TEGUCIGALPA (AP) – Las autoridades comenzaron el lunes a aplicar detectores de mentiras a los policías para indagar si están ligados al crimen organizado y el narcotráfico en Honduras.
El primero en someterse al examen fue el director nacional de la policía, Ricardo Ramírez, quien dijo en rueda de prensa que «después me seguirán los oficiales de mayor jerarquía de la institución».
Indicó que «esto se lleva a cabo para animar a seguir mi ejemplo a todos los miembros del cuerpo», tras aclarar que la prueba es voluntaria porque la ley no obliga a los agentes a someterse a ella.
«Sin embargo, consideramos que si alguien se resiste al polígrafo es que tiene algo que esconder», subrayó.
Marvin Ponce, diputado del izquierdista Partido Unidad Democrática, criticó la medida.
«Ese hecho sólo evidenciará a los policías que consumen drogas y no a los involucrados en las redes del narcotráfico internacional», aseguró a la AP el diputado.
El vocero de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía, aseguró a la AP que «pese a los cuestionamientos, continuaremos adelante con nuestro proyecto» en el cuerpo policial, que consta de 14.000 agentes.
Propuso además que los políticos deberían someterse al polígrafo como requisito previo a aspirar a un cargo de elección popular en los comicios primarios de 2012. No ha habido reacciones al respecto.
La situación se produce luego que cuatro agentes fueron detenidos y otros cuatro huyen de la justicia encausados por asesinar en octubre a dos estudiantes universitarios, entre ellos el hijo menor de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos.
En esa línea, las autoridades suspendieron la semana pasada a 28 agentes y 9 oficiales por presuntamente colaborar en las acciones delictivas de pandilleros y delincuentes.
«A los policías honrados no nos da vergà 1/4enza hacernos la prueba con el detector de mentiras porque esta es la profesión que amamos y estamos comprometidos a limpiar la entidad», afirmó Mejía.
El cuerpo policial enfrenta la mayor crisis en su historia debido a que muchos de sus miembros han sido señalados por corrupción y estar coludidos con el crimen común y organizado, y las acciones del narcotráfico internacional en el país.
En 1986, el Congreso separó a la policía de las fuerzas armadas.
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