WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos está rápidamente buscando la manera de ensamblar una fuerza de deportación nacional que el presidente Donald Trump prometió durante la campaña electoral mientras se quejaba de los peligros que representaba la inmigración ilegal.
Una evaluación interna del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) obtenida por The Washington Post muestra que el ministerio ya encontró 33.000 camas adicionales más para albergar a más inmigrantes indocumentados, inició conversaciones con decenas de policías locales a las que se le podría dar mayor autoridad e identificó dónde la construcción del muro fronterizo de Trump podría comenzar.
El ministerio también está considerando maneras de acelerar la contratación de cientos de nuevos oficiales de Aduanas y Patrullas Fronterizas (CBP, por sus sigas en inglés), incluyendo finalizar las pruebas del polígrafo y de aptitud física en algunos casos, según los documentos.
Pero estos planes podrían verse obstaculizados dado los costos prohibitivos esbozados en el informe interno y la resistencia en el Congreso, donde muchos legisladores ya se están negando a aprobar miles de millones en gastos relacionados al muro y medidas adicionales de seguridad fronteriza.
Los funcionarios de la administración dijeron que los planes son preliminares y no han sido revisados por la alta gerencia del DSN, pero la evaluación ofrece una visión de la planificación interna del departamento para poder ejecutar los dos decretos que Trump firmó en enero para impulsar las deportaciones y fortalecer la frontera.
Gillian Christensen, portavoz interina del DSN, dijo que la agencia no comentaría lo que ella llamó “documentos preliminares de decisión”.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes calificaron los planes como un derroche innecesario de dinero y recursos que están destinados a asustar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados del país, muchos de los cuales han vivido en el país por más de una década.
Aunque el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha dicho que el DSN no está llevando a cabo deportaciones masivas, las órdenes ejecutivas de Trump expandieron ampliamente el grupo de inmigrantes indocumentados que se consideran una prioridad para ser deportados.
«Esta es una administración que está muy interesada en establecer esa infraestructura de deportación masiva y apalancar un estado policial», dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center. «En estos documentos, usted tiene más pruebas de que están planeando llevarla a cabo».
Los demócratas del Congreso, que se han opuesto a la agenda de inmigración de Trump, han expresado escepticismo de que el Congreso estaría de acuerdo en aprobar fondos para muchas de las costosas iniciativas.
Por ejemplo, Trump ha pedido a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza que contrate 5.000 nuevos agentes y a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) otros 10.000. La evaluación del DSN dijo que el costo de contratar sólo 500 agentes llegaría a 100 millones de dólares.
Los líderes republicanos han propuesto demorar una decisión sobre la solicitud inicial de Trump de 1.500 millones de dólares para el muro y otros 2.600 millones de dólares para más seguridad fronteriza el próximo año hasta que se apruebe un nuevo proyecto de gasto este mes con la esperanza de evitar un cierre del gobierno.
«Creemos que sería inapropiado insistir en la inclusión de ese financiamiento en un proyecto de ley de asignaciones obligatorias», dijeron el líder de la minoría del Senado Charles Schumer, demócrata de Nueva York, y otros cuatro colegas demócratas en una carta sobre el muro enviada recientemente al liderazgo republicano del Senado.
Pero la evaluación del DSN afirma que la Patrulla Fronteriza está avanzando con la construcción de un prototipo de muro fronterizo con 20 millones de dólares que los legisladores reasignaron en marzo, y que está previsto sea finalizado el 22 de julio.
Si el Congreso asignara más fondos, el siguiente paso para el CBP sería, según los documentos, comenzar a trabajar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para lanzar la construcción de 34 millas (54,7 km) de muro de diques o una pared fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, que la agencia llama el «área de mayor prioridad», así como 14 millas (1,6 km) adicionales de una barrera fronteriza en el sector de San Diego.
Las preocupaciones sobre los costos están recogidas a lo largo de los documentos de evaluación del DSN. Aunque el ICE ha identificado 27 lugares potenciales que podrían aumentar su espacio de detención en 21.000 camas, esa agencia «no podrá asegurar la capacidad de detención adicional hasta que se haya identificado el financiamiento», según los documentos.
Además, el CBP ha hecho contingencias para expandir su propia capacidad de detención en 12.500 puestos, pero la agencia no especifica si hay financiamiento disponible para esa capacidad.
El CBP también está sentando las bases para celebrar audiencias de inmigración a través de videoconferencias en o cerca de los puertos de entrada de Estados Unidos si el gobierno de México acepta alojar a inmigrantes de terceros países que esperan ser juzgados en el sistema legal estadounidense, muestran los documentos.
El gobierno mexicano se ha resistido a tal procedimiento, lo que plantearía importantes preocupaciones jurisdiccionales. Pero si se estableciera tal procedimiento, costaría 50.000 dólares por ubicación para el equipo de video, dice el documento del DSN.
También se están considerando planes alternativos para enviar jueces estadounidenses a los «tribunales portuarios», aunque este procedimiento costaría 400.000 dólares por cada locación.
«Están lanzando muchos recursos públicos a un problema que no debería ser una prioridad, especialmente porque el número de personas que cruzan la frontera ha disminuido considerablemente», dijo J. Kevin Appleby, director senior del Centro de Estudios sobre Migración.
Las cifras del gobierno muestran que el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera desde México ha disminuido drásticamente en los primeros dos meses de la administración de Trump. La evaluación del DSN establece que 2.100 espacios de detención previamente reservados por el CBP y el ICE durante la oleada migratoria de fines del año pasado no son utilizados.
«En general, es un uso desperdiciado de recursos que podrían ser utilizados de manera más eficiente», dijo Appleby.
Un área en la que la administración Trump podría potencialmente aumentar su capacidad de deportación a costos relativamente más bajos, está ampliando un programa en el cual ICE otorga a las autoridades policiales locales poderes para hacer cumplir la ley tradicionalmente reservada para el gobierno federal.
El programa – conocido como 287(g), que es el código federal que lo estableció en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 – creció para abarcar más de 70 jurisdicciones locales en su punto más alto. Sin embargo, grupos de derechos de inmigrantes acusaron al programa de haber producido abusos de derechos civiles y discriminación racial por parte de la policía local mal entrenada y la laxa supervisión por parte de ICE.
El programa cayó en desgracia en los últimos años de la administración del presidente Barack Obama, y ahora hay 37 jurisdicciones que participan a un costo de 24 millones de dólares, según el Consejo Americano de Inmigración.
Las órdenes ejecutivas de Trump instruyen a ICE para que expanda el programa y permita que el CBP, que no participó previamente, lanzara su propia versión – con la esperanza de crear un «multiplicador de fuerza».
La evaluación del DSN dice que la junta de revisión de ICE está considerando solicitudes de 18 nuevas jurisdicciones y ha identificado a 50 más que están interesadas en participar.
Sin embargo, los documentos vuelven a plantear una advertencia sobre el financiamiento, afirmando que ICE probablemente no podrá agregar más de 20 nuevas alianzas, del tipo 287(g), este año debido a los limitados recursos.
«Hasta ahora, realmente han estado usando tácticas de miedo para ponerlo en show, para demostrar a sus partidarios que son duros con la inmigración», dijo Appleby. “Eventualmente, ellos realmente tendrán que producir resultados. Sin la aprobación del Congreso, no llegarán a los números de deportación de Obama. Esa va a ser la prueba. Si en el primer año, si no hay un número significativo de deportados, ¿cómo se van a distinguir de la administración anterior?”.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media).
