Por Sarah Betancourt
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Elia sonríe mientras habla y mueve sus muñecas, adornadas con coleteros, para describir dos cosas que le alegran: las matemáticas y el baloncesto. Hace una pausa para preguntarle a su madre de acogida cómo se dice "volleyball" en inglés.
La joven de 17 años, originaria de Centroamérica, es beneficiaria del Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS, por sus siglas en inglés), una protección humanitaria para menores inmigrantes que han sufrido negligencia, abuso o abandono por parte de uno o ambos padres. Durante casi dos años ha tenido estabilidad en Estados Unidos. Pero ahora, esa estabilidad está en peligro.
"Mi abogado me llamó y me dijo que tenía que presentarme a la audiencia judicial, así que fui, pero mi abogado fue quien habló con el juez", contó Elia en una entrevista por video, mientras tiraba de una rosa rosa en su suéter morado. GBH News utiliza un seudónimo para referirse a Elia porque es menor de edad.
"Tengo miedo de perder la oportunidad de estudiar. Estoy muy confundida", dijo.
En abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revocó una política de la era Biden que aplazaba los procedimientos de deportación para jóvenes que actualmente son solicitantes, o que lo serán en el futuro, de una tarjeta de residencia permanente a través del Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.
Elia es una de los muchos jóvenes y niños inmigrantes que, como consecuencia de esta medida, han recibido órdenes de deportación, a pesar de haber obtenido previamente protección humanitaria para permanecer legalmente en Estados Unidos. Otros menores y jóvenes con el mismo estatus migratorio, o que están en proceso de obtenerlo, temen que también sean citados a una audiencia judicial y se les ordene abandonar el país.
Una hora antes de recibir la llamada que cambiaría su vida, Elia hablaba con Stacey, su madre de acogida, sobre las carreras universitarias que le interesaban. Inmediatamente después de la llamada, Stacey se comunicó con la terapeuta de Elia para conseguirle apoyo emocional adicional. GBH News tampoco utiliza el nombre real de Stacey debido a la preocupación por posibles represalias de la administración Trump contra Elia.
A principios de este mes, las autoridades federales de inmigración ordenaron a Elia presentarse ante un tribunal. Allí se unió a otros menores en una sala de una sede de Ascentria Care Alliance, en Worcester, para participar en una audiencia migratoria virtual. El juez de inmigración Omar Karram ordenó su deportación, pero la medida quedó suspendida mientras ella apela la decisión.
Ascentria, con sede en Worcester, es el único proveedor de servicios de acogida para el Programa de Menores Refugiados No Acompañados del estado. Su personal está acostumbrado a representar a menores en audiencias migratorias rutinarias. Sin embargo, recientemente, sus trabajadores han observado que cada vez más niños y jóvenes se ven obligados a faltar a clases para asistir a estas audiencias.
"Estos son niños que han sido víctimas de abusos extremos, abandono, negligencia, trata de personas y todo tipo de situaciones. Y su huida a Estados Unidos fue, francamente, su única opción. No es una decisión que hayan tomado a la ligera", dijo Angela Snyder, abogada supervisora del Programa de Asistencia Legal de Inmigración de Ascentria. "Ha habido un ataque sistemático contra los derechos de estos jóvenes a través del sistema migratorio".
En 2025, la administración Trump recortó los fondos destinados a apoyar la representación legal de menores no acompañados a través de esta organización. Algunos de los cambios en las políticas migratorias también han provocado que adultos beneficiarios del Estatus Especial de Inmigrante Juvenil pierdan sus permisos de trabajo.
Hasta ahora, ningún menor del programa ha sido deportado, pero existe preocupación de que eso pueda cambiar. Además, cada vez más niños han recibido órdenes de presentarse a audiencias judiciales.
De inmigrantes a familias de acogida
Para obtener este estatus migratorio, existen varios requisitos, entre ellos una orden de un tribunal estatal que determine que los menores no pueden regresar a su país de origen y vivir allí de manera segura.
Cuando los menores inmigrantes no acompañados llegan a Estados Unidos, son alojados en instalaciones administradas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), que trabaja con proveedores locales para establecer la tutela estatal e incorporarlos al sistema de acogida del estado correspondiente.
Dos agencias administran conjuntamente el programa: el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts (DCF, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Refugiados e Inmigrantes (ORI, por sus siglas en inglés). La Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos, que alberga tanto al DCF como a la ORI, informó a GBH News que la Oficina de Refugiados e Inmigrantes ha habilitado sus servicios de asistencia para los menores con SIJS.
"Desde la década de 1990, Massachusetts ha acogido a menores bajo el Programa de Menores Refugiados No Acompañados del Gobierno federal", dijo un portavoz del DCF. "Durante mucho tiempo, el Gobierno federal ha sido responsable de proporcionar servicios legales a los menores inmigrantes no acompañados, incluidos aquellos que forman parte del programa federal URM. Sin embargo, la administración Trump ha recortado esos fondos y ha revertido protecciones de larga data contra la deportación, dejando a jóvenes vulnerables de todo el país sin representación legal".
La oficina señaló que, durante décadas, las medidas de control migratorio contra los beneficiarios del SIJS se aplazaban y los jueces cancelaban regularmente las audiencias de deportación de los niños y adultos jóvenes con este estatus, quienes seguían un proceso legal para obtener la residencia permanente.
"Al mismo tiempo, los jueces de los tribunales de inmigración están ordenando la deportación de estos menores, cuando en años anteriores sus audiencias se habrían aplazado mientras esperaban avanzar en el proceso para obtener la residencia permanente", dijo el portavoz. "En Massachusetts, estamos trabajando para proporcionar acceso a servicios legales a menores inmigrantes no acompañados y adultos jóvenes involucrados con el DCF a través de la Iniciativa de Acceso a Asesoría Legal de Massachusetts, el servicio de asistencia de la ORI y nuestros socios contratados. Esto incluye a quienes están bajo el cuidado del Departamento de Niños y Familias y a otros jóvenes no acompañados que cuentan con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil".
Elia pasó un mes en un centro federal para menores en Texas, donde fue alojada tras llegar a Estados Unidos sin sus padres. Posteriormente, fue puesta en contacto con sus padres de acogida.
Stacey describe a Elia como "pura alegría e inocencia". Explicó que la joven tenía un rezago educativo, pero ha logrado recuperar al menos cuatro niveles escolares en menos de dos años. Ahora espera ir a la universidad después de terminar la secundaria, y su familia apoya ese sueño con tutorías adicionales. Stacey mencionó con orgullo un premio que Elia recibió recientemente en la escuela y contó que la familia ya estaba planeando su próximo cumpleaños con una temática de baile de graduación.
"Queremos asegurarnos de que pueda vivir esa experiencia porque no sabemos qué va a pasar. Tiene esta orden de deportación. No sabemos si será apelada, si habrá alguna legislación que la detenga o si tendrá que irse", dijo Stacey.
Ascentria Care Alliance tiene 30 días para apelar la orden de deportación. Después, la Junta de Apelaciones de Inmigración, el máximo tribunal del sistema de tribunales de inmigración, deberá establecer un calendario con los plazos para que las partes presenten sus argumentos.
Los cambios también afectan a inmigrantes mayores de edad
Las personas mayores de 18 años que cuentan con el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil están preocupadas por lo que los cambios en las políticas migratorias podrían significar para ellas como adultas. Sus familias de acogida están tratando de anticiparse y brindarles apoyo.
Uno de ellos es Juan, un estudiante de 20 años originario de Centroamérica que estudia para convertirse en técnico de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés). GBH News no utiliza su nombre real porque teme ser detenido. Vive en el centro de Massachusetts con una familia de acogida desde que tenía 15 años.
"He cumplido con todo lo que me han pedido y con todas mis responsabilidades", dijo Juan. Contó que está nervioso por una próxima audiencia judicial en diciembre y que no entiende si se trata de un procedimiento rutinario o no.
"Realmente no quiero abandonar mis estudios ni mis sueños. Mi madre de acogida es mi familia", dijo Juan. Espera algún día tener su propio negocio y actualmente trabaja en un restaurante mientras termina sus estudios.
"Estamos aquí para trabajar duro, construir un futuro y no hacerle daño a nadie ni quitarle nada a nadie", dijo Juan.
Grace, su madre de acogida, lanzó una petición en Change.org que ha recibido más de 1,200 visitas. GBH News no utiliza su apellido debido a su preocupación por posibles represalias de la administración Trump contra Juan y por las consecuencias que esto podría tener para ella como empleada estatal. Grace quiere que el Gobierno federal restablezca la política de acción diferida y que se exijan responsabilidades en los tribunales de inmigración.
La petición insta a la gobernadora Maura Healey, al Departamento de Niños y Familias y a los legisladores estatales a tomar medidas para proteger a estos jóvenes de la deportación. Sin embargo, no está claro qué medidas pueden tomarse a nivel estatal. La oficina de la gobernadora remitió a GBH News a los comentarios de la Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos. Un portavoz indicó que la administración había hablado con la persona que creó la petición y que volvió a comunicarse con ella el viernes.
"Espero que puedan ponerme en contacto con las personas adecuadas para encontrar garantías procesales que protejan a estos niños, o que ayuden a difundir lo que está ocurriendo aquí mismo, en Massachusetts, para que la gente sepa lo que está pasando", dijo Grace.
Sarah Betancourt es reportera bilingüe de GBH News y periodista de investigación local en Boston desde hace muchos años.
