Un tribunal federal de Washington se enteró de que la administración Trump acababa de deportar a una madre y a su hija, quienes son las demandantes en un proceso contra la violencia pandillera y doméstica en el país.
Como medida el juez exigió que la administración diera la vuelta al avión que llevaba a los demandantes a Centroamérica y los trajera de regreso a los Estados Unidos. Ordenando además que dejara de sacar del país a los demandantes en el caso que buscan protección contra la violencia pandillera y doméstica.
El juez Emmet Sullivan, del Distrito de Columbia, presidía una demanda presentada el martes por la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro de Estudios de Género y Refugiados. Ya con anticipación el gobierno le había asegurado en audiencia pública al juez que ningún demandante en el proceso sería deportado antes de la medianoche del viernes, promesa que no se cumplió.
Según reporta NBC News «Carmen y su hija están ahora mismo en algún lugar en el aire entre Texas y El Salvador».
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional explicó a NBC News que «cumpliendo con la orden de la corte, y a su llegada a El Salvador, los demandantes no desembarcarán y serán devueltos inmediatamente a los Estados Unidos».
Con información de NBC News
