Por DAVID CRARY
NUEVA YORK (AP) — A juzgar por la retórica, Estados Unidos se apresta a iniciar una nueva etapa en su política hacia las adicciones, en la que pondrá más énfasis en el tratamiento de los adictos que no hay cometido delitos graves y menos en su detención. Abundan los interrogantes, no obstante, acerca de si está preparado para hacer realidad sus planes.
Las razones económicas para ampliar el tratamiento, especialmente en una época de recesión, parecen bastante claras. Un estudio tras otro señala que tratar a un adicto, incluso con programas que incluyen estadías prolongadas en centros de rehabilitación, es más barato que encarcelarlos.
También es sabido que la mayor parte de la gente que busca tratamiento no lo recibe. Estadísticas del gobierno indican que en el 2008 7,6 millones de personas necesitaron tratamiento y solo 1,2 millones, el 16%, lo recibió.
Las autoridades, sin embargo, no muestran demasiado interés en tratar adictos por más que eso les permita ahorrar dinero.
«Hablar de ofrecer tratamiento y ayudar a la gente no cuesta nada», comentó Scott Burns, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Distrito. «Pero la realidad es otra: nadie quiere poner el dinero».
Los fondos son solo una parte del problema. En muchos programas, los consejeros –a menudo ex adictos– ganan poco y no duran en un puesto. Muchos estados no tienen buenos programas de seguimiento, algo clave en un terreno en el que los éxitos son relativos y las recaídas inevitables.
«El 50% de la gente que recibe tratamiento lo completa satisfactoriamente. Esto quiere decir que con el otro 50% no funciona», expresó Raquel Jeffers, directora de la División de Servicios para Adictos de Nueva Jersey. «Tenemos que mejorar».
La designación de Tom McLellan como subdirector de la Oficina de Políticas Nacionales de Control de Drogas hizo pensar que la Casa Blanca cambiaba sus prioridades.
McLellan dice que percibe una mayor predisposición al tratamiento, pero que al mismo tiempo nota una gran ignorancia en torno a los avances científicos y a la necesidad de incorporarlos al sistema de salud.
La mayor parte de la gente, dijo, cree que es lo que ve en las películas, encuentros de grupo muy emotivos, pero no sabe que hay nuevos medicamentos y terapias que no se usan demasiado pero que se ha demostrado funcionan.
«Por primera vez podemos decir que sabemos lo que hay que hacer, lo que funciona», declaró. «Pero, ¿tenemos la disposición política y económica para poner esto en marcha? Si lo hacemos, se verán los resultados».
«La policía es necesaria, pero no basta», manifestó. «Hay que tener servicios preventivos. Uno no tiene por qué verse obligado a ir a una oficinita sórdida del otro lado de las vías».
El gobierno dice que hay más de 13.640 programas de todo tipo para tratar adictos.
H. Westley Clark, director del Centro para el Tratamiento por Abuso de Sustancias, dice que los estados deberían elaborar mejores métodos para medir el éxito de un programa.
«Las estadísticas revelan que el tratamiento cuesta menos», indicó. «Por cada dólar que se gasta, se ahorran entre cuatro y siete».
Resta por verse si el Congreso hará que los planes médicos incluyan el tratamiento de abuso de sustancias. Estadísticas del gobierno señalan que el 37% de las personas que buscan tratamiento no lo reciben porque no pueden pagar por él. Y muchas de ellas terminan presas.
Los empleados de los centros para adictos ganan mal. Un consejero generalmente percibe menos que los 40.000 dólares que cuesta mantener presa a una persona durante un año.
«A los empleados se les pega parte del estigma asociados con los adictos», expresó Jeffers. «La m
