Por Martha Bebinger
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Tres organizaciones de Massachusetts y cuatro miembros de su personal que recetan y envían por correo píldoras abortivas a pacientes de estados donde esta práctica está restringida se enfrentan a su primera impugnación judicial desde que la Corte Suprema anuló en 2022 el derecho nacional al aborto.
Forman parte de los 30 proveedores de servicios de telemedicina mencionados en una demanda federal presentada por los fiscales generales de Luisiana, Arkansas y Alabama. No se espera que la ley de protección de Massachusetts (shield law), aprobada para proteger a los proveedores de servicios de aborto frente a acciones legales de otros estados, sea aplicable en este caso federal.
La demanda, presentada en Luisiana a finales de septiembre, alega que la "publicidad, venta, prescripción y envío por correo de medicamentos abortivos" constituyen una alteración del orden público que pone en peligro la salud y la seguridad en los tres estados, donde el aborto está prohibido, salvo en circunstancias limitadas.
"No permitiremos que estados activistas, proveedores activistas o distribuidores que se lucran con el asesinato de bebés amenacen la soberanía de Luisiana, infrinjan las leyes de Luisiana y pongan en peligro a las mujeres y los bebés de Luisiana", declaró la fiscal general del estado, Liz Murrill, durante una rueda de prensa posterior a la presentación de la demanda. "Estos no son proveedores de atención médica; son traficantes ilegales de drogas".
Las organizaciones mencionadas en la demanda incluyen The Massachusetts Medication Abortion Access Project, también conocido como The MAP, Ishani Village y Abuzz. Murrill afirmó que las declaraciones públicas de estos grupos y de otros indican que, en conjunto, envían al menos 1,600 paquetes de píldoras abortivas al mes a direcciones de Luisiana, Alabama y Arkansas.
Los registros de Massachusetts muestran un aumento considerable de las recetas de medicamentos a pacientes de fuera del estado después de la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que permitió a los estados restringir el acceso al aborto.
Los abogados de los proveedores de servicios de aborto de Massachusetts mencionados en la demanda no respondieron a las solicitudes de comentarios o las rechazaron. Deben presentar una respuesta a la demanda ante un tribunal federal.
El aborto es legal en Massachusetts, y la normativa federal sobre medicamentos permite recetar medicamentos abortivos mediante servicios de telemedicina y enviarlos por correo a los pacientes. Aunque la ley de protección del estado ofrece protección frente a procesos judiciales fuera de Massachusetts a los médicos, profesionales de enfermería de práctica avanzada y asistentes médicos que emiten recetas legales para abortos en el estado, los expertos jurídicos señalan que esta ley tiene límites.
"La ley de protección de Massachusetts no puede proteger a los proveedores frente a una demanda presentada ante un tribunal federal", afirmó Nicole Huberfeld, codirectora del Programa de Justicia Reproductiva de la Universidad de Boston. "Solo se aplica a los tribunales estatales. Del mismo modo, la ley de protección no puede proteger a los proveedores más allá de los límites del estado".
Las autoridades públicas de Massachusetts podrían negarse, amparándose en la ley de protección, a colaborar con las solicitudes de registros relacionadas con el caso federal de Luisiana, si este sigue adelante.
Huberfeld, profesora de Derecho de la Universidad de Boston, señaló que calificar las píldoras abortivas como una alteración del orden público es una estrategia jurídica poco habitual. Según explicó, este argumento suele utilizarse con mayor frecuencia en casos relacionados con daños medioambientales.
En una acción judicial independiente, Murrill y los fiscales generales de Arkansas y Alabama también están impugnando la constitucionalidad de las leyes de protección de Massachusetts, Nueva York y California. El mismo día en que presentaron la demanda contra los proveedores de servicios de aborto, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que determinara si estas leyes son constitucionales.
El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, afirmó que las leyes de protección socavan la "soberanía estatal".
"Se trata de un plan coordinado de actores malintencionados de otros estados para desafiar la legislación de Alabama y perjudicar a las personas de nuestro estado", declaró Marshall en un comunicado.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, defendió la posición jurídica del estado.
"La ley de protección de Massachusetts transmite un mensaje claro: protegemos la privacidad de nuestros pacientes y proveedores, y no utilizaremos los recursos del estado para castigar a las personas por decisiones personales relacionadas con la atención médica que están protegidas por la legislación de Massachusetts", afirmó en un comunicado.
Se espera que la máxima instancia judicial de Estados Unidos decida a principios del próximo año si acepta examinar la impugnación presentada por Luisiana y otros estados o si determina que el caso debe ser examinado primero por un tribunal de instancia inferior.
Luisiana ha presentado otra demanda independiente cuyo objetivo es poner fin a la prescripción de mifepristona mediante servicios de telemedicina. La mifepristona es uno de los dos medicamentos que se utilizan habitualmente en los abortos farmacológicos. La demanda sostiene que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se equivocó al permitir que el medicamento se recetara sin una consulta médica presencial.
