Por Sarah Betancourt
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4 de noviembre de 2026 | Actualizado el 5 de noviembre de 2026
La disposición del PROTECT Act que prohíbe los arrestos migratorios civiles dentro y en los alrededores de los tribunales sin una orden judicial entró en vigor el martes. Sin embargo, defensores de los inmigrantes aseguran que ya fue violada.
"Fui al tribunal y, justo delante de mí, cuatro personas se estaban llevando a un joven al interior del edificio", dijo Gladys Vega, presidenta de La Colaborativa, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios sociales en Chelsea. Vega se encontraba en el tribunal para solicitar una orden de protección contra un hombre que la amenazó el año pasado.
Se desconoce el nombre de la persona detenida. Los agentes de ICE solo tienen permitido permanecer en las áreas públicas de los tribunales.
"Uno de los agentes entró hasta la sala del tribunal para preguntar el nombre del hombre. Luego, cuando terminó la audiencia, él salió y de inmediato le pusieron las esposas y se lo llevaron sin mostrar ninguna orden judicial", relató Vega. "Fue increíble presenciarlo porque no había ninguna orden, nada. Simplemente preguntaron su nombre y, de inmediato, lo apartaron, le pusieron las esposas y se lo llevaron".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a una solicitud de comentarios.
El PROTECT Act amplía una orden ejecutiva emitida por la gobernadora Maura Healey a principios de este año, que prohíbe a los agentes de ICE realizar operativos en lugares como escuelas, hospitales y tribunales. El objetivo es garantizar que los inmigrantes puedan testificar ante los tribunales sin temor a ser arrestados o interrogados por los agentes. La oficina de Healey tampoco respondió a una solicitud de comentarios, aunque Vega señaló que ha estado en contacto con la oficina de la gobernadora.
El sistema de tribunales de primera instancia confirmó que la detención tuvo lugar el martes y compartió una política emitida en septiembre sobre las acciones de ICE en los tribunales.
"Los empleados de los tribunales de primera instancia no deberán, bajo ninguna circunstancia, interferir ni ayudar en las acciones de las autoridades federales de inmigración que estén realizando un arresto", dijo Jennifer Donahue, portavoz del sistema judicial. Según el sistema de tribunales, las órdenes judiciales se registran en el sitio web MassCourts mediante un "código específico de orden judicial". Si se desconoce el nombre de la persona, resulta imposible verificar si existía una orden judicial en el momento del arresto.
El representante estatal Andy Vargas, de Haverhill, es uno de los promotores del proyecto de ley. Dijo que, a partir de sus conversaciones con fiscales de distrito, ha tenido conocimiento de cientos de casos que se han visto afectados por el temor que sienten los inmigrantes de acudir a los tribunales. Según explicó, han disminuido los testimonios de víctimas y testigos, y algunos inmigrantes han sido detenidos directamente en los tribunales en medio de un juicio.
"Lo que ha cambiado es que ahora los arrestos civiles están prohibidos directamente dentro de las salas de los tribunales y en cualquier otro lugar del recinto judicial, incluidas las escaleras, las plazas y los pasillos", explicó. "El término que se utiliza es 'curtilage', que sirve para definir, de cierta manera, los límites de las áreas donde pueden producirse estas situaciones. Lo que queremos garantizar es que las personas se sientan cómodas al presentarse, especialmente las víctimas, los testigos y quienes deben prestar declaración".
Añadió que las personas deben sentirse cómodas al acudir a las instituciones públicas, "especialmente a nuestros tribunales, que cumplen una función fundamental para garantizar que se haga justicia en el estado".
Tribunal de primera instancia de Chelsea. Foto de Sarah Betancourt, GBH News.
GBH News entrevistó a Vargas ese mismo día, más temprano, sobre la primera jornada de entrada en vigor de la legislación. Posteriormente, cuando el medio se comunicó con él para preguntarle sobre este caso en particular, Vargas se encontraba en reuniones y no pudo hacer comentarios.
Mientras tanto, Vega dijo que denunció el incidente ante la oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell. También grabó lo sucedido, aunque la grabación no llegó a GBH News a tiempo para la publicación de esta noticia.
"¿Qué estamos haciendo como estado para informar a los tribunales de que un funcionario judicial no debe permitirles entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada para esa persona?", preguntó Vega, quien fue una de las numerosas personas que apoyaron la legislación de la Ley PROTECT.
"Estamos al tanto de esta situación y en contacto con el sistema de tribunales de primera instancia y La Colaborativa", dijo Molly McGlynn, portavoz de la oficina de Campbell.
GBH News también habló con una segunda persona que estuvo presente, Brenda Romero, una inmigrante de la zona y defensora de la Ley PROTECT. El esposo de Romero fue arrestado en un tribunal el año pasado, justo después de que le aprobaran el asilo político, y permaneció detenido durante 14 meses. Romero comenzó a involucrarse en la defensa de los derechos de los inmigrantes después de que su hija fuera víctima de una agresión sexual. La familia tuvo que regresar al sistema judicial, en el que ya no confiaba, para buscar justicia.
"Fue algo que no esperaba, ya que la ley había entrado en vigor el día anterior y debía brindar protección", dijo Romero sobre la detención del martes. En ese momento, se encontraba como voluntaria durante la jornada electoral en la zona y presenció lo ocurrido. "Si el testimonio que ofrecí no sirvió de nada, la situación va a empeorar", afirmó.
El miércoles, agentes de ICE fueron vistos en algunas zonas de Chelsea. El sistema de Escuelas Públicas de Chelsea envió un aviso a las familias para informarles sobre los reportes y señalar que los agentes de ICE no habían estado cerca de las escuelas.
"Al acercarnos a la hora de salida de esta tarde, recomendamos a nuestras familias mantenerse alerta y actuar con precaución al recoger a sus hijos hoy", escribió el superintendente Almi G. Abeyta, quien compartió el mensaje con GBH News. También recomendó que los estudiantes regresaran a casa en grupos después de clases o se dirigieran directamente a sus hogares o a los lugares donde realizan actividades extracurriculares.
"Nuestras escuelas seguirán siendo espacios seguros donde los estudiantes se sientan acogidos y preparados para aprender", afirmó. "Como distrito escolar, seguimos las directrices de la Oficina de la Fiscal General de Massachusetts, así como la Ley PROTECT".
