La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló el pasado lunes 27 de enero a favor de una polémica medida migratoria del presidente Donald Trump que limita la residencia permanente a los inmigrantes que requieran asistencia gubernamental. Se trata de la llamada regla de «carga pública».
La normativa fue establecida por Trump en octubre del año pasado, pero varios estados la retaron en cortes inferiores impidiendo su vigencia. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal permitió su entrada en vigor desde el 24 de febrero pasado.
La regulación establece nuevos parámetros para determinar a qué inmigrante, el Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS, por sus siglas en inglés) le aprobará o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente o una extensión de visa, a fin de evitar que en cualquier momento el extranjero se convierta en una carga pública.
Expertos en leyes de inmigración explican a El Planeta quiénes podrían ser afectados por esta regla y qué tipos de beneficios son los que especifica la regulación.
1- La carga pública no afecta a todos los inmigrantes
La regla impactaría a cualquier extranjero sin residencia permanente que haya recibido uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total dentro de un período de tres años, y que planee solicitar la visa de inmigrante (Greencard) en el futuro.
Los inmigrantes con visa (exceptuando residentes, asilados y refugiados) que han obtenido estos beneficios, van a tener problemas obteniendo sus papeles permanentes en el futuro y, por ende, encontrando una vía hacia la ciudadanía.
Un documento de USCIS especifica que los padres de niños que reciben los beneficios no se verán afectados.
Además la regla final “no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”, señala la publicación.
Tampoco afectará a asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, indica la norma.
2- Las personas que ya tienen residencia permanente o están en proceso de obtenerla, no se verán afectadas.
La regla no es retroactiva y quienes ya cuentan con una residencia permanente o tienen doble ciudadanía, no serán impactados. La norma tampoco afectaría a quienes ya están en proceso de recibir su residencia.
Las solicitudes de visa o cambio de estatus presentadas antes de la publicación de la nueva regla, no califican ya para la norma de “carga pública”. Solamente aquellas que sean recibidas 60 días después de su publicación.
En este sentido hay que recalcar que cualquier residente permanente que esté recibiendo estas ayudas, no debe renunciar a ellas, pues una vez que ha obtenido la residencia, no va a perder sus papeles.
-La regla entró en vigor el 24 de febrero y no es retroactiva
A raíz de la orden de El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que comenzaba a aplicar la “regla de carga pública” a partir del 24 de febrero del 2020, lo que quiere decir que cualquier solicitud de residencia o visas de no inmigrante que haya sido presentada antes de esa fecha, no será afectada.
Lo mismo ocurre con beneficios recibidos antes del 24 de febrero: no serán tomados en cuenta, a menos que sean en efectivo (cash assistance) o un período prolongado de internamiento institucional pagado por el gobierno. El nuevo reglamento de carga pública no es retroactivo es decir, no se tomará en cuenta para beneficios o trámites previos a la fecha de inicio de la misma el próximo 24 de febrero de 2020.
4- Tome en cuenta cuáles son los beneficios incluidos en la norma de carga pública
El abogado Luis Salgado; quien ha trabajado por más de 30 años en el tema migratorio, en Washington, DC; explico a El Planeta cuáles son los beneficios que se considerarían “carga pública”. “La lista de beneficios públicos que podrían afectar la aprobación de la residencia fue ampliada. Están divididas en cuatro rubros”, dijo.
-Salud: Aquellos que reciben el Medicaid financiado por el gobierno federal, con ciertas excepciones. “Las personas que no tienen documentos migratorios no tienen acceso al Medicaid, pero sí en ciertos casos de emergencia, como pacientes con enfermedades graves, en el caso de deficiencia renal que requieren una diálisis para vivir”, explicó.
-Alimentos: Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, al cual se le conoce como programa de estampillas de comida o “Food Stamps”).
-Dinero en efectivo: Aquí se incluye cualquier asistencia financiera en efectivo cuantificable, como Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). También el ingreso suplementario del Seguro Social (Supplemental Security Income – SSI).
-Vivienda: Programa de la Sección 8 que otorga vales para el alquiler de viviendas.
También el de la asistencia para la Vivienda Pública de la Sección 9, establecido por la Ley de Vivienda de 1937.
Pero advierte que aquellos que están realizando un ajuste de estatus deberían ser cautelosos antes de recibir cualquier tipo de ayuda.
“Aunque se sabe que solo se verían impactados aquellos que reciben ayuda durante un año. El problema es que con esta Administración nunca se sabe cómo se va a interpretar la ley”, dijo.
5- Hay beneficios que no se consideran “carga pública”
Dentro de los programas de asistencia de gobierno que no contarían como carga pública se encuentran:
-La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) más conocido como Obamacare. En la actualidad, las personas que cuentan con un estatus temporal pueden acceder a este programa, como los protegidos por el TPS.
-El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, en inglés), referente a la ayuda que se les otorga hasta que el niño cumple 5 años.
-El seguro médico para niños, Children’s Health Insurance Program (CHIP).
-El programa Head Start de apoyo educativo a familias de bajos ingresos con niños menores de 5 años.
6 – La medida se ha considerado “política”, y la lucha no ha terminado
Abogados y activistas locales y nacionales han indicado que la lucha legal contra el nuevo reglamento de carga pública no ha terminado, al tiempo que buscaron calmar a la comunidad y esclarecer las dudas en torno a la medida, que no se aplica a muchos inmigrantes ni a todos los tipos de beneficios y que comenzará a aplicarse únicamente a solicitudes presentadas después del 24 de febrero.
La congresista de Massachusetts Ayanna Pressley opinó: «La decisión de adoptar la definición del [Departamento de Seguridad Nacional (DHS)] de carga pública es preocupante y legalmente prematura». Alegó que tal vez no tenga éxito en el futuro por ser incongruente con otras leyes federales: “Cinco tribunales de distrito federales emitieron medidas cautelares temporales que impiden que la regla de carga pública del DHS entre en vigencia, encontrando que los peticionarios probablemente tendrían éxito en su argumento de que la regla es incompatible con la ley federal».
La congresista de Los Ángeles, Judy Chu dijo que la medida “le pone precio a la entrada a los Estados Unidos y me temo que será la causa de hambre y enfermedad para familias que quieran tener acceso a programas a los que tienen derecho”. La congresista, quien ha presentado un proyecto de ley (HR 3233) para prohibir el gasto de fondos públicos en aplicar esta regla, predijo que esta afectará la economía “porque afectará a familias”.
Eva Millona, directora Ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA) declaró: «Este es un golpe devastador para los inmigrantes de la clase trabajadora, que etiqueta a las personas como indeseables si no son ricas, saludables y educadas a la llegada. Lo peor de todo, al enmarcar su prueba de medios en términos de uso potencial de los beneficios públicos, esta regla ha hecho que muchos padres inmigrantes tengan miedo de acceder a los programas a los que sus hijos tienen derecho, y que hacen que nuestras comunidades sean más fuertes y saludables».
Alvaro Huerta, abogado de NILC, reiteró que la decisión de la Corte Suprema simplemente permite que el reglamento se aplique mientras las diversas demandas judiciales contra la medida continúan avanzando en el sistema legal estadounidense.
Apuntó que la orden de SCOTUS se aplicará en todo el país, excepto el estado de Illinois, donde todavía hay una prohibición vigente.
“Esto no se acaba aquí”, dijo Huerta. “Esto puede tomar algunos meses o incluso años. Los abogados seguirán luchando contra este reglamento”.
Explicó que aunque el reglamento “abarca menos de lo que temíamos”, hay confusión sobre lo que significa y a quien se aplica, por lo que hay familias que temerán recibir beneficios a los que tienen derecho por temor a perder futuras oportunidades de ajustar su estatus.
“En cierta forma, el daño está hecho, porque el reglamente está causando confusión”, dijo Mayra Alvarez, presidenta de la organización Children’s Partnership. “Muchos programas no están incluidos, así que recomiendo a la comunidad que no rechacen ningún beneficio que necesitan antes de informarse bien con una organización comunitaria”. Álvarez invitó a la comunidad a buscar un experto legal en este sitio web.
