perjudica inminentemente al venezolano migrante en estado de vulnerabilidad considerando que en el documento hay un apartado en el artículo 8 donde se reflejan las “clases prohibidas” para optar por un estatus migratorio favorable en el que se le deniega la residencia en la isla a cualquier persona que pueda ser una carga para los fondos públicos del Estado trinitario (Art. 8 1-h).
Por otro lado, también niega tal consideración a los “idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas que sufren demencia y personas psicópatas” (Art. 8 1-a), y aquellos migrantes que tengan algún tipo de enfermedad o infección (Art. 8 1-b), o incluso sordomudos, ciegos, discapacitados y aquellos sean “físicamente defectuosos” (Art. 8 1-c).
En el mismo apartado que prohiben el ingreso de prostitutas y personas involucradas con la prostitución, se mecionan a los homosexuales como parte de las clases prohibidas (Art. 8 1-e), como también a los mendigos (Art. 8 1-g) y a quienes no puedan costearse vivir (Art. 8 1-n).
Finalmente, entre las clases prohibidas también se encuentran las personas que sean consideradas indeseadas por el Estado trinitario. Sin embargo, no se proporciona mayor detalle acerca de quienes podrían tener características que los hagan meritorios del término. De igual forma, el ministro de Seguridad Nacional de la isla, Stuart Young, tildó a los migrantes venezolanos como “personas indeseables” a finales de noviembre.
«Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, inmediatamente se convierte en una persona indeseable, y deberá afrontar consecuencias judiciales, y a los venezolanos legales en la isla les decimos: si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en Trinidad, su permiso será revocado y también será deportado».
Al respecto, Vargas resaltó que la ley “es muy restrictiva, no tiene enfoque de derechos humanos y no está diseñada para población con necesidad de protección, como es el caso de la sociedad venezolana porque no dan solicitudes de asilo y refugio.”
Si se logra llegar, la pesadilla continúa
Vargas, quien también es profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB), comentó que “los procesos judiciales que se le levantan a los migrantes son muy discrecionales”, y es que la ley migratoria, en el artículo 27 establece que si una persona que pertenece a las “clases prohibidas” expuestas en el artículo 8 es deportada, esta no tiene el derecho a la apelación.
Asimismo en el artículo 29-11 ordena que las personas deportadas pueden ser regresadas en bote hacia su país y que el Estado trinitario se hará cargo mientras se encuentren en aguas del territorio de la isla porque durante ese período siguen bajo la figura de detenidos. Esto atenta contra el principio de no devolución fijado en la Convención de Refugiados de 1951 de la cual Trinidad y Tobago es signatario. La isla también es firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como de la Convención para los Derechos de las personas con Discapacidad firmada en el 2007, entre otros tratados.
“A veces ellos (los migrantes) están en condiciones inhumanas en los centros de detención y (en ocasiones) en los juicios no les ponen traductores. Es un país donde los venezolanos no tienen un adecuado proceso de integración; muchas veces los niños a veces quedan solos en Trinidad y Tobago o en Venezuela porque sus padres desaparecen o son deportados,” relató la experta en migración.
De hecho, Diquez agregó que “aquí yo creo que nunca han reconocido abiertamente que aceptan el refugio y la condición que da el Acnur”.
La directora de la ONG explicó que la ley de educación no discrimina nacionalidad, pero que el Estado de Trinidad y Tobago optó por adherirse también a la ley migratoria en este aspecto desde hace dos años. Por lo tanto, para ingresar a la educación formal se requiere de un permiso estudiantil que es únicamente concedido si los padres del estudiante tienen un estatus migratorio legal, o permiso para trabajar en la isla.
Además, Diquez expresó que en materia de salud, Acnur tampoco está haciendo un proceso de reasentamiento: “Aquí no le dan asistencia médica”, y que en caso de la trata de blancas, la isla promulgó una ley relacionada “pero no la están cumpliendo. Aquí la policía no está haciendo nada con los negocios. Creo que la policía son los principales cómplices, y protegen la trata. Son parte de la red. Es muy grande, muy delicado. “
“No se han podido ir de aquí, porque están bajo órdenes de supervisión, o por la Corte. El Estado tiene la obligación de mantenerlas seguras y eso no está pasando”, denunció.
Por último, en las últimas dos semanas, han sacado del aire a dos periodistas que recurrentemente hablaban sobre asuntos migratorios relacionados a los venezolanos y le cancelaron la columna a otro conocido regionalmente como Darren.
“Aquí nadie está diciendo que abran las fronteras y dejen entrar a todos, aquí más bien tenemos años diciéndoles (al Estado trinitario) que protejan a las fronteras para que protejan a la población (vulnerable) venezolana porque hay una cantidad de guardacostas, policías y colectivos venezolanos que están tratando con personas,” remató Diquez.
¿Está el venezolano desamparado en Trinidad?
La ONG TTVSN se ha visto en la ardua labor desde 2018 de ayudar a los venezolanos que se encuentran en la isla en estado de vulnerabilidad. Entre los que más han hecho foco han sido los niños, quienes por ser inmigrantes, no tienen la posibilidad de conseguir un permiso para estudiar si sus padres no están regularizados.
La idea surgió desde que la embajada de EEUU, que les han dado un apoyo incondicional a la ONG, empezó a hacer mesas redondas enfocada en la ayuda a migrantes, y finalmente TTVSN se alió con Daware, una plataforma digital que permite estudiar el bachillerato de forma online con un título normativas educacionales del estado de la Florida, para graduar jóvenes venezolanos que no podían ejercer sus estudios en la isla.
A pesar de que la TTVSN firmó un acuerdo con Acnur y UNICEF en 2019 para ejecutar un Programa de Educación Nacional para Migrantes, este no fue fructífero y la ONG optó por continuar con el bachillerato online. Sin embargo, han conseguido apoyo de UNICEF para el pago de profesores.
Además, la Organización Internacional de Migración (OIM) ha ayudado con renta y comida a las mujeres que han sido víctimas de las redes de trata de blancas y se encuentran con procesos judiciales abiertos. En este aspecto, la ONG se unió con el Pan American Development Foundation (PADF) para que apoyen en la parte administrativa de Daware y proporcionen cursos de emprendimiento en distintas áreas para las mujeres venezolanas que se encuentran en esta situación.
“Se trata de personas desaparecidas, se trata de personas que sí llegaron a Trinidad y Tobago o que están siendo víctimas de trata y son fronteras porosas, es decir, que tienen múltiples problemas porque ¿cómo las controlas? Entonces allí habría que haber una regulación muy intensa tanto de un país como de otro y eso actualmente no existe,” concluyó Vargas.
