Diez magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, nombrados legalmente por el Parlamento opositor de ese país, se encuentran en EEUU tras la voraz persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los funcionarios se organizarán como cuerpo colegiado para asumir sus funciones Constitucionales y trabajar de la mano de ONG e instituciones de justicia en al menos cinco países.
La información la dio a conocer el juez electo, Miguel Ángel Martín junto a su colega, Ramsis Ghazzaoui, en un foro realizado en la sede de la organización Freedom House en Washington DC, llevado a cabo junto a El Tiempo Latino y Tu País Foundation.
“El objetivo en EEUU es iniciar funciones como magistrados, no desde el punto de vista jurisdiccional, sino de nuestro deber Constitucional para luchar por la soberanía de nuestro país, el rescate de la democracia y el Estado de Derecho resquebrajado en Venezuela”, declaró Martín.
Según Ghazzaoui, además de USA, visitarán Colombia, Argentina, México, España y Bélgica (Parlamento Europeo en Bruselas).
La designación
El TSJ en Venezuela está compuesto por 32 magistrados principales. En esta oportunidad la Asamblea Nacional designó 33, incluidos los suplentes. La diferencia de otros procesos similares anteriores, es que antes de realizar tal nombramiento más de 7 millones y medio de votantes respaldaron la renovación de poderes.
“Formamos parte de un cuerpo colegiado que ha sido designado, elegido y juramentado, siguiendo los pasos estrictamente como lo establece la Constitución vigente en Venezuela y la ley, es inédito porque se produce la legitimidad de origen, que es parte del nombramiento hecho por la Asamblea Nacional, se creó un comité conformado por diputados del parlamento y miembros eminentes de la sociedad civil, se abrieron las postulaciones e inscribieron a unos 156 profesionales para aspirar al cargo de mayor jerarquía en el sistema de justicia venezolano, como es el de magistrado del TSJ”, aseveró Martín.
La revisión de las credenciales de los participantes fue exhaustiva por parte del comité, quien además realizó entrevistas personalizadas a cada postulante sobre la visión de la justicia en Venezuela, la ley y la sociedad. Todos los pasos se cumplieron a cabalidad, a diferencia de la designación de los jueces que ahora usurpan los cargos, la cual se realizó por la Asamblea Nacional chavista saliente en 2015 con una serie de irregularidades que violan la Constitución .
La persecusión
Los magistrados aprovecharon la oportunidad para denunciar las torturas, tratos crueles e inhumanos que sufre su colega, Ángel Zerpa, detenido de manera ilegal por el régimen de Maduro. Martín aseguró que “se encuentra en un baño y sin comida” hace más de 20 días.
“Apenas ayer recibió la visita de sus familiares y evidentemente la tortura y forma tan clandestina como ha sido tratado el caso del compañero Zerpa tiene que llamarnos la atención. Esta fue una detención inconstitucional e ilegal porque para poder enjuiciar a un magistrado del TSJ, así como al presidente o vicepresidente de la República tiene que declararse un Antejuicio de Mérito por la Sala Plena. Por supuesto, en el caso nuestro no podían hacerlo porque nosotros formamos parte de ella”, indicó.
No solo en USA se encuentran los funcionarios nombrados por la Asamblea Nacional para ejercer sus funciones, luego de la consulta popular que se realizó el 16 de julio, para rechazar la Constituyente de Nicolás Maduro, exigir a la Fuerza Armada Nacional su apego a la Constitución y renovar los poderes públicos. Otros lograron llegar a Colombia, mientras que algunos se mantienen en embajadas.
La razón de la movilización responde a la fuerte persecución que inició el régimen venezolano en su contra, luego de que sus nombramientos. Hasta ahora, Zerpa es el único detenido.
“A partir de ahí comenzó una instigación y persecución voraz para cada uno de nosotros y familiares. Lamentablemente y con mucha tristeza debo decir que fueron congelados nuestros bienes y cuentas bancarias, nos emitieron prohibiciones de hacer cualquier tipo de documentación con un funcionario notarial, nos declararon prohibición de salida del país y abrieron un procedimiento judicial en un tribunal militar”, puntualizó Martín.
Este proceso penal ante instituciones castrenses es inédito, pues además de juzgar civiles, como lo han hecho de manera ilegal con manifestantes solo por ejercer su legítimo derecho a la protesta, esta vez se trata de los máximos jerarcas de la justicia en el país. Para el jurista, “la maldad de Nicolás Maduro y su régimen pasó el límite de cualquier racionalidad y coherencia”.
Antes de salir del país, el grupo que pudo llegar a EEUU, estuvo en la clandestinidad, como el resto de sus colegas, mientras que trabajaban juntos, pero luego tuvieron que tomar la decisión de salir para resguardar sus vidas y las de sus familias. “Agarramos una lancha rápida a las islas del Caribe para después tomar un avión y llegar aquí”, relata el funcionario.
Resulta importante destacar que sin la presencia de los jueces electos en el máximo ente de justicia, las sentencias o decisiones que emanen de allí no tienen ningún tipo de validez, según explican las autoridades judiciales desde el exilio.
La presión internacional
Sobre el apoyo internacional, los magistrados coinciden en que debe establecerse un cerco para acorralar al régimen. En ese sentido, Julio Borges, actual presidente del Parlamento venezolano, indicó que la presión de los países del hemisferio rinde sus frutos.
En una participación dentro del evento, vía Skype, dejó claro que la actuación de los países que se han pronunciado en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida de forma fraudulenta, según denuncia la oposición, ha ido más allá de comunicar su rechazo, al no reconocer las decisiones que emanen de ella.
El político militante del partido Primero Justicia (PJ), también defendió la posición de factores de la oposición que postularon candidatos a las próximas elecciones regionales, acción que ha sido muy cuestionada, pues entrarían en las reglas del juego del régimen con un Consejo Nacional Electoral que habría manipulado los resultados que validaron la ANC, que busca reformar la Constitución y otorga poderes por encima de la misma, gracias a los cuales, la dictadura de Maduro destituyó a la Fiscal General y asumió las competencias del Parlamento, en lo que fue considerado otro golpe de Estado. Previamente el TSJ oficialista había emitido una sentencia en la que usurpaba sus funciones.
“Fuimos a elecciones regionales para dar testimonio de que somos demócratas luchando contra una dictadura en el país”, dijo Borges.
