Ya poca gente duda, al menos en América Latina, que el narcotráfico y su combate frontal por parte de gobiernos y ejércitos es uno de los problemas más graves de la actualidad. No es solo un negocio de dimensiones descomunales sino que en la guerra contra las drogas en muchos países, especialmente en México, en Colombia, en Guatemala y en Honduras, el remedio parece ser peor que la enfermedad. Sólo durante la era Calderón se estiman en 60.000 las muertes sufridas por México asociadas a la guerra entre carteles y a su combate por la policía y el ejército.
Provincias fronterizas de Guatemala con México y otras en Honduras parecen haber caído bajo el control de los grupos de traficantes, algunos de los cuales han ampliado sus negocios hacia el tráfico de personas, el sicariato y los secuestros, aumentando los riesgos a la población. En consecuencia han sufrido enormemente la seguridad personal y la justicia en general. La conclusión es obvia: América Latina está pagando los platos rotos del consumo de estupefacientes en Estados Unidos, pues este país sigue siendo el principal consumidor mundial.
Hasta hace poco la sensación reinante en la región respecto a este asunto era de impotencia: aumentaban los muertos y no disminuía el tráfico. Pero desde hace un par de años el paradigma de la guerra frontal ha ido cambiando. Un primer indicio fue un famoso reporte presentado por tres ex-presidentes (Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia y Zedillo de México) en 2010 que pedía un cambio de estrategia, comenzando por la despenalización gradual del consumo.
Entretanto, en EEUU se iniciaban los esfuerzos por legalizar el uso medicinal de la marihuana en California y otros estados. En 2012 todo empezó a cambiar con mayor rapidez: en febrero el recién electo presidente de Guatemala, el ex-general conservador Otto Pérez llamó a legalizar el consumo de drogas, con lo cual se abrió el debate público, a pesar del rechazo de una propuesta tan frontal. Poco tiempo más tarde, en abril, con motivo de la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, varios presidentes llamaron a discutir la despenalización del consumo de drogas. Obama aceptó su discusión pero dejó claro que EEUU no avanzaría por ese camino.
Y aquí que en las recientes elecciones de noviembre dos Estados, Washington y Colorado, aprobaron el consumo de marihuana para uso recreacional, aunque en Oregon fue rechazada una propuesta similar. En la actualidad otros 16 estados permiten el uso medicinal de cannabis en pequeñas cantidades. Ecuador y Brasil también han legalizado su posesión y uso y una larga lista de países permiten su utilización con fines médicos.
La propuesta más radical está siendo considerada por un proyecto de ley en Uruguay, donde el ejecutivo propone la legalidad del consumo, la posesión, venta y comercio de la marihuana, e incluso su cultivo, aunque el mercado sería estrictamente regulado por el gobierno. El presidente Mujica ha dicho que “el cannabis merece más respeto… El problema no son las drogas sino el narcotráficoâ€, plantándose con fuerza en la defensa del proyecto que muy probablemente será aprobado por el congreso uruguayo.
¿A dónde conduce todo esto? ¿Disminuirán estas iniciativas la influencia y los estragos del narcotráfico? En el corto plazo probablemente no, entre otras cosas porque, al menos en EEUU sólo un tercio de la marihuana consumida es importada. El resto es de producción local. Pero en la medida en que se vayan regularizando el uso y el comercio legal de la marihuana, se irán notando los efectos positivos de este nuevo enfoque, con lo cual probablemente se propicie su ensayo para otras drogas, disminuyendo el efecto perverso de su comercio ilegal.
Leonardo Vivas Peñalver es director de la Iniciativa Latinoamericana del Carr Center for Human Rights Policy de la Kennedy School de Harvard University, y conductor del programa Detrás de la Noticia que se transmite por MasTV los martes a las 10:00am.
leonardo_vivas@harvard.edu / Twitter: @Leovivasp
