La acusación formulada por el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, de ningún modo se pueden considerar como arbitraria o inconsistente, pues detrás de ella hay años de investigación, a los que se suman diversos informes y estudios que comprueban que el gobierno venezolano ha devenido en una organización criminal.
Los delitos por los cuales acusaron al presidente de la república de Venezuela, Nicolás Maduro y a catorce funcionario y exfuncionarios venezolanos, el pasado 26 de marzo de 2020 son los siguientes:
1) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;
2) Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;
3) Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión; y
4) Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.
Los acusados
Junto a Maduro han sido acusados también el vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Una acusación de reemplazo que dio a conocer la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), incorporó a los siguientes funcionarios:
1) Diosdado Cabello Rondón, de 56 años de edad, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente;
2) Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, de 59 años, exdirector de inteligencia militar;
3) Cliver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, ex-general de la Fuerza Armada;
4) Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», de 64 años, miembro máximo órgano de dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a saber, la Secretaría de la FARC; y
5) Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como «Jesús Santrich», de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo del grupo guerrillero terrorista.
La base de la acusación
Sostiene la acusación que el régimen venezolano, ahora en manos de Nicolás Maduro Moros, se encuentra “plagado de criminalidad y corrupción», según lo refirió el fiscal General Barr, quien agregó expuso que, por más de dos décadas, el mandatario y varios de sus colegas de alto rango “supuestamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses”.
Una sospecha que coincide con lo afirmado por el periodista y experto y experto estadounidense en temas de seguridad nacional, Douglas Farah, quien luego de investigar por más de cinco años en once países junto a Caitlyn Yates, investigadora de la Universidad de Texas, presentó en abril de 2019 el informe denominado “La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”.
En ese informe se concluye que Nicolás Maduro —y previamente Hugo Chávez— convirtieron a Venezuela en una “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana [que] es una estructura única, construida con la participación directa del Estado, actuando en forma criminal y operando a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales.
La investigación señala que «esta acción criminal cuenta con apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza democrática y las alianzas de los Estados Unidos en el hemisferio occidental».
De acuerdo a este estudio, después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió la herencia del finado mandatario en 2013 y, desde entonces, la red criminal se extiende “a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros”.
En Venezuela, los efectos de esta empresa criminal llevaron a que la economía venezolana se contrajese en más de un 50 por ciento, mientras que por lo menos 10,5 por ciento de la población venezolana tiene que vivir como refugiada. Una situación que impone enormes costos a los vecinos regionales de Venezuela
Farah y Yates refieren que las actividades desarrolladas por el régimen venezolano, las cuales se traducen en lavado ilícito de dinero, “socava el estado de derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas. Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen”.
Concluyeron que «La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada».
Con Farah coincide Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS por sus siglas en inglés) y autor del capítulo “Tendencias del crimen organizado en Venezuela” en el libro Reconceptualizando la seguridad en las Américas en el siglo XXI, quien agrega, con base a un conjunto de investigaciones, que en Venezuela, con el apoyo del gobierno cubano, opera un canal criminal-terrorista dirigido a encauzar fondos y drogas desde América Latina hacia el Medio Oriente, a cambio de resguardo a combatientes extranjeros y terroristas islámicos.
Estudios del Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insight Crime), lo han llevado a afirmar que la corrupción y el débil estado de derecho convirtieron a Venezuela en un país clave para el tránsito de grandes cargamentos de drogas desde Colombia hacia estados Unidos y Europa, lo cual se acentuó en la primera década del siglo XXI, cuando la a Fuerza Armada pasó a tener un especial protagonismo en el narcotráfico, al haber conformado el “Cartel de los Soles“.
En tal sentido, el objetivo de la acción judicial emprendida contra Maduro y el resto de funcionarios señalados, apunta a la necesidad de “erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», sentenció el fiscal William Barr.
A confesión de partes…
Lo afirmado por los estudios e investigaciones, así como por los fiscales de los EE. UU. lo sostiene quien es uno de los protagonistas de este caso, a saber, Hugo Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar, quien en una entrevista concedida a la periodista Ibéyise Pacheco para el Diario Las Américas en octubre de 2019, mientras aguardaba el pronunciamiento de la Audiencia Nacional de España sobre su extradición a los Estados Unidos, formuló importantes declaraciones que comprometen a Nicolás Maduro, a la Fuerza Armada y a miembros del alto gobierno venezolano.
Conocido como “El Pollo”, el exgeneral afirmó sin ambages que “toda Venezuela es ruta del narcotráfico” y agregó: “La droga la transportan para su exportación por todas las vías del país. Las autoridades deberían y podrían evitar eso, pero hay intereses dentro del Gobierno de Maduro para que eso continúe”.
Y aunque niega la existencia del “Cartel de los Soles” y cataloga los señalamientos de su existencia como un mito —pues “te puedo asegurar que [ la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB] no está estructurada como un cartel”— sí admite que el narcotráfico a infiltrado a la institución castrense.
De este modo, Carvajal reconoce que el gobierno y la Fuerza Armada de la que formó parte, opera el narcotráfico en Venezuela. “La droga la transportan para su exportación por todas las vías del país. Las autoridades deberían y podrían evitar eso, pero hay intereses dentro del Gobierno de Maduro para que eso continúe”.
Considera que la FANB está en franco deterioro moral, donde “se lucran del tráfico de droga y el Gobierno lo permite, es más lo estimula, aunque no necesariamente la institución opera como una estructura organizada. Repito, toda Venezuela está al servicio del narcotráfico porque la voluntad del Presidente no pasa por evitar la criminalidad. Ninguna exportación de drogas excluye la complicidad de funcionarios del Estado en puertos y aeropuertos. De eso se trata. Es la burocracia del Gobierno al servicio del delito”.
