Una Corte de Apelaciones de EE.UU. emitió el lunes un fallo que tumba dos medidas clave en materia migratoria de la Administración que preside Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por el presidente estadounidense y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.
Si ese fuese el caso, la pelota pasaría a estar en manos de la más alta instancia judicial del país, cuyo pronunciamiento pondría fin a años de discusiones entre demócratas y republicanos sobre las medidas de «alivio» migratorio promulgadas por Obama y que los conservadores consideran inconstitucionales.
Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.
Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que el Supremo se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).
DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.
Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación. El Gobierno, por su parte, asegura que está legitimado para actuar sin el visto bueno del Congreso y acusa a su vez a los estados de operar en un ámbito en el que las competencias son «exclusivamente» federales.
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