Al Registrador de Testamentos y Asuntos de Familias del condado de Suffolk, Felix D. Arroyo, le han ofrecido la opción de retornar a su puesto de trabajo, tras haber sido suspendido en febrero por causas que no están completamente claras.
De acuerdo con un comunicado de Paula M. Carey, jefa de justicia de la Corte de primera instancia, Arroyo podrá regresar a su trabajo el 2 de octubre, ocho meses después de que fue suspendido bajo permiso remunerado.
«El Tribunal de Primera Instancia ha trabajado con Arroyo en su plan de regreso para abordar los objetivos deseables de organización, contratación y capacitación, incluyendo nuestro acuerdo para la adición de un nuevo cargo de asistente de registro», escribió Carey.
Arroyo no tardó en responder: «Estamos profundamente preocupados por la propuesta del Tribunal de Primera Instancia. Su insistencia en imponer condiciones que no están previstas en los estatutos es consistente con el racismo institucional que registra Arroyo y su personal de color experimentado sobre una base regular», se lee en un comunicado del jefe de campaña de Arroyo, Patrick Keaney.
Además, pidió una investigación sobre racismo institucional en el Tribunal de Primera Instancia. «Su deseo de limitar los solicitantes para una posición clave sólo a los ‘insiders’ es consistente con el amiguismo que Arroyo tuvo que enfrentar durante su mandato. No es solo que estos trabajos ya están publicados, sino que se cerrarán antes de que Arroyo regrese a su cargo para el que fue debidamente electo. Además, necesariamente limitará el número de mujeres y personas de color que pueden solicitar, debido a la falta de diversidad del Tribunal de Primera Instancia» a, añade Keaney.
Jennifer Donahue de la Corte de Primera Instancia dijo que esta semana fueron publicados dos puestos directivos para «acelerar el proceso de contratación y permitir que Arroyo realice entrevistas con un grupo de candidatos en septiembre, antes de su regreso en octubre».
Arroyo, un ex concejal de Boston que recibe casi 140.000 dólares al año en su cargo como Registrador, fue suspendido dos años después de que comenzó su período de seis años. Los funcionarios de la corte dijeron que habían descubierto graves deficiencias en las operaciones de su oficina, «suficientes para amenazar la capacidad del tribunal para servir al público». Sus hallazgos incluyeron decenas de archivos extraviados, cientos de dólares en cheques no procesados y una supuesta falta de consideración por parte del público. El registro, que tiene 33 empleados, maneja divorcios, testamentos, casos de la custodia del niño, y otros trámites relacionados con la familia.
No obstante, Arroyo y su abogado han alegado que la verdadera causa de la suspensión tiene que ver con un sabotaje interno de un grupo de subordinados que tienen años en la oficina y se resisten a los esfuerzos de diversificar el equipo de trabajo y contratar nuevos empleados bilingües para asistir a los residentes que no hablan inglés.
