El gobierno de Estados Unidos tiene el deber de proveer cuidado médico decente, efectivo y oportuno a personas que tiene bajo su custodia. Esto no debería ser sujeto a debate, pero ese no es el caso cuando el gobierno en cuestión es la administración de Bush y las personas bajo custodia son inmigrantes indocumentados.
Los reportajes realizados recientemente por The Washington Post, CBS News y The New York Times han mostrado al sistema de detención de inmigrantes bajo una nueva luz, encontrando evidencia alarmante de cuidado pobre, personal inadecuado, estándares laxos e ineptitud crónica.
No muchos norteamericanos conocen los nombres de Boubacar Bah, de Guinea, y Francisco Castañeda, de El Salvador – ambos inmigrantes detenidos. Bah murió después de que se cayó y fracturó el cráneo; sus heridas no fueron atendidas en más de 14 horas. Castañeda falleció pues el diagnóstico y tratamiento de su cáncer fue retrasado trágicamente. Ellos, como docenas de otras personas, deben ser recordados como víctimas de un sistema marcado por una perversa negligencia.
El gobierno debe de apurarse y mejorar la supervisión y el cuidado en su extenso sistema de detención para proteger a todos los detenidos. Sin embargo, la reacción oficial ha sido lenta y defensiva, las mejoras prometidas han sido pocas y la crítica al sistema está indignando a los enemigos más severos de la inmigración.
En una audiencia de un subcomité del Congreso la semana pasada, el representante Steve King (republicano) se quejó: «Por qué los norteamericanos deben de ser responsables de pagar el mejor cuidado médico para inmigrantes ilegales?» La representante Zoe Lofgren no se está dejando intimidar. Ella sabe que el Congreso debe exigir una mejora en el sistema, dada la expansión en las detenciones de inmigrantes por la actual administración y la constante falla del sistema de cumplir sus estándares mínimos para ofrecer cuidado médico a los arrestados.
Lofgren y el senador Robert Menéndez de Nueva Jersey están promoviendo el Acta del Cuidado Médico Básico para el Detenido, que se encargaría de proveer las protecciones básicas que no les fueron otorgadas a Bah y a Castañeda. El proyecto de ley impondría estándares más rigurosos en la red de más de 300 prisiones administradas privada y públicamente que componen el sistema federal. Actualmente las normas son voluntarias, y no son aplicadas uniformemente ni observadas legalmente. El proyecto de ley además demandaría que todas las muertes fueran reportadas al Departamento de Justicia y al Congreso.
El Congreso debe aprobar tal ley, y hacer a un lado el envenenado debate sobre la inmigración ilegal, el cual que no tiene relevancia aquí. El que los inmigrantes sean legales o ilegales no tiene nada que ver con su derecho a un cuidado humano. Lofgren no lo pudo haber dicho de una manera más franca y directa: «No se supone que debamos asesinar a gente que tenemos en custodia».
Editorial publicado el miércoles 11 de junio en The New York Times. Traducción: El Planeta.
